El empleo dejó de ser garantía de salida de la pobreza. En América Latina, millones de mujeres trabajan todos los días y, aun así, permanecen en la miseria. Es un patrón que se repite en la región y revela una falla estructural: el mercado laboral absorbe trabajo femenino en condiciones que no permiten sostener una vida digna.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo ha documentado de manera consistente. La pobreza tiene rostro femenino y se concentra en determinados grupos: mujeres con baja escolaridad, habitantes de zonas rurales, trabajadoras informales y, de manera marcada, hogares monoparentales encabezados por mujeres. En estos últimos, la incidencia de la pobreza es significativamente mayor que en los hogares con dos adultos. No es un problema de inserción laboral. Muchas de estas mujeres trabajan. El problema es la calidad del empleo al que acceden.
En América Latina, más del 50% de las mujeres ocupadas se desempeñan en la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto implica la ausencia de contrato, ingresos inestables, protección social nula y una alta exposición a la pobreza. En el caso del trabajo doméstico remunerado —uno de los principales nichos laborales para las mujeres—, la informalidad supera el 70% en varios países de la región.
Cuando se desglosa por país, la desigualdad se vuelve más evidente. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, más de la mitad de las mujeres vive en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad económica, según estimaciones regionales del Banco Mundial y de la CEPAL. En Bolivia y Perú, aunque la pobreza monetaria ha mostrado descensos en la última década, las mujeres siguen concentrándose en los segmentos de menor ingreso y mayor precariedad laboral. En México y Colombia, economías más grandes, la brecha persiste en los márgenes: las mujeres tienen mayores tasas de informalidad y menores ingresos promedio, incluso cuando participan en el mercado laboral.
El orden puede variar según el indicador —pobreza extrema, pobreza monetaria o vulnerabilidad—, pero la tendencia se mantiene. Los países con mayores niveles de pobreza estructural son también aquellos en los que la inserción laboral femenina está más asociada a la informalidad y a actividades de baja productividad. El trabajo existe. Lo que falta es un ingreso suficiente.
El vínculo entre la pobreza y el empleo femenino no se entiende sin considerar el factor del tiempo. La CEPAL y ONU Mujeres han insistido en el concepto de “pobreza de tiempo”: las mujeres trabajan más horas que los hombres si se suman las tareas remuneradas y no remuneradas. Esa carga reduce su disponibilidad para empleos formales, limita su movilidad laboral y condiciona sus ingresos. No se trata de falta de esfuerzo. Se trata de una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado.
La economía del cuidado opera como un mecanismo de restricción. Las mujeres con hijos pequeños o con personas dependientes a su cargo tienden a aceptar empleos más flexibles, pero peor remunerados. En muchos casos, optan por la informalidad porque es la única forma de conciliar ingresos con responsabilidades domésticas. Esa decisión, que parece individual, se debe a la ausencia de servicios públicos de cuidado.
El resultado es una trampa. Trabajan, pero en condiciones que perpetúan la pobreza. La OIT ha señalado que el empleo informal no solo implica menores ingresos, sino también una alta volatilidad. Los hogares encabezados por mujeres son particularmente vulnerables a choques económicos porque carecen de redes de protección. Cuando el ingreso cae, no hay respaldo.
La brecha salarial agrava el problema. A nivel regional, las mujeres ganan en promedio entre 15% y 20% menos que los hombres, según datos de la CEPAL. La diferencia persiste incluso cuando se controlan variables como la educación y la experiencia. No se explica solo por el tipo de empleo. También responde a prácticas discriminatorias y a la segregación ocupacional que concentra a las mujeres en sectores de menor remuneración.
El caso del trabajo doméstico es ilustrativo. Es uno de los sectores con mayor presencia femenina y, al mismo tiempo, uno de los peor remunerados. A pesar de los avances normativos en algunos países, la implementación es débil. La mayoría de las trabajadoras domésticas sigue sin acceso pleno a la seguridad social. Es empleo, pero no garantiza derechos.
La maternidad introduce otra capa de desigualdad. Diversos estudios del Banco Mundial y de la CEPAL muestran que las mujeres con hijos tienen tasas de participación laboral y ingresos más bajos que las mujeres sin hijos. El llamado “castigo de la maternidad” se traduce en trayectorias laborales interrumpidas, menor acumulación de experiencia y una penalización salarial persistente. En contraste, la paternidad no tiene el mismo efecto en los ingresos de los hombres.
Costa Rica reproduce parte de este patrón. Aunque presenta indicadores sociales superiores al promedio regional, la informalidad femenina y la brecha en la participación laboral siguen siendo relevantes. Las mujeres tienen una menor tasa de ocupación y una mayor presencia en empleos de servicios de baja productividad. Los hogares monoparentales encabezados por mujeres presentan niveles más altos de vulnerabilidad económica. El empleo no ha sido suficiente para cerrar esa brecha.
El problema no es la falta de políticas. Es su alcance. La región ha avanzado en programas de transferencias condicionadas, en la legislación laboral y en algunos mecanismos de protección social. Sin embargo, estos instrumentos no han logrado transformar la estructura del mercado laboral ni redistribuir el trabajo de cuidados. La inserción laboral femenina se ha incrementado, pero no en condiciones de igualdad.
Los grandes retos son conocidos y, sin embargo, siguen pendientes.
La formalización del empleo femenino es lo primero. Sin acceso a contratos, a la seguridad social y a la estabilidad, el trabajo no puede cumplir su función de protección frente a la pobreza. Esto implica reformas laborales, incentivos para la formalización y el fortalecimiento de la inspección.
El segundo es la construcción de sistemas de cuidado. Sin servicios públicos accesibles y de calidad, las mujeres seguirán enfrentando restricciones para acceder a empleos de mayor productividad. Uruguay ofrece un antecedente, pero la mayoría de los países no ha desarrollado estructuras comparables.
El tercero es la igualdad salarial efectiva. No basta con legislación. Se requiere transparencia en las remuneraciones, en los mecanismos de fiscalización y en las sanciones por incumplimiento.
El cuarto es la protección social universal. Las mujeres en la informalidad quedan fuera de los sistemas contributivos tradicionales. Sin mecanismos alternativos, la vulnerabilidad se traslada a la vejez.
El quinto es el acceso a activos productivos. Las mujeres tienen menor acceso al crédito, a la propiedad de la tierra y a los recursos productivos. Esto limita su capacidad para generar ingresos sostenibles.
El 1 de mayo sigue celebrando el trabajo como fuente de dignidad. En América Latina, esa premisa no se cumple para una parte significativa de las mujeres. Trabajan, pero no salen de la pobreza. No por falta de esfuerzo, sino por la forma en que la economía organiza el trabajo y distribuye sus beneficios.
El problema no está en la participación femenina en el mercado laboral. Está en el tipo de empleo disponible y en las condiciones bajo las cuales se ofrece. Mientras esa estructura no cambie, el trabajo seguirá siendo insuficiente para garantizar una vida fuera de la pobreza. Y esa insuficiencia no es neutral, tiene rostro de mujer.
