La relación de las mujeres con los cuidados, los servicios públicos y la vida cotidiana ha estado marcada por una distribución desigual de responsabilidades. Cuando llegan al poder local, esas experiencias pueden incorporar otras necesidades a las decisiones sobre presupuesto, infraestructura y desarrollo de las comunidades.
Una calle sin iluminación no se percibe igual cuando existe temor a una agresión sexual. Una escuela distante adquiere un nuevo significado para quien acompaña diariamente a niñas y niños. La ausencia de transporte público pesa más sobre quien debe combinar trabajo remunerado, compras, citas médicas y cuidados. Y un centro para personas mayores, situado a kilómetros de distancia, también consume el tiempo de quien se responsabiliza de acompañarlas.
Buena parte de esas tareas sigue recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres. Por eso, hablar de liderazgo político femenino vinculado al territorio exige evitar una explicación aparentemente sencilla: las mujeres no tienen una conexión natural con sus comunidades ni los hombres están biológicamente predispuestos a gobernar desde la distancia.
La diferencia se ha construido socialmente, pues durante generaciones, la división sexual del trabajo ha colocado a muchas mujeres frente a necesidades que se resuelven todos los días en espacios concretos: vivienda, agua, escuelas, centros de salud, transporte, mercados, parques, seguridad y servicios de cuidado. Esa experiencia puede adquirir una dimensión política cuando ellas pasan de gestionar individualmente esas necesidades a decidir sobre los recursos públicos destinados a resolverlas.
La evidencia muestra que, en determinadas condiciones, la presencia de mujeres en el poder local modifica efectivamente las prioridades.
Uno de los estudios más relevantes fue realizado por las economistas Raghabendra Chattopadhyay y Esther Duflo a partir de una política que asignó aleatoriamente a mujeres la dirección de consejos locales en India. La investigación encontró diferencias entre las inversiones realizadas por lideresas y líderes: las mujeres destinaron más recursos a bienes públicos estrechamente relacionados con las necesidades expresadas por las propias mujeres de las comunidades. También aumentó su participación en las decisiones locales.
El estudio, publicado en Econometrica, llegó a la conclusión, vigente dos décadas después, de que las características de quienes ejercen la representación política pueden influir en las políticas adoptadas. No porque todas las mujeres piensen igual, sino porque experiencias e intereses previamente subrepresentados pueden llegar con ellas a los espacios en los que se distribuyen los recursos públicos.
América Latina proporciona evidencia adicional. Para ello, un estudio de Kendall Funk y Andrew Philips analizó durante ocho años más de 5.400 municipios brasileños y encontró diferencias significativas en la composición del gasto entre gobiernos encabezados por mujeres y por hombres. Las alcaldesas asignaban relativamente más recursos a áreas tradicionalmente asociadas con necesidades sociales y menos a ámbitos históricamente considerados masculinos.
La evidencia no significa que exista una manera femenina y otra masculina de administrar un presupuesto. Muestra que la representación política puede modificar qué problemas adquieren prioridad cuando grupos con experiencias distintas acceden al poder.
El territorio también tiene género.
La relación entre género y territorio se comprende mejor al observar cómo transcurre un día cotidiano.
Las ciudades fueron planificadas durante mucho tiempo en torno a una separación entre actividades productivas y reproductivas. El desplazamiento lineal entre vivienda y trabajo remunerado ocupó un lugar central, mientras que los recorridos asociados a los cuidados recibieron menos atención.
Sin embargo, cuidar produce otros mapas; de igual forma, implica encadenar desplazamientos entre hogares, escuelas, centros sanitarios, comercios, espacios públicos y lugares de trabajo. La disponibilidad, la distancia, el costo y la accesibilidad de esos servicios determinan cuánto tiempo debe dedicar una persona a sostener su vida cotidiana.
Una investigación publicada en 2025 en Frontiers in Sustainable Cities señala precisamente que la ubicación y la accesibilidad de las guarderías, los servicios para personas mayores, el transporte y la infraestructura de cuidados producen consecuencias territoriales distintas y que su insuficiencia afecta desproporcionadamente a las mujeres.
Por eso la perspectiva de género cambia la manera de mirar un municipio. Una carretera deja de ser únicamente una obra de infraestructura; importa saber qué lugares conecta. Un sistema de autobuses también debe analizarse por los recorridos que permite realizar. Una plaza pública no se valora solo por sus dimensiones, sino por quién puede utilizarla, a qué hora y bajo qué condiciones de seguridad. En la política local se deciden estos asuntos a diario.
De cuidar en el territorio a gobernar el territorio.
Algunas experiencias latinoamericanas permiten observar qué sucede cuando los cuidados se incorporan directamente a las políticas urbanas.
Las Manzanas del Cuidado de Bogotá acercaron a determinados barrios servicios destinados tanto a las personas que necesitan cuidados como a quienes los proporcionan. En México, iniciativas como Utopías, en Iztapalapa, y PILARES incorporaron infraestructura, educación, cultura y servicios comunitarios en territorios con importantes desigualdades sociales.
Las tres experiencias comparten una coincidencia relevante: fueron impulsadas por administraciones locales encabezadas por mujeres.
Una revisión académica publicada en 2025 identifica precisamente el papel del liderazgo femenino en estas iniciativas y señala que sus responsables recurrieron a narrativas vinculadas a los derechos, los cuidados y la transformación de las desigualdades socioespaciales.
