Los terremotos que golpearon Venezuela y Colombia vuelven a mostrar una realidad en América Latina y el Caribe: una emergencia afecta a toda la población, pero sus consecuencias no se distribuyen de la misma manera. El embarazo, los cuidados, la violencia de género, la pobreza, la discapacidad, la pertenencia étnica y el acceso a recursos también determinan las posibilidades de protección y recuperación.
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela. Menos de dos meses después, un sismo de magnitud 7,4 golpeó el occidente de Colombia y afectó con especial fuerza a territorios como el Chocó, así como a Cali, Pereira y otras ciudades. La destrucción de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y servicios básicos volvió a colocar a dos países latinoamericanos frente a una pregunta que comienza mucho antes de retirar los escombros: ¿quiénes estaban en situación de mayor vulnerabilidad cuando llegó el desastre?
La respuesta humanitaria suele comenzar por contabilizar las personas fallecidas, heridas, desaparecidas y desplazadas, así como las viviendas y la infraestructura destruidas. Es información indispensable, pero insuficiente para comprender cómo se vive una emergencia. Una mujer embarazada que pierde el acceso a un hospital enfrenta un riesgo diferente al de otros integrantes de su comunidad; una madre que queda al frente de su familia debe resolver simultáneamente el refugio, la alimentación y los cuidados; una adolescente alojada en un espacio colectivo necesita condiciones de privacidad y seguridad que pueden desaparecer durante la evacuación.
La experiencia venezolana permite observarlo con claridad. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimaba que 36.700 mujeres embarazadas habían resultado afectadas por los terremotos y que alrededor de 4.000 darían a luz durante el mes siguiente. Treinta y ocho establecimientos de salud habían sufrido daños, mientras que más de 10.000 personas permanecían en refugios temporales donde las condiciones de privacidad, iluminación y protección eran insuficientes.
El terremoto no interrumpió los embarazos ni eliminó la necesidad de atención obstétrica, de anticonceptivos ni de productos de higiene menstrual. Tampoco eliminó el riesgo de violencia. UNFPA advirtió que el hacinamiento, la separación de las familias y el deterioro de los servicios incrementaban los problemas de protección para mujeres y adolescentes, así como para personas con discapacidad y adultas mayores. La respuesta comenzó entonces a incorporar la atención materna y obstétrica de emergencia, la planificación familiar, el manejo clínico de casos de violación y la prevención de la violencia de género.
No son necesidades secundarias que puedan esperar hasta que termine la emergencia. Forman parte de ella. Colombia enfrenta ahora una situación distinta en magnitud y en capacidad institucional, pero el terremoto también golpeó territorios donde las desigualdades ya estaban presentes antes del movimiento telúrico. Chocó, uno de los departamentos más afectados, arrastra históricamente niveles elevados de pobreza y una población mayoritariamente afrocolombiana e indígena. El desastre destruyó viviendas y dañó escuelas, centros de salud e infraestructura de comunidades que ya enfrentaban dificultades de acceso a los servicios.
La perspectiva de género resulta particularmente importante en estos territorios porque no todas las mujeres llegan a una emergencia desde la misma posición. Una mujer afrodescendiente de una comunidad rural aislada, una indígena, una migrante, una adulta mayor, una mujer con discapacidad o una madre sin ingresos propios puede enfrentar obstáculos distintos para evacuar, obtener información, recibir atención médica o acceder posteriormente a los recursos destinados a la reconstrucción.
La situación humanitaria colombiana previa al terremoto ya evidenciaba esas diferencias. El panorama de acción humanitaria del UNFPA para 2026 advertía que las mujeres y niñas afrocolombianas e indígenas afrontaban mayores restricciones en territorios rurales afectados por desplazamientos, confinamientos y violencia, con dificultades de acceso a los servicios debido a la distancia, el costo y la inseguridad. El terremoto encuentra, por tanto, una geografía en la que las vulnerabilidades sociales no comenzaron el día del desastre.
Esta relación entre desigualdad previa y emergencia se repite en América Latina y el Caribe. Entre 2000 y 2022, la región registró 1.534 desastres que afectaron a aproximadamente 190 millones de personas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). El organismo identifica, además, la pobreza, la desigualdad, la urbanización, el cambio climático, los desplazamientos, la migración y la inestabilidad como factores que determinan la exposición y la capacidad de respuesta de las poblaciones.
Los fenómenos climáticos permiten observar otras dimensiones del mismo problema. Cuando el huracán Beryl atravesó el Caribe en julio de 2024, destruyó infraestructura, dañó centros de salud y dejó comunidades sin electricidad, agua ni comunicaciones en Granada, San Vicente y las Granadinas y en Jamaica. La respuesta humanitaria incluyó evaluaciones específicas sobre violencia de género, la revisión de las condiciones de seguridad de los refugios y la distribución de insumos de higiene para mujeres y niñas.
