El trabajo empieza antes del empleo. En millones de hogares de América Latina, la jornada laboral de las mujeres no inicia con un contrato ni termina con un salario. Empieza en la cocina, en el cuido de un niño, en la atención a una persona mayor, en la administración invisible del hogar. Ese trabajo no figura en el producto interno bruto, pero sostiene la economía que sí se mide.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha documentado que las mujeres dedican entre dos y tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esa desigualdad en el uso del tiempo no es un dato accesorio. Define las trayectorias laborales, los ingresos y los niveles de autonomía. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo plantea a nivel global: las mujeres realizan el 76% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo. América Latina reproduce esa tendencia con particular intensidad.
Cuando ese trabajo se mide, altera la lectura tradicional de la economía. México desarrolló una cuenta satélite del trabajo no remunerado que estima su valor en alrededor del 24% del PIB. Colombia, mediante la Ley 1413 de 2010, incorporó su medición a las estadísticas oficiales. Uruguay avanzó hacia un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que reconoce el cuidado como un componente de la política pública. No se trata de gestos simbólicos. Son intentos de corregir una omisión estructural: la exclusión del trabajo que reproduce la vida de las métricas económicas centrales.
Esa exclusión tiene una historia. La economía clásica y neoclásica delimitó lo “productivo” a lo que circula en el mercado. El trabajo doméstico quedó relegado al ámbito privado, asociado a lo femenino y naturalizado como una extensión de los roles de género. Desde la década de 1970, la economía feminista empezó a desmontar esa frontera. Autoras como Silvia Federici y Nancy Folbre cuestionaron la idea de que el trabajo no remunerado carece de valor económico. Lo que mostraron es lo contrario: ese trabajo subsidia al mercado laboral y reduce los costos para el Estado. Sin cuidado no hay fuerza de trabajo disponible. Sin reproducción social no hay producción.
La consecuencia es concreta. La CEPAL ha identificado el trabajo no remunerado como uno de los principales obstáculos para la inserción laboral femenina. Las mujeres participan menos en el mercado laboral y, cuando lo hacen, lo hacen en condiciones más precarias. La sobrecarga de cuidados limita la disponibilidad horaria, reduce las oportunidades de formación y restringe el acceso a empleos de calidad. Esa restricción se acumula a lo largo de la vida. Se traduce en menores ingresos, menor acceso a la seguridad social y pensiones más bajas.
El impacto es más severo en determinados contextos. Los hogares monoparentales encabezados por mujeres, las zonas rurales y los sectores de menores ingresos presentan niveles más altos de sobrecarga. En estos casos, el trabajo de cuidados no solo es invisible, sino también insustituible. No hay servicios públicos suficientes ni alternativas privadas accesibles. La economía del cuidado descansa, en la práctica, sobre los hombros de las mujeres.
Costa Rica no es una excepción. Aunque ha desarrollado mediciones del uso del tiempo, no ha consolidado un sistema nacional de cuidados ni ha integrado de manera sistemática el valor del trabajo no remunerado en sus cuentas económicas. La responsabilidad del cuidado sigue recayendo en los hogares. En ese esquema, las mujeres asumen el costo. La menor participación laboral femenina en el país no puede explicarse sin ese factor.
El problema no se corrige con el crecimiento económico ni con políticas de empleo aisladas. La OIT advierte que, sin una inversión pública sostenida en servicios de cuidado, la carga seguirá recayendo sobre los hogares. ONU Mujeres ha sintetizado la respuesta en tres líneas de acción: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados. Reconocer implica medirlo y darle visibilidad estadística. Reducir supone una inversión en infraestructura de cuidado. Redistribuir exige una transformación de la asignación social del tiempo y de las responsabilidades.
Ese planteamiento introduce los grandes retos que la región no ha resuelto.
El primero es el reconocimiento económico real. Medir sistemáticamente el trabajo no remunerado no es un ejercicio técnico menor. Implica modificar la forma en que los países conciben la producción y la riqueza. Las cuentas satélite han demostrado que es posible. El desafío es integrarlas en la toma de decisiones económicas y fiscales.
El segundo es la construcción de sistemas nacionales de cuidados. Uruguay ofrece un antecedente relevante, pero la mayoría de los países de la región no cuenta con estructuras públicas que garanticen servicios de cuidado accesibles y de calidad. Sin esa infraestructura, la carga no se redistribuye. Se mantiene en el ámbito privado.
El tercero es la corresponsabilidad. El cuidado no puede seguir siendo una tarea asignada por defecto a las mujeres. Requiere la participación del Estado, del mercado y de los hombres en los hogares. Sin ese cambio, cualquier política queda incompleta.
El cuarto es la protección social. Las mujeres que dedican años al trabajo no remunerado enfrentan desventajas acumuladas en materia de pensiones y de acceso a la seguridad social. Algunos países han explorado mecanismos para reconocer estos períodos, pero la cobertura sigue siendo limitada.
El quinto es el cambio cultural. La naturalización del cuidado como obligación femenina sigue siendo uno de los principales obstáculos. Sin una transformación de esa percepción, las políticas públicas operan sobre una base frágil.
Estos retos no son abstractos. Definen la capacidad de los países para reducir las desigualdades y sostener su desarrollo. El envejecimiento poblacional en la región añade presión al sistema. Habrá más personas que requieran cuidado y menos tiempo disponible si no se redistribuye la carga.
El 1 de mayo suele centrarse en el empleo formal, en los salarios y en las condiciones laborales visibles. Queda fuera una parte sustantiva del trabajo que hace posible todo lo demás.
En América Latina, ese trabajo tiene rostro femenino y sigue sin salario, no como una omisión técnica, sino como una decisión política que organiza la economía sobre una base desigual. Corregirla implica algo más que reconocer cifras en una cuenta satélite. Implica redefinir qué se entiende por trabajo, quién lo realiza y cómo se distribuyen sus beneficios.
