Las protestas apoyan la oposición general, y específicamente de las iraníes, a la arbitrariedad de la teocracia que gobierna, desde 1979, a ese país del oeste asiático
Miles de mujeres mantienen, en Irán, la insurrección civil que iniciaron a raíz del asesinato policial, el 14 de setiembre, de una joven cuyo delito consistió en no llevar puesto, “correctamente”, el hijab -prenda religiosa que cubre la cabeza, hasta los hombros, de quien la usa-.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la represión lanzada por la dictadura religiosa iraní contra las manifestaciones en defensa de los derechos de la población femenina, y contra el régimen teocrático, ha cobrado por lo menos medio centenar de vidas, contándose, entre las víctimas fatales, a cinco mujeres.
Las protestas -que se mantienen en más de un centenar de ciudades incluida
Al denunciar la violencia represora de la dictadura, el Comité de Mujeres (Women’s Committee), del no gubernamental Consejo Nacional de Resistencia de Irán (National Council of Resistance of Iran, NCR), informó sobre el fallecimiento de dos adolescentes -ambas de 16 años-.
Se trata de Nika Shakarami y Sarina Esmailzadeh, informó el NCR, en un extenso comunicado que difundió el 30 de setiembre -decimoquinto día consecutivo de protestas callejeras, por parte de aproximadamente 15 mil participantes, en 164 ciudades, cubriendo, así, las 31 provincias iraníes-.
“El cuerpo de Nika Shakarami fue entregado, el 30 de setiembre, a su familia, después de haberla buscado durante diez días”, informó la oenegé.
La joven “había participado en protestas en Teherán, en el bulevar Keshavarz, el 20 de setiembre”, indicó.
“Sus amigos dijeron que no tenía miedo y que coreaba, incesantemente, consignas”, agregó, para precisar que, “en su última llamada a su amiga, Nika Shakarami dijo que estaba huyendo de (efectivos de) servicios de seguridad”.
“Su familia la buscó incesantemente en todas las prisiones, centros de detención, estaciones de policía, hasta en la oficina forense de (la norteña ciudad de) Kahrizak”, siguió relatando.
Familiares de la víctima fueron informados el 29 de setiembre, en una instalación policial, que “alguien con características similares fue hallada en (la dependencia) forense de Kahrizak”, precisó.
“Cuando la familia Shakarami fue a identificar el cuerpo, no le fue permitido ver la cabeza (de la joven)”, puntualizó el NCR, agregando que “el cráneo de Nika fue golpeado, repetidamente, con un objeto pesado, como un bastón (policial)”.
Citada en el comunicado, una tía -no identificada- de la víctima indicó que, según la versión oficial “Nika había caído desde una altura”, mientras un tío “dijo que las fotos que les fueron mostradas parecían inusuales”.
“La tía de Nika dijo que fuentes extraoficiales la habían contactado, diciendo que Nika había pasado una semana bajo custodia del IRCG”, señaló el consejo, en referencia al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRCG).
La oenegé denunció, asimismo, que, “al igual que numerosas otras familias, la familia Shakarami también fue amenazada, y se le dijo que realizara ninguna ceremonia por su hija asesinada”.
Al hacer público el caso de Esmailzadeh, el consejo planteó, en el mismo comunicado, que la joven “también figuró entre los asesinados por las fuerzas represivas del régimen clerical”.
“Las fuerzas de seguridad del régimen atraparon a Sarina Esmailzadeh, durante las protestas en (la ciudad de) Karaj, (en la noroccidental) Provincia de Alborz, el 30 de setiembre de 2022, golpeándola ferozmente, en la cabeza, con bastones (policiales)”, indicó, para puntualizar que “su salvajismo condujo al fallecimiento de Safina”.
Por su parte, en un extenso comunicado que difundió, también el 30 de setiembre, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), denunció que el régimen procura, mediante la brutal represión, asesinar a manifestantes.
“Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia”, indicó AI, en el texto que tituló “Irán: Documentos filtrados revelan órdenes de altas instancias a las fuerzas armadas de ‘reprimir sin piedad’ las protestas”.
“Amnistía Internacional tiene constancia hasta ahora de los nombres de 52 personas, incluidas 5 mujeres y al menos 5 personas menores de edad, muertas a manos de las fuerzas de seguridad de Irán entre el 19 de septiembre y el 25 de septiembre”, precisó.
“Dos tercios de las muertes registradas -al menos 34- corresponden al 21 de septiembre”, aunque “la organización cree que el número real de víctimas mortales es muy superior, y continúa con sus esfuerzos por identificar a las víctimas”, señaló, a continuación.
“Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por Amnistía Internacional, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas”, puntualizó.
“Otro documento filtrado muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la (norcentral) provincia de Mazandarán (en la costa sur del Mar Caspio) ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia “reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios”, reveló AI.
La oenegé internacional también informó que ha examinado “fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad”.
“En un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como ‘peligrosas’, ‘individuos violentos’, o afirman que murieron a manos de ‘alborotadores’”, siguió dando a conocer.
“Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a ‘alborotadores’ que trabajan para ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán”, señaló, además.
AI planteó, asimismo, que ha documento instancias “generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes”.
“La organización también ha documentado agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, por ejemplo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron (jalaron) violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta”, agregó.
“El 28 de septiembre, una persona que se manifestaba en (la central ciudad de) Isfahán relató a Amnistía Internacional: ‘He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…’”, de acuerdo con la oenegé.
La misma fuente dijo a Amnistía, que, “hace dos noches, varias de mis amistades fueron golpeadas con porras”, y “una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras”.
Citada en el comunicado, la secretaria general de AI, la activista francesa de derechos humanos Agnès Callamard, planteó que, “en el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en (el) episodio más reciente de baños de sangre”.
“Documentos filtrados a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional ponen de relieve la patente necesidad de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas internacional independiente”, aseguró.
Callamard pronosticó, además que, “a menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas”.
Foto: Elijah O’Donnell
