El fútbol femenino es el nuevo escenario del fenómeno -sin control- de las desapariciones de mujeres y menores, en El Salvador.
La jugadora Jimena Ramírez, con habilidad para desempeñarse en diversas ubicaciones en la cancha -lo mismo central que volante, por ejemplo-, desapareció el 24 de octubre, luego de haber participado en un partido que tuvo lugar en la central ciudad de Santa Tecla, cabecera (capital) del departamento (provincia) de La Libertad, según versiones periodísticas.
La carrera de la deportista de 21 años de edad, en la Primera División del fútbol salvadoreño, se ha desarrollado en las escuadras femeninas de tres equipos
-sucesivamente, Alianza (en Alianza Women), Club Deportivo Atlético Marte, Sonsonate Fútbol Club-.
Los dos primeros, son capitalinos, mientras que el tercero tiene sede en la ciudad de Sonsonate, la capital del occidental y costero departamento de igual nombre.
Finalizado el juego, aproximadamente a las 2000 hora local, la futbolista de 21 años de edad se separó del grupo de compañeras en el que estaba, dirigiéndose, sola, a un establecimiento comercial, momento desde el cual se desconoce su paradero, de acuerdo con las mismas fuentes.
En conferencia de prensa realizada cuatro días después, en San Salvador -la capital nacional-, familiares y colegas de Ramírez, junto con defensoras locales de los derechos de las mujeres, denunciaron y condenaron la desaparición, además de que exigieron, a las autoridades, la ubicación de la joven, lo mismo que una exhaustiva investigación del hecho delictivo.
Las activistas, de diversas organizaciones, subrayaron el hecho de que el caso de la deportista se inscribe en la creciente ola de desapariciones de mujeres -así como de niñas-, que afecta al país centroamericano, a nivel nacional.
“La problemática de las desapariciones ha tocado al fútbol femenino de El Salvador”, reflexionó, durante el diálogo con periodistas, Edith Elizondo, integrante de la agrupación Las Mélidas.
La activista planteó la necesidad de que las autoridades directamente involucradas en poner freno al fenómeno tienen que “implementar campañas de información y educación”, que apunten a capacitar a las potenciales víctimas en cuanto a cómo actuar en situaciones de riesgo.
Asimismo, Elizondo exhortó, a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) a tomar medidas ante el ascendente fenómeno delictivo.
“Los clubes que en sus canteras tienen niñas y jóvenes, se les hace el llamado de mecanismos para garantizar que esas mujeres lleguen, a su casa, sanas”, planteó la dirigente.
Por su parte, Marielos Pérez, en representación de Alerta Raquel, expresó que “tenemos la esperanza que Jimena será encontrada con vida”.
La Alerta Raquel es un mecanismo de denuncia establecido, en 2020, por la Asociación Mujeres Ixchel, con el propósito de llamar la atención sobre ese tipo de delito, además de contribuir la agilización de la búsqueda de víctimas.
El mecanismo lleva el nombre de una joven de 24 años, desaparecida, un año antes, en la colonia Santísima Trinidad, en la central ciudad salvadoreña de Ayutuxtepeque.
La organización está proporcionando acompañamiento, a la familia de Ramírez, en el proceso de búsqueda de la desaparecida, según indicó Pérez.
Al exponer durante la conferencia de prensa, Pamela Ramírez, compañera de la víctima, denunció, concretamente, que “nosotras, como futbolistas y deportistas, siempre estamos en alto riesgo, por practicar deportes donde desafiamos los estereotipos de género”.
En ese sentido, las organizaciones y demás participantes en el diálogo con medios de comunicación, plantearon, en un comunicado, que, “a las futbolistas, también, nos desaparecen”.
“Subrayamos que no es la ropa que usamos, no es la hora, no es el lugar: es porque somos mujeres, es la inseguridad y la violencia que vivimos en el país”, denunciaron.
Respecto a la desaparición de Ramírez, es poca la información dada a conocer por las autoridades involucradas en la investigación del caso.
En ese sentido, en una declaración difundida en la red social Twitter, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó, sin entrar en detalles sobre la pesquisa, que “en relación a la desaparición de Jimena Ramírez, informamos que estamos en las investigaciones correspondientes”.
