El autoritarismo es enemigo de los derechos de las mujeres, de modo que combatir al primero significa defender los segundos, opina Macarena Sáez, de Human Rights Watch
Si la protección de las garantías fundamentales resulta un emprendimiento complejo, la situación es peor cuando se trata de los derechos de la población femenina.
Exponente de esta línea de análisis, la directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres, de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), Macarena Sáez, considera que tal es el cuadro de situación lo mismo en países con democracia funcional que en aquellos cuyos gobiernos son autoritarios.
“Sabemos que el progreso nunca es lineal y la defensa de los derechos humanos puede ser una tarea difícil”, aseguró, en un artículo de opinión que HRW difundió el 1 de enero, y que el periódico canadiense The Globe and Mail publicó un día después.
“Sin embargo, los avances en materia de derechos de las mujeres son particularmente frágiles”, agregó, en el texto que tituló “La lucha por los derechos de las mujeres es la lucha contra el autoritarismo”.
En ese sentido, las apariencias pueden ser engañosas en materia de políticas, advirtió la experta.
“Disfrazado bajo conceptos que se presentan como inofensivos, como la protección de la familia, la niñez, o de la tradición, a menudo los gobiernos limitan la autonomía de las mujeres, como si estas restricciones no tuvieran motivaciones políticas y no equivalieran a violaciones de derechos humanos”, planteó.
Esos cuadros de situación son abundantes, a nivel mundial, aseguró, al indicar que “no es difícil encontrar ejemplos de serias restricciones a los derechos de las mujeres”.
Entre las muestras de ello, señaló que “la policía de la moral de Irán ha impuesto con brutalidad a las mujeres las leyes de uso obligatorio de la hiyab”.
Sáez aludió así a la Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora), la represiva y temida fuerza de seguridad de control de la fe -popularmente conocida como “policía de la moral” -, que opera en ese país del oeste asiático.
También hizo referencia al hijab, el velo religioso que cubre la cabeza y los hombros de quienes lo usan.
La dictadura teocrática iraní obliga, a las mujeres -y a las niñas, a partir de la edad de siete años-, a usar hijab, cuyo propósito específico es el de cubrir el cabello -que, de acuerdo con la costumbre musulmana, las mujeres mantienen largo-.
Según lo determinado en la estricta Ley sobre Hijab y Castidad, el velo debe usarse ajustado a la cabeza, de modo que, no hacerlo, implica brutal sanción -detención por parte de la policía de la moral, tortura-.
La aplicación de esa ley es responsabilidad de la Sede para el Ordenamiento del Bien y la Prohibición del Mal -una especie de ministerio de la moralidad-, y la severidad en el cumplimiento de la estricta legislación fue fortalecida, en agosto, mediante decreto emitido por el masivamente cuestionado presidente iraní, Ebrahim Raisi.
La jerarca de HRW denunció, además, que “en Afganistán, los talibanes niegan una vez más a las mujeres y niñas la educación, el trabajo y las libertades más básicas”.
Al igual que en el limítrofe Irán, la tiranía del fundamentalista grupo islámico Talibán, impone, severa y arbitrariamente, normas religiosas, en violación de las garantías fundamentales -en particular, despreciando los derechos de la población femenina.
“Obviamente las mujeres también sufren discriminación y otras violaciones de derechos en democracia”, aclaró la experta, quien precisó, a continuación, que, evidentemente, “en un país con controles y equilibrios funcionales las mujeres tienen herramientas para protegerse contra los retrocesos”.
Al respecto, reflexionó en cuanto a que, “en la práctica, la igualdad con los hombres en derechos y oportunidades es un signo de una democracia fuerte, mientras que la reducción de los derechos de las mujeres es un signo preocupante de una democracia debilitada”.
En ese sentido, mencionó, a manera de ejemplo, la frecuente manipulación de los respectivos sistemas judiciales nacionales.
“Hemos visto cómo el control político sobre los tribunales ha resultado en una disminución de los derechos de las mujeres”, planteó.
Por ejemplo, en El Salvador, “los tribunales han condenado a mujeres que tuvieron abortos espontáneos a 30 años de prisión”.
La alusión es a la brutal legislación del país centroamericano que prohíbe la interrupción del embarazo, por lo que tipifica, como homicidio -y castiga, tan severamente-, también las emergencias obstétricas.
Entretanto, “Qatar ha tipificado como delito las relaciones sexuales extramaritales usando el embarazo como prueba en contra de las mujeres”, además de que “las políticas de control de la natalidad del gobierno chino han tratado a las mujeres como ‘úteros’ sujetos a abortos forzados o embarazos forzados dependiendo de las ‘necesidades’ del país”.
Por otra parte, “en junio (de 2022), la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la protección constitucional del derecho al aborto, anulando casi 50 años de jurisprudencia”, agregó.
Asimismo, “en 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia prácticamente prohibió el aborto legal cuando dictaminó que el aborto en casos de ‘defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto’ era inconstitucional”.
Sáez denunció que “los resultados de estas decisiones han sido devastadores para las mujeres embarazadas”.
La experta planteó, además, que “debemos reconocer explícitamente que cuando los gobiernos determinan a dónde pueden ir las mujeres, con quién pueden o deben ir, qué deben usar y si pueden estar embarazadas o no, estamos frente a signos de autoritarismo”.
Y explicó que, además de perjudicar, directamente, a la población femenina, “tales restricciones (…) también aumentan el poder arbitrario del gobierno sobre la comunidad”, y, por lo tanto, “socavan la democracia”.