No demuestra que un hombre no pueda impulsar políticas similares. Tampoco significa que cualquier mujer electa vaya a hacerlo. Su importancia radica en mostrar cómo asuntos considerados durante décadas como privados o domésticos pueden transformarse en problemas de planificación urbana y de responsabilidad pública.
Cuidar deja entonces de ser exclusivamente lo que una mujer resuelve en su hogar. Pasa a relacionarse con el presupuesto, el transporte, la infraestructura y el ordenamiento territorial.
Las alcaldesas también transforman las instituciones.
El impacto de la representación femenina no se limita a las obras que llegan a una comunidad.
Una investigación sobre municipios chilenos, realizada por Carla Alberti, Diego Díaz-Rioseco y Giancarlo Visconti, comparó elecciones muy disputadas para determinar qué ocurría cuando ganaba una mujer. Los resultados muestran que las alcaldesas redujeron el tamaño de las burocracias municipales mientras aumentaron la proporción de mujeres contratadas por dichas administraciones.
Brasil aporta otros resultados. Investigaciones sobre elecciones municipales encontraron diferencias en la asignación presupuestaria entre alcaldesas y alcaldes, así como efectos en políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres.
Las diferencias tampoco permiten concluir que las mujeres gobiernen mejor por ser mujeres. Esa afirmación sustituiría un estereotipo negativo por otro, aparentemente positivo, y terminaría imponiéndoles una obligación adicional: demostrar que deben ser más eficientes, sensibles, honestas o cercanas que los hombres para justificar su presencia política.
El argumento es otro: una democracia en la que gobierna principalmente un mismo grupo social corre el riesgo de abordar los problemas públicos desde un conjunto más limitado de experiencias.
Llegar al municipio continúa siendo difícil.
La paradoja es que el gobierno local, precisamente donde las necesidades cotidianas se encuentran con las decisiones públicas, continúa siendo uno de los espacios en los que las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al poder ejecutivo.
Un informe publicado en marzo de 2026 por GWL Voices, ONU Mujeres y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos analizó las elecciones recientes en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Las mujeres ocupaban, en promedio, apenas el 17 % de los puestos ejecutivos locales estudiados. De mantenerse el ritmo actual, la paridad en esos cargos podría tardar hasta 85 años.
Detrás de esa brecha aparecen obstáculos conocidos: menor acceso al financiamiento político, responsabilidades de cuidados distribuidas de manera desigual, estereotipos sobre quién posee autoridad para gobernar y violencia política contra las mujeres.
La desigualdad adquiere así una dimensión territorial adicional. Las mujeres conocen y sostienen buena parte de la vida cotidiana de las comunidades, participan en organizaciones locales, asociaciones, escuelas y redes de cuidados, pero continúan llegando en menor proporción al puesto desde el que se decide el presupuesto municipal.
Reconocer esta relación tampoco implica afirmar que todas las mujeres representen automáticamente los intereses de las demás. Una alcaldesa puede reproducir prioridades tradicionales, del mismo modo que un alcalde puede impulsar una política profundamente comprometida con los cuidados y la igualdad.
La perspectiva de género sirve precisamente para superar esa simplificación. Permite preguntar quién toma las decisiones, desde qué experiencias, qué necesidades conoce, cuáles escucha y cuáles permanecieron históricamente fuera de la agenda.
Cuando una mujer llega a una alcaldía, no lleva consigo una predisposición natural a gobernar de manera distinta. Puede llevar algo políticamente mucho más relevante: las experiencias de una sociedad en la que mujeres y hombres todavía no recorren las mismas calles con la misma seguridad, no dedican el mismo tiempo a cuidar ni encuentran las mismas oportunidades para participar en el poder.
El territorio tampoco es solo el espacio delimitado en un mapa. Es donde una decisión pública se convierte en agua, transporte, iluminación, escuela, parque, seguridad o tiempo disponible para cuidar.
La importancia del liderazgo político de las mujeres no radica en afirmar que estén naturalmente más cerca del territorio, sino en que su llegada al poder puede hacer visibles experiencias del territorio que, durante demasiado tiempo, estuvieron alejadas de los lugares donde se tomaban las decisiones.
Referencias
Alberti, C., Diaz-Rioseco, D., & Visconti, G. (2022). Gendered bureaucracies: Women mayors and the size and composition of local governments. Governance, 35(3), 757–776. https://doi.org/10.1111/gove.12591
Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. Econometrica, 72(5), 1409–1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización Internacional del Trabajo. (2025). Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional (LC/CRM.16/4). Naciones Unidas. https://oig.cepal.org/es/documento/lineamientos-politicas-cuidado-perspectiva-genero-territorial-e-interseccional
Funk, K. D., & Philips, A. Q. (2019). Representative budgeting: Women mayors and the composition of spending in local governments. Political Research Quarterly, 72(1), 19–33. https://doi.org/10.1177/1065912918775237
GWL Voices. (2026, 9 de marzo). Bridging the leadership gap: Women in local and regional governments in Latin America. GWL Voices. https://www.gwlvoices.org/resources/bridging-the-leadership-gap-women-in-local-and-regional-governments-in-latin-america-1
Rodríguez, M. C., Saborido, M., Segovia, O., & otros. (2025). Putting care on the map: Gender mainstreaming, a policy approach to reduce inequalities in Latin American cities. Frontiers in Sustainable Cities, 7, Article 1556795. https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1556795
