En El Salvador, las mujeres quienes, en situación de pobreza, sufren una emergencia obstétrica (aborto no provocado), son particularmente vulnerables
En el país centroamericano todavía, la interrupción del embarazo -sin perjuicio de la causa- es considerada como homicidio, lo que resulta en extensas -e injustas- condenas de prisión -penas que decenas de víctimas vienen sufriendo-.
La presidenta de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, Morena Herrera, señaló la necesidad de cambiar esa injusta realidad, mediante educación y sensibilización de los diferentes actores involucrados en el problema.
La legislación aprobada recientemente, lo mismo en Argentina que en Colombia, despenalizando ese procedimiento médico, genera esperanza respecto a que esas acciones tengan incidencia en países cuya legislación -como la salvadoreña- criminaliza la interrupción del embarazo, señaló Morena, en declaraciones al medio de comunicación feminista argentino Feminacida.
“En El Salvador, la situación de las mujeres que tienen emergencias obstétricas, y que viven situación de pobreza y marginalidad, es muy riesgosa”, planteó la activista, citada en la nota informativa que Feminacida publicó, el 31 de mayo, bajo el título “El Salvador: libres las queremos”.
En ese país, “las mujeres que atraviesan una situación de emergencia obstétrica, acuden al hospital, en búsqueda de asistencia médica, y, de inmediato, son sospechosas de haberse provocado un aborto”, comenzó a explicar.
Tal cuadro de situación significa que, “casi directamente, entran a un proceso judicial que las lleva del hospital a las cárceles”, precisó.
Herrera agregó que, “esto de equiparar al aborto como un crimen, está muy presente en el ejercicio judicial”.
Al reflexionar que, en tal contexto, “la libertad de cada mujer supone resolver un laberinto diferente”, la defensora y promotora de los derechos de las mujeres hizo referencia al trabajo que lleva a cabo la organización que dirige.
“Esta lucha por la libertad, está acompañada de esfuerzos de educación a la ciudadanía, de incidencia y sensibilización a los actores del sistema”, expresó.
“También la observancia internacional en los juicios, para que no se sigan produciendo hechos”, indicó.
Las declaraciones de Herrera fueron publicadas veintidós días después de que otra mujer fue condenada a prisión, en El Salvador, por haber sufrido una emergencia obstétrica.
De acuerdo con versiones periodísticas locales e internacionales, una mujer identificada como Esme, quien perdió el 2019 al bebé, fue sentenciada, el 9 de mayo, a 30 años de cárcel.
Según esas fuentes, la mujer, habitante de una comunidad rural salvadoreña, fue detenida luego de que, en lugar de proporcionarle la inmediata atención necesaria, el equipo médico que vio el caso, la denunció.
Esme permaneció, durante dos años, en prisión preventiva, tiempo durante el cual fue separada de su hija de siete años, agregaron los medios.
Actualmente detenida bajo una medida cautelar sustitutiva, la abogada quien dirige su defensa, Karla Vaquedano, indicó la decisión de apelar la pena que le fue arbitrariamente impuesta, señalaron.
De acuerdo con lo informado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Vaquedano reveló que la autoridad judicial “actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género”, lo que determinó la decisión de emprender el proceso de apelación.
Al respecto, Feminacida informó que “se trata de la primera condena de este tipo en los últimos 7 años y la primera registrada en el Gobierno de Nayib Bukele, el presidente que retiró de la propuesta de reforma constitucional la posibilidad de legalizar el aborto y el matrimonio igualitario”.
La publicación sudamericana hizo, así, referencia a la decisión del derechista y autoritario presidente salvadoreño de retirar, de un proyecto de reforma constitucional dado a conocer en 2019, el componente referido a la legalización del aborto terapéutico -lo mismo que el relacionado con el matrimonio igualitaria-.
Bukele, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2019 -para el quinquenio que se cumple en 2024-, informó, al respecto, mediante la red social Twitter.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida -desde el momento de la concepción-, con el matrimonio -manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer-“, tuiteó.
En cuanto a la legalización del aborto en países latinoamericanos, Morena dijo que tales avances son esperanzadores para las salvadoreñas, en cuyo país rige un modelo de democracia que, en el mejor de los casos, es débil.
“En El Salvador la democracia es mucho más frágil, a veces casi inexistente, pero estos hechos nos dan esperanza, a las mujeres que aspiramos a que esta realidad, tan injusta, cambie”, planteó, a manera de reflexión.
En materia de criminalización del procedimiento médico, Feminacida señaló que el fenómeno presenta una tendencia alcista, y que, solamente “durante el período 2000-2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado”, el delito que suele tipificarse en estos casos.