Las inundaciones de 2024 en Rio Grande do Sul, Brasil, obligaron igualmente a incorporar la violencia de género en la atención de emergencia. UNFPA elaboró posteriormente una guía específica para que quienes administran servicios y refugios puedan identificar riesgos y garantizar la atención especializada a las sobrevivientes de violencia durante una crisis climática.
La explicación no radica en una supuesta vulnerabilidad natural de las mujeres. Son las desigualdades previas al desastre las que generan riesgos distintos. En América Latina, las mujeres continúan asumiendo una proporción mayor del trabajo doméstico y de los cuidados no remunerados. Cuando una escuela cierra, una persona mayor pierde autonomía, un familiar resulta herido o desaparecen los servicios de agua y alimentación, ese trabajo no desaparece: aumenta.
CEPAL, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo han advertido que la región atraviesa una crisis de cuidados, también relacionada con los efectos del cambio climático, la migración y la insuficiencia de servicios e infraestructura. Las consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, especialmente cuando se combinan con otras formas de exclusión.
La reconstrucción plantea otra dimensión. Perder una vivienda no significa lo mismo para una persona propietaria con ahorros y acceso al crédito que para una mujer que vive de la economía informal, carece de títulos de propiedad o depende de ingresos diarios. Una política de recuperación que ignore esas diferencias puede reconstruir carreteras y edificios, pero también puede reproducir las desigualdades existentes antes del desastre.
La región también ha aprendido que las mujeres no deben aparecer únicamente como una población vulnerable. ONU Mujeres y UNDRR destacan su papel en la prevención, preparación y respuesta comunitaria, y advierten que excluirlas de los espacios donde se deciden las evacuaciones, los refugios, la reconstrucción y la gestión del riesgo implica prescindir de conocimientos fundamentales sobre los territorios y las necesidades de sus comunidades.
Cuba aporta experiencias de liderazgo femenino en la planificación de evacuaciones frente a fenómenos climáticos; Dominica y las Bahamas han permitido estudiar las consecuencias diferenciadas de los huracanes y los desplazamientos; los países centroamericanos han enfrentado repetidamente la relación entre tormentas, pobreza y movilidad humana. Un estudio conjunto sobre el Caribe, desarrollado por la CEPAL y la Organización Internacional para las Migraciones, advierte que el desplazamiento provocado por desastres afecta de manera diferente según el género, los recursos disponibles y las oportunidades, y recomienda incorporar estas variables desde la preparación hasta la recuperación.
La exposición continuará creciendo. UNFPA calcula que 41 millones de personas viven en zonas costeras de baja elevación de América Latina y el Caribe expuestas a los efectos de eventos climáticos extremos. Cuando las inundaciones y los huracanes destruyen la infraestructura sanitaria, las consecuencias incluyen interrupciones en la planificación familiar, la atención durante el embarazo y el parto seguro, además de mayores riesgos de violencia de género y de desplazamiento.
Los terremotos en Venezuela y Colombia vuelven a situar esta discusión en el presente latinoamericano. La magnitud del movimiento sísmico explica una parte de la destrucción; la calidad de las viviendas, los sistemas de salud, la pobreza, el territorio y las capacidades institucionales, otra. El género atraviesa esas condiciones porque determina responsabilidades, el acceso a recursos y los riesgos, que no se distribuyen de manera uniforme.
Una respuesta humanitaria con perspectiva de género no significa atender primero a las mujeres ni considerar menos importantes las necesidades de los hombres. Significa saber que repartir exactamente lo mismo a todas las personas puede resultar insuficiente cuando sus necesidades difieren. Una mujer próxima a dar a luz necesita atención obstétrica; una adolescente requiere privacidad y seguridad en un refugio; una persona LGBTQ+ puede enfrentar discriminación al solicitar ayuda; una mujer con discapacidad puede necesitar apoyo para evacuar y una cuidadora difícilmente podrá desplazarse si el sistema olvida a las personas que dependen de ella.
Las cifras de Venezuela lo muestran con especial crudeza: mientras continuaban las labores entre edificios destruidos, miles de mujeres seguían atravesando embarazos y cientos se acercaban diariamente al parto. El terremoto había cambiado prácticamente todo a su alrededor, pero esas necesidades permanecían. La perspectiva de género comienza precisamente allí: cuando la respuesta humanitaria deja de contar únicamente cuántas personas sobrevivieron y empieza a reconocer qué necesita cada una para sobrevivir.
Referencias
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