El estudio “La economía de las prohibiciones del aborto”, sostiene que eliminar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre tener hijos y cuándo concebirlos, tendría efectos muy perjudiciales sobre la economía
El acceso al aborto y el progreso económico están fuertemente relacionados entre sí, de manera tal que la eliminación del primero incide, perjudicialmente, en el segundo, de acuerdo con lo planteado en un estudio del Instituto de Política Económica (Economic Policy Institute, EPI) dio recientemente a conocer.
El aborto es visto como un tema de índole personal, más que como un asunto de naturaleza económica, aseguró el EPI, instituto que, fundado en 1985, se define como un tanque de pensamiento sin fines de lucro que fue creado para incluir, en el debate sobre política económica, a los trabajadores de ingresos bajos y medianos.
En su sitio en Internet, se indica, asimismo, que “el EPI cree que cada persona trabajadora merece un buen trabajo con salario justo, asistencia médica accesible, y seguridad al pensionarse”, para lo cual “realiza investigación y análisis sobre el estatus económico del Estados Unidos trabajador”, y “propone políticas públicas que protegen y mejoran las condiciones económicas de los trabajadores de ingreso bajo y medio, y evalúa las políticas respecto a cómo afectan a esos trabajadores”.
En el país norteamericano, a raíz de la prohibición del aborto dispuesta el 24 de junio de 2022, por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, en los estados que implementan políticas restrictivas en la materia, se aplica una iniciativa de desempoderamiento económico, denunció el EPI.
“El aborto ha sido, durante mucho tiempo, encasillado como un tema cultural, religioso, o personal más que como una preocupación material de ´pan y mantequilla’, (o sea) económica”, señaló el instituto, en el estudio de ocho secciones contenidas en 28 páginas, que tituló “La economía de las prohibicionesdel aborto” (“The economics of abortion bans”).
Desde que el principal tribunal judicial estadounidense dejó sin efecto la legislación que permitía la interrupción del embarazo, “más creadores de política económica vienen enfatizando el tema como una preocupación económica que requiere atención”, agregó, en el documento que subtituló “Prohibicionesde aborto, bajos salarios, y subinversión pública son herramientas de política pública interconectadas para desempoderar y controlar a los trabajadores” (“Abortion bans, low wages, and public underinvestment are interconnected economic tools to disempower and control jokers”).
A manera de ejemplo, citó a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien –“posiblemente en el primer comentario público sobre el tema (la decisión de la corte) por una importante figura pública”- dijo que “eliminar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre cuándo y si tener hijos, tendría efectos muy perjudiciales sobre la economía, y harían que las mujeres retrocedieran décadas”.
De acuerdo con lo planteado por el EPI, esta conexión directa entre el aborto y el acceso a la reproducción, por una parte, con los derechos económico, por la otra, es clave, y aseguró, a continuación, que “el acceso al aborto está fundamentalmente entrelazado con el progreso y la movilidad económicos”.
Para ilustrar el planteamiento, la institución reveló, en carácter de denuncia social, que, “específicamente, en estados donde el aborto ha sido prohibido o restringido, las restricciones al aborto constituyen una parte adicional en un sostenido proyecto de sojuzgamiento y desempoderamiento económicos”.
En ese sentido, al enumerar los “hallazgos clave” del estudio, indicó que los estados en los cuales se limita -o se prohíbe- el derecho al aborto, en promedio, presentan “salarios mínimos más bajos” –ubicándolosen 8.17 dólares frente a los 11.92 dólares pagados en los estados donde ese derecho es protegido.
Además, “los niveles de sindicalización son la mitad de (los registros en) los estados con aborto protegido”, señaló.
En alusión a la influencia de los grupos contrarios a lainterrupción del embarazo, y a su persistente presión, el EPI señaló que, “mientras (algunos) estados han erosionado el acceso al aborto, durante décadas, el veredicto de la Corte Suprema abrió el camino a restricciones más amplias, que tendrán consecuencias duraderas y de amplio alcance”.
Según la explicación que la institución de investigación y análisis socioeconómicos dio del vínculo entreambos componentes, “el acceso al aborto es un tema económico porque el acceso -e, inversamente, la negativa- a servicios de aborto directamente impacta las experiencias de los mercados laborales y los resultados económicos”.
“La decisión de si y cuando tener hijos es económica, con poderosos efectos en la vida profesional y personal de las personas”, puntualizó, a continuación.
También aseguró que, mientras la prohibición del aborto presenta secuelas económicas, físicas, y psicológicas, el acceso está asociado con efectos socioeconómicos favorables, entre ellos menores tasas de maternidad y matrimonios adolescentes.
El acceso al aborto presenta, asimismo, “impacto en las desigualdades raciales y económicas, además de las limitaciones en la salud y la libertad reproductivas”, planteó.
Al respecto, el instituto señaló, como ejemplo, que, “en 2019, en los 30 estadios (del total de cincuenta que constituyen el país) que proporcionaron datos demográficos de las mujeres quienes obtuvieronabortos en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), las mujeres constituyeron la proporción mayor, en 38.4%”.
“La actual realidad de prohibiciones de aborto (…) probablemente agudice las desigualdades que estas mujeres enfrentan”, advirtió, para agregar, de inmediato, que “las mujeres Negras e Hispanas ya enfrentan agudas desventajas, desde discriminación en el mercado laboral hasta brechas en salarios e ingresos”.
“Esto se complementa con la profunda brecha salarialde género que las trabajadoras enfrentan, como sector”, señaló, además de puntualizar que, “si bien la decisión de la Corte Suprema no mencionó raza, esa no fue -y no existe- una política ‘racialmente neutral’”.
Foto: Hannah Nelson
