Más de la mitad de los sistemas educativos del mundo ya han implementado prohibiciones nacionales sobre el uso de teléfonos móviles en los centros educativos. UNICEF advierte que limitar el uso de estos dispositivos puede proteger la concentración y el bienestar del alumnado, pero una prohibición general también puede profundizar las desigualdades cuando el móvil constituye la principal vía de acceso a contenidos digitales o cumple funciones de accesibilidad.
El teléfono móvil se ha convertido en uno de los asuntos más difíciles de resolver en las aulas. Puede interrumpir una clase, facilitar el ciberacoso o mantener la atención del alumnado atrapada en las redes sociales, pero el mismo dispositivo permite consultar un libro, investigar para una tarea, utilizar un traductor o acceder a herramientas de apoyo para estudiantes con discapacidad.
La discusión ha llevado a numerosos países a establecer restricciones. UNICEF América Latina y el Caribe señala, con base en información de la UNESCO, que 114 sistemas educativos ya cuentan con prohibiciones nacionales sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas. Costa Rica y Bolivia se encuentran entre los países latinoamericanos que han adoptado recientemente este tipo de medidas, mientras que Colombia y Perú han optado por regulaciones que exigen a los centros educativos establecer sus propias restricciones.
No existe, sin embargo, una única manera de limitar su uso. Algunas disposiciones impiden utilizar el teléfono durante las clases, pero lo permiten en los recreos; otras contemplan excepciones cuando existe una finalidad pedagógica o cuando el dispositivo funciona como tecnología de asistencia.
La diferencia es importante porque el problema no es únicamente la presencia del teléfono, sino la forma en que se utiliza.
La UNESCO ha advertido de que la tecnología debería incorporarse a la educación cuando exista evidencia de que aporta al aprendizaje. Su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo ha señalado que la mera proximidad de un dispositivo móvil puede distraer al alumnado y afectar su concentración, pero también insiste en que las decisiones sobre tecnología educativa deben considerar el contexto y las necesidades concretas de quienes aprenden.
Los propios adolescentes reconocen esa dualidad. Joel, un joven jamaicano de 18 años consultado por UNICEF, explica que en su escuela los estudiantes utilizan los teléfonos para tomar notas, consultar materiales y comunicarse con sus familias, pero también para escuchar música o acceder a redes sociales. Su posición no es defender un uso irrestricto, sino establecer reglas, supervisión y límites que permitan conservar las posibilidades educativas del dispositivo.
La experiencia de Martina, otra integrante del Consejo de Acción Adolescente y Juvenil de UNICEF, muestra el otro lado. Durante su último año escolar no pudo utilizar el teléfono. Aunque inicialmente la medida generó rechazo, se reconoce que prescindir del móvil durante los recreos permitió una mayor interacción entre los compañeros.
Ambas experiencias cuestionan una discusión planteada únicamente entre permitir y prohibir.
En Argentina, por ejemplo, el estudio Kids Online Argentina 2025, elaborado por UNICEF y UNESCO, encontró que el 47 % de niñas, niños y adolescentes utiliza espacios educativos para acceder a internet todos o casi todos los días. Seis de cada diez recurren diariamente o casi diariamente a internet para buscar información relacionada con sus tareas o estudios.
Para una parte del alumnado, por tanto, retirar el teléfono no significa simplemente eliminar una distracción. También puede significar retirar una herramienta de aprendizaje.
La diferencia se vuelve más evidente en hogares con menores recursos. Cuando no existe un ordenador personal, una conexión estable en el hogar o suficientes materiales educativos impresos, el móvil puede ser la principal puerta de entrada a libros digitales, plataformas educativas, información y herramientas de traducción. Una regulación que ignore esas condiciones corre el riesgo de afectar con mayor intensidad precisamente a quienes disponen de menos alternativas tecnológicas.
La discapacidad plantea otra excepción necesaria. Lectores de pantalla, herramientas de comunicación, aplicaciones de apoyo, ampliación de textos y otras funciones pueden convertir un teléfono en un recurso de accesibilidad. Tratar todos los dispositivos y todos los usos de la misma manera puede terminar por excluir al alumnado que depende de ellos.
Nada de esto elimina los problemas que han llevado a las escuelas a restringirlos.
Los móviles facilitan la grabación y difusión de imágenes sin consentimiento, pueden convertirse en vehículos de acoso escolar y ciberacoso y compiten permanentemente por la atención durante las clases. UNICEF también recoge evidencia sobre las consecuencias que el uso problemático de internet puede tener fuera del aula. En Kids Online Uruguay 2022, el 29 % de los adolescentes consultados señaló que sus calificaciones habían disminuido debido al tiempo que pasaban en internet; otro 29 % reportó problemas con amistades o familiares y un 26 % indicó haber dejado de comer o de dormir.
La protección del bienestar y de la capacidad de concentración justifica establecer límites. Lo que UNICEF cuestiona es que la prohibición indiscriminada pueda convertirse en un sustituto de la educación digital.
Aprender a utilizar responsablemente un teléfono también forma parte de la formación que necesitan niñas, niños y adolescentes. Saber distinguir una fuente fiable, proteger los datos personales, respetar la privacidad de otras personas, reconocer contenidos manipulados, responder al ciberacoso y gestionar el tiempo frente a las pantallas son competencias que no desaparecen cuando el dispositivo queda fuera del aula.
La escuela tiene, además, una responsabilidad particular, porque no todas las familias cuentan con los mismos conocimientos, recursos o tiempo para acompañar a sus hijos e hijas en su vida digital. Dejar toda esa formación en manos del hogar puede reproducir las desigualdades que una política educativa debería contribuir a reducir.
La posición planteada por UNICEF evita, por ello, los extremos. Los teléfonos deben limitarse cuando interfieren en el aprendizaje o ponen en riesgo el bienestar del alumnado, pero las restricciones deben ser proporcionadas y contemplar usos educativos, condiciones socioeconómicas y necesidades de accesibilidad.
El debate educativo no termina, entonces, en decidir dónde guardar los móviles durante una clase. Un colegio puede mantenerlos fuera del aula durante varias horas; lo que no puede hacer es excluir del aprendizaje lo necesario para que puedan utilizarlos de manera responsable durante el resto de sus vidas.
Referencias
UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education: A tool on whose terms? UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723
UNESCO. (2025, 24 de enero). To ban or not to ban? Monitoring countries’ regulations on smartphone use in school. Global Education Monitoring Report. https://www.unesco.org/gem-report/en/articles/smartphones-school-only-when-they-clearly-support-learning
UNICEF Argentina y UNESCO. (2025). Kids Online Argentina 2025. UNICEF Argentina. https://www.unicef.org/argentina/informes/kids-online-argentina-2025
UNICEF América Latina y el Caribe. (2026). ¿Deberían prohibirse los móviles en las aulas? UNICEF. https://www.unicef.org/lac/crianza/educacion/uso-celulares-en-las-escuelas
UNICEF Uruguay. (2023). Kids Online Uruguay 2022: Niños, niñas y adolescentes conectados. UNICEF Uruguay. https://www.unicef.org/uruguay/informes/kids-online-uruguay-2022
