Este fallo es un hito para los derechos de las mujeres y niñas en Guatemala y es el resultado de años de incidencia por parte del movimiento que lleva por nombre: Son Niñas, No Madres
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un fallo histórico. En él, responsabilizó a Guatemala por violar los derechos de Fátima, una niña de 13 años que fue forzada a continuar un embarazo que fue consecuencia de una violación y a convertirse en madre cuando aún era una niña. Esta decisión resalta la necesidad de que Guatemala tome medidas urgentes para prevenir la violencia sexual y asegure que las sobrevivientes, especialmente las niñas, reciban el apoyo y la justicia que merecen.
El Comité determinó que Guatemala no hizo lo necesario para investigar las varias violaciones que sufrió Fátima y para llevar a juicio al culpable (un maestro y funcionario público). Esto se consideró una violación de sus derechos según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité concluyó que se afectó su derecho a una vida digna porque el Estado parte le impuso un embarazo y una maternidad forzada que afecta la salud mental, física y social de Fátima, así como la futura trayectoria de toda su vida. El Comité enfatizó que forzar a Fátima a llevar el embarazo en contra de su voluntad la sometió a un trato similar a la tortura y puso en riesgo su vida.
El Comité señaló que Fátima no contó con recursos efectivos debido a la falta de acción del gobierno para garantizar el acceso a la educación integral en sexualidad y a servicios de interrupción del embarazo. Si bien el marco legal de Guatemala permite el aborto terapéutico—una opción en casos donde hay riesgo para la vida de la persona embarazada— a menudo las niñas no son informadas sobre su derecho a acceder a esta atención, negándoles efectivamente el acceso a la salud.
El caso de Fátima refleja un patrón más amplio de violencia sexual como un problema sistémico y generalizado en Guatemala. Entre 2018 y 2024, un total de 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.
El trabajo de investigación de Human Rights Watch demuestra que las que han sufrido violencia sexual a menudo son excluidas del sistema educativo, tienen dificultades en acceder a atención médica y seguridad social, lo que las lleva a enfrentar barreras importantes para obtener justicia. Estos obstáculos evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas para prevenir y responder a la violencia sexual. Las niñas indígenas y sordas enfrentan desafíos adicionales debido a las barreras lingüísticas.
Este fallo es un hito para los derechos de las mujeres y niñas en Guatemala y es el resultado de años de incidencia por parte del movimiento que lleva por nombre: Son Niñas, No Madres.
Guatemala necesita reformas integrales para prevenir de manera adecuada la violencia sexual, incluida la ejercida contra las niñas, y garantizar que tengan acceso pleno a atención médica, educación, seguridad social y justicia, así como a reparaciones adecuadas.
Fuente: Cristina Quijano Carrasco, Human RightsWatch
Foto: Norman Milwood