En alusión a la Fiscalía General de la República, tuiteó, además, que “las indagaciones son realizadas en coordinación con @FGR SV, unificando así los esfuerzos para dar con su paradero”.
En un recuadro acompañando el texto, la fuerza de seguridad se dirigió a la población: “necesitamos de tu ayuda para dar con la desaparición de Jimena Ramírez”.
“Fue vista por última vez en la colonia quezalte -quequeisque- alrededor de las 8 de la noche”, agregó, para precisar que “andaba vestida con una blusa morada lila y un shorts y tenis rojo”, además de recomendar que “si la has visto en alguna parte te puedes comunicar al tel. 7585-6331”.
De acuerdo con algunas versiones periodísticas, la acción delictiva contra Ramírez ocurrió en la Colonia Quezaltepec, en Santa Tecla.
“Ayúdanos a compartir para poder encontrarla y que pueda regresar a casa con bien”, exhortó.
En un recuadro adicional -en este caso, de fondo rojizo- incluido en el tuit, la PCN, difundió dos fotografías de la futbolista -una de ellas, con apariencia de selfie-, debajo del llamado: “ayúdanos a encontrarla”.
En el contexto de la conmoción generada por el caso de Ramírez, y de la escalada que El Salvador registra en materia de estos delitos, un diputado de un partido político afín al gobierno del autoritario y cuestionado presidente salvadoreño Nayib Bukele, generó inmediata y masiva crítica al declarar que, ante la ascendente incidencia de las desapariciones, la población debe autocuidarse.
“Hay que tratar que los primeros que nos cuidemos, seamos nosotros”, porque “no puede haber un policía por cada salvadoreño”, afirmó el diputado Romeo Auerbach, legislador por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), en la sesión plenaria que la unicameral Asamblea Legislativa salvadoreña llevó a cabo el 29 de octubre.
GANA es la agrupación que postuló a Bukele, como candidato presidencial, en las elecciones generales de 2019.
Las reacciones en redes sociales, principalmente Twitter, fueron inmediatas y numerosas.
“Vivir en residenciales privadas, camionetas blindadas y escoltas 24/7 no deja pensar con claridad cómo nos jugamos la vida a diario los menos privilegiados”, escribió el tuitero identificado como Milderlito.
“Adónde iremos a para si nos están matando a nuestros hijos y nadie hace nada por frenar esto”, agregó, a manera de interrogante.
El tuitero hizo, en ese sentido, referencia a la iniciativa de seguridad así denominada, que fue puesta en marcha, el 20 de junio de 2019 -exactamente 19 días después de Bukele asumió la presidencia, para el quinquenio 2019-2024-, con presupuesto de 575.2 millones de dólares.
Otro participante en esa red social, identificado como J Albano, escribió que “la tónica de este gobierno era: culpa de los otros”, mientras que “ahora es culpa del ciudadano”, y agregó: “estamos solos”.
Por su parte, la también contrariada usuaria Marta Evelin, se dirigió al diputado: “en otras palabras señor Romero Auerbach el plan de control territorial es un fracaso rotundo, cuidémonos solos”.
No obstante la implementación del plan, específicamente en materia de desapariciones
-cuyas víctimas principales son mujeres y niñas-, la situación de inseguridad ciudadana se ha agudizado.
En ese sentido, durante la conferencia de prensa del 28 de octubre, Elizondo informó, a manera de ejemplo, que, “desde Alerta Raquel hemos reportado 172 alertas, de noviembre del 2020 a octubre del 2021”.
La activista precisó, a continuación, que, mayoritariamente, “las desapariciones que registramos son de niñas y adolescentes entre los 15 a 17 años”.
Por su parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para El Salvador, la abogada jamaiquina Margarette May Macaulay, formuló, durante una audiencia que el organismo llevó a cabo el mes pasado, en su sede en Washington, una exhortación, al régimen de Bukele, a implementar medidas preventivas ante la crisis de ese país en materia de seguridad ciudadana -que afecta, en particular, a la población femenina-.
Macaulay -una ex magistrada (2007-2021) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal continental con sede en San José, la capital de Costa Rica- expresó, entonces: “me preocupa que el Estado parece concentrarse muchísimo más (…) en las acciones reactivas, no en las preventivas”.
