En América Latina y el Caribe persisten los embarazos de niñas menores de 15 años, las uniones tempranas y las barreras para continuar estudiando. Las cifras revelan una realidad en la que la violencia sexual, la desigualdad económica y las limitaciones de los sistemas de protección condicionan el futuro de niñas y adolescentes.
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En América Latina y el Caribe todavía hay niñas que dan a luz antes de cumplir los 15 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó, para 2023, una tasa de 2,3 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años en la región. Detrás de ese indicador hay embarazos que requieren atención sanitaria especializada y una investigación cuidadosa de las circunstancias en las que ocurrieron, en particular ante posibles situaciones de violencia sexual.
La maternidad infantil plantea un problema de derechos humanos que las estadísticas generales sobre el embarazo adolescente pueden ocultar. Una niña de 11 o 12 años no se encuentra en las mismas condiciones físicas, psicológicas ni jurídicas que una adolescente de 17 años. La diferencia es fundamental para determinar las responsabilidades de protección, las necesidades de atención médica y la intervención de las autoridades.
La OMS distingue entre ambos grupos de edad en sus indicadores. En 2023, la tasa regional de nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años fue de 51,4 por cada mil, considerablemente superior a la de las niñas menores de 15 años. Aunque ambas cifras reflejan desafíos para la salud pública, requieren interpretaciones diferentes. El embarazo en una adolescente mayor puede deberse a diversas circunstancias; en una niña pequeña, debe activarse una evaluación especialmente rigurosa de posibles abusos y coacción.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que en América Latina y el Caribe se producen alrededor de 36.000 nacimientos anuales de niñas menores de 15 años. La cifra pone de manifiesto la persistencia del problema, aunque no permite establecer por sí sola cuántos embarazos fueron consecuencia de una agresión sexual. Para determinarlo, se necesitan registros de protección, investigaciones judiciales y datos sanitarios que permitan examinar cada situación.
La violencia sexual puede producirse en el entorno familiar o en relaciones caracterizadas por diferencias de edad, autoridad y dependencia. En estas circunstancias, una niña puede carecer de recursos para reconocer el abuso, comunicar lo ocurrido o buscar ayuda. La intervención institucional debe garantizar su seguridad y evitar que las decisiones familiares sustituyan la protección de sus derechos.
El embarazo a edades tempranas también implica riesgos médicos. La OMS advierte de que las madres adolescentes de entre 10 y 19 años presentan un mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años. Sus hijos e hijas tienen mayor probabilidad de presentar bajo peso al nacer, prematuridad y determinadas complicaciones neonatales. Estas estimaciones corresponden al conjunto de adolescentes estudiadas y no deben interpretarse como tasas específicas de niñas menores de 15 años.
A las consecuencias sanitarias pueden sumarse interrupciones educativas, dependencia económica y dificultades para continuar los proyectos personales. Una niña embarazada necesita atención médica, apoyo psicológico cuando corresponda y condiciones que le permitan permanecer en el sistema educativo. La respuesta pública debe atender su situación inmediata y garantizar la continuidad de sus derechos.
Las uniones tempranas constituyen otro componente de esta realidad. Una publicación regional presentada en 2026 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el UNFPA señala que, en 2025, aproximadamente el 18,4 % de las mujeres de entre 20 y 24 años había contraído matrimonio o iniciado una unión antes de cumplir los 18 años.
El estudio también identifica importantes diferencias relacionadas con el nivel de ingresos, el territorio y la pertenencia étnico-racial. Entre las niñas y adolescentes de 10 a 17 años que alguna vez habían estado unidas, el 61 % no estudiaba ni trabajaba a cambio de remuneración, frente al 7 % de sus pares solteras. La comparación muestra una marcada desigualdad en sus trayectorias educativas y económicas, aunque por sí sola no permite establecer que la unión sea la causa exclusiva de esa diferencia.
En muchos contextos, estas uniones se producen bajo condiciones de dependencia material y desigualdad de poder. La existencia de una convivencia o una relación reconocida por la familia no elimina las obligaciones estatales de proteger a las personas menores de edad frente a la explotación, el abuso y otras formas de violencia.
El UNFPA ha propuesto un modelo regional de prevención que contempla educación, protección social, acceso a servicios y cambios en las normas que perpetúan las uniones infantiles. Las intervenciones requieren especial atención a las niñas que viven en situación de pobreza, en zonas rurales o en comunidades con dificultades de acceso a los servicios públicos.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la protección frente a la violencia sexual y la explotación, así como el acceso a la salud y la educación. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece, además, que los matrimonios y las uniones de hecho de niños y niñas no tendrán efectos jurídicos y exige medidas para fijar una edad mínima para contraer matrimonio.
La prevención de la maternidad infantil exige servicios sanitarios accesibles, educación integral en sexualidad adecuada a cada edad, detección temprana de abusos y procedimientos de denuncia que protejan a las víctimas. También requiere que las instituciones actúen con independencia de las presiones familiares cuando existan indicios de violencia.
Una niña embarazada sigue siendo una niña. Su atención debe partir de esa condición y de los derechos que le corresponden, sin convertir la maternidad en una razón para privarla de su educación, su protección o sus oportunidades de desarrollo.
Fotografía: Composición para Revista Petra basada en López, P. (2021, 13 de septiembre). Embarazo adolescente, grave problema social. Gaceta UNAM.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). CEPAL y UNFPA presentaron una nueva publicación sobre matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/notas/cepal-unfpa-presentaron-nueva-publicacion-matrimonios-uniones-infantiles-america-latina-caribe
Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2025, 8 de mayo). Modelo integral para prevenir los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados (MUITF) en América Latina y el Caribe. https://lac.unfpa.org/es/publications/modelo-integral-para-prevenir-miutf
Fondo de Población de las Naciones Unidas. (s. f.). Violencia basada en género. https://lac.unfpa.org/es/topics/violencia-basada-en-g%C3%A9nero
Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
Organización Mundial de la Salud. (2024, 10 de abril). Embarazo en la adolescencia. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-p
