La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que las políticas centradas exclusivamente en la represión pueden agravar las violaciones a los derechos humanos y afectar de manera diferenciada a mujeres y niñas, por lo que insta a adoptar estrategias integrales que preserven el Estado de derecho.
La CIDH ha señalado que el crecimiento de grupos criminales relacionados con el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilegales ha llevado a los Estados a adoptar medidas especiales: militarizar la seguridad pública, ampliar los poderes de la policía, establecer regímenes de excepción y endurecer las penas. Estas políticas, aunque populares en contextos de alta violencia, generan efectos colaterales que preocupan al sistema interamericano.
Desde una perspectiva de género, la CIDH ha insistido en que el crimen organizado y las respuestas estatales también afectan de manera particular a las mujeres. La expansión de economías ilegales suele ir acompañada del aumento de la violencia sexual, de la trata con fines de explotación y de mecanismos de control territorial que restringen la movilidad, la autonomía y el acceso a la justicia. A ello se suma que, en contextos de militarización, también se han documentado mayores riesgos de abusos y violencias contra mujeres y niñas.
En línea con este debate, la criminóloga costarricense Tania Molina Rojas ha insistido, en sus análisis sobre la inseguridad y el crimen organizado, en que el fenómeno debe entenderse como un problema estructural y multidimensional, más allá de respuestas exclusivamente punitivas. Su trabajo subraya que el fortalecimiento institucional, la comprensión de las dinámicas territoriales del crimen y la articulación de políticas públicas integrales son elementos clave para enfrentar el fenómeno sin comprometer el Estado de derecho.
La CIDH coincide en que el combate al crimen organizado no puede desligarse del respeto a las garantías fundamentales. Advierte que la suspensión o limitación de derechos, incluso en estados de emergencia, debe cumplir criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. De lo contrario, se abre la puerta a abusos sistemáticos y a la normalización de prácticas autoritarias.
Además, el organismo enfatiza que las políticas exclusivamente represivas no abordan las causas estructurales del fenómeno. Factores como la desigualdad, la corrupción institucional, la falta de oportunidades y la débil presencia estatal en territorios periféricos continúan alimentando el crecimiento del crimen organizado en la región.
En este contexto, tanto la CIDH como los especialistas en seguridad coinciden en la necesidad de un enfoque integral que integre la prevención, el fortalecimiento institucional, las políticas sociales y la cooperación internacional. El reto no es menor: responder a la violencia sin erosionar las bases democráticas que sostienen a las sociedades.
Referencia:
En Segundos. (2026, abril 25). Crimen organizado y mano dura para combatirlo: desafíos a los derechos humanos en América.
https://ensegundos.com.pa/2026/04/25/crimen-organizado-y-mano-dura-para-combatirlo-desafios-a-los-derechos-humanos-en-america/
