Para las vicealcaldesas costarricenses, el desempeño de su cargo tendría que dejar de implicar una situación de sumisión respecto a los alcaldes, y pasar a servir como una oportunidad de aprendizaje para eventualmente desempeñarse como titulares de alcaldías.
Al desarrollar esta línea de análisis respecto a los comicios municipales llevados a cabo el 2 de este mes en Costa Rica, Nuria Marín, abogada, analista política, y activista de los derechos de las mujeres, denunció, en diálogo con Petra, la existencia de violencia de género política, y la ausencia, en términos generales, de voluntad estatal y de los partidos en cuanto a combatirla.
“La legislación municipal no asigna labores específicas a la labor de la vicealcaldía”, subrayó Marín, quien preside la organización Asociación para la Potenciación y el Liderazgo Social (ALAS) y del Movimiento Nacional por la Igualdad de Género (Balance).
En tal contexto, las vicealcaldesas, por lo general, son asignadas, por los alcaldes, al cumplimiento de tareas administrativas de menor relevancia –incluida la cotidiana preparación de café-, de acuerdo con lo denunciado por diferentes organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, la situación tendría que ser otra, para estas jerarcas municipales, señaló Marín.
En realidad, “estas vicealcaldesas deberían tener, en el ejercicio de su puesto, una escuela política, por sí misma, para ocupar opuestos a la alcaldía”, precisó.
“Pero, si ellas tienen una relación de subordinación, en donde el alcalde establece cuáles son las funciones –que, normalmente, son poco importantes-, entonces, se pierde el sentido de esa escuela política por naturaleza, que es el ejercicio del poder en las municipalidades”, reflexionó.
No obstante esa tradicional situación discriminatoria, las mujeres municipalistas adquieren, de hecho, algún grado de experiencia en el desempeño de otros cargos en gobierno locales, pero eso no resulta suficiente para superar estereotipos y otros prejuicios de género, explicó Marín.
“No es que no haya expertise (experiencia), porque los órganos multipersonales –como son los concejos municipales-, sí, tienen una alta participación de mujeres”, señaló, para puntualizar que “el tema es que ellas no tienen las herramientas, y, además, tienen todos los estereotipos que hacen que ellas no participen a aspirar al puesto máximo de la alcaldía”.
Ello obedece a la multiplicidad de obstáculos que las mujeres -solamente por serlo-, enfrentan al incursionar, en este caso, en el área política municipal, donde la dinámica patriarcal inclina la balanza a favor de los varones, indicó.
“Yo creo que hay toda una serie de barreras: hay violencia política en los partidos políticos (…) hay una dinámica que favorece a los hombres, la situación de que no haya entrenamiento para estas mujeres, que haya dificultades para acceder a fondos”, dijo, al mencionar apenas algunos ejemplos.
En opinión de la experta, “hay que trabajar el tema del empoderamiento personal y el empoderamiento político de las mujeres, hay que ayudarlas a trabajar el tema de comunicación y negociación, hay que ayudarlas a trabajar en el tema de recaudación de fondos -que es muy importante en la aspiración a cualquier puesto de elección popular-, y todos esos temas hacen que les sea, a las mujeres, más difícil de llegar a ocupar estos puestos”.
Respecto a los resultados de la votación municipal llevada a cabo el fin de semana pasado en este país centroamericano, Marín expresó preocupación.
De acuerdo con los datos provisionales emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de las 82 alcaldías costarricenses, apenas nueve serán encabezadas por mujeres durante el período 2020-2024.
Ello significa una baja respecto a las 12 elegidas para el cuatrienio 2016-2020 –entonces, de un total de 81 alcaldías-.
“Cuando hay pocas candidatas, obviamente, el resultado va a significar que hay pocas elegidas”, planteó Marín, en alusión al hecho de que, según cifras| oficiales, de las 692 candidaturas a alcalde registradas por el TSE, apenas 159 –un 23 por ciento-correspondió a mujeres, frente a 533 –alrededor de 77 por ciento- de hombres.
“Esto, es un tema que viene dándose en las últimas elecciones”, señaló la activista quien se refirió a la falta de preparación que Estado y partidos ofrecen a las mujeres en ese campo,
“Creo que el país –el Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres), el Tribunal Supremo de Elecciones-, pero, sobre todo, los partidos políticos, han perdido ese interés por brindar capacitaciones, y empoderamiento político, a las mujeres, sobre todo a las mujeres municipalistas”.
Frente a ello, “nosotros, desde la organización que yo presido –que es ALAS-, hemos venido con algunos esfuerzos de dar capacitación a todas las mujeres municipalistas de todos los partidos políticos, precisamente, por la preocupación de esas carencias, que no se encuentra en los partidos políticos”, agregó.
Marín dijo que coincide con aspectos planteados en el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) sobre el tema de la desigualdad de género en el ámbito político costarricense.
En la media docena de “Hallazgos y Recomendaciones” contenidas en el documento de 10 páginas, la misión abordó, en el segundo punto, la “Participación política de las mujeres”, donde señaló una serie de disposiciones –las que califico de robustas- que apuntan a la equidad de género política, y advirtió que, “tal como están siendo aplicadas, las normas vigentes no garantizan la incorporación de las mujeres a cargos públicos municipales en condiciones de igualdad”.
Ante ello, el equipo de trabajo de la OEA recomendó “revisar las disposiciones vigentes y adoptar nuevas medidas que permitan el acceso efectivo de las mujeres a los puestos de toma de decisión, tanto en el plano nacional como en el municipal”, además de “profundizar los esfuerzos realizados para la promoción y formación de nuevas líderes políticas”.
Al respecto, indicó que “los programas de capacitación y empoderamiento realizados tanto por el Tribunal como por INAMU son espacios valiosos que deben ser replicados”.
En el tema “Violencia política contra las mujeres”, la misión precisó que, “en Costa Rica, como en otros países de la región, la violencia política por razones de género es una problemática que persiste y que afecta en particular a aquellas mujeres que participan en política a nivel municipal”.
“Académicas, candidatas, representantes de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con las que se entrevistó la Misión manifestaron su preocupación por las distintas formas de discriminación y presión de las que han sido víctimas las mujeres políticas a nivel local”, agregó.
Entre otras recomendaciones para hacer frente al problema, la MOE/OEA recomendó, entre otros puntos, “avanzar en la elaboración de una ley sobre violencia político-electoral contra las mujeres conforme a las obligaciones de derecho internacional asumidas por Costa Rica orientadas a la prevención, investigación, sanción y reparación de todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres”.
También sugirió que el proceso de construcción de esa legislación “debe ser precedido por espacios participativos e inclusivos de las víctimas y mujeres afectadas por incidentes de violencia político-electoral”.
