Bertha Deleón se convirtió en uno de numerosos objetivos de persecución política del presidente Bukele, al punto que tuvo que trasladarse con su hija a México, poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la implementación de medidas cautelares protectoras
Luego de haberlo defendido, exitosamente, en varios procesos judiciales que Bukele enfrentó en 2016-2019, y después de haber creído que el joven presidente podía marcar una constructiva diferencia para el país centroamericano, la jurista se convirtió en firme opositora -y, por lo tanto, en perseguida política-, lo que le significó exiliarse.
Al narrar su caso, en declaraciones que el diario español El País difundió el 24 de julio, la abogada describió, a Bukele, como una persona vengativa respecto a quienes lo cuestionan.
Deleón relató, al periódico, que el vínculo con Bukele se inició en 2015, cuando el actual mandatario era alcalde de San Salvador -la capital nacional-.
La abogada formó parte del grupo de juristas quienes lograron, ese año, la inclusión del cargo de lavado de dinero en el proceso judicial contra el ex presidente (1999-2004, fallecido en 2016) Francisco Flores -dirigente de la ultraderechista y escuadronera Alianza Republicana Nacionalista (Arena)-.
El alto perfil profesional que presenta Deleón -quien considera que, en El Salvador, “el derecho penal es una selva”-, llamó la atención del entonces gobernante municipal, de acuerdo con el relato de la abogada.
Bukele “me empezó a escribir por DM (Mensaje Directo), en Twitter, y me hacía preguntas de ese caso y de otros casos, y yo le contestaba como les contestaba a otros”, indicó.
“Nunca lo había visto en persona”, aclaró, para agregar que “me parecía alguien progresista”.
Deleón indicó, además, a El País, que Bukele la invitó, en 2016 a integrarse a su equipo legal, del cual pasó a ser la única mujer -en el grupo de 12 profesionales-.
Entre los procesos judiciales en los que fue su defensora, figura uno, por difamación, desarrollado en 2019 -cuando era presidente electo-.
La abogada calificó de abierto, el diálogo que mantenía con el dirigente, y, en una conversación sobre el inminente gobierno bukeleano, le expresó interés en ser ministra de Seguridad -lo que no ocurrió-.
Al explicar al medio de comunicación las razones de su propuesta, indicó que, “primero, porque pensaba, genuinamente, que Nayib iba a hacer una política distinta”.
“O sea, yo creía que era progresista, que iba a ser capaz de innovar y que, por ejemplo, iba a abrirse a dialogar con las pandillas, de una manera abierta”, siguió relatando.
“Ahora que lo digo, me duele decir eso, porque me siento tan pendeja (tonta)”, reflexionó, para agregar que, “genuinamente, yo creía que iba a ser un nuevo comienzo, y que, tal vez, iba a tener posibilidad de probar algo que antes no se había hecho”.
“Yo conozco el sistema penitenciario de El Salvador, trabajé en los juzgados (…) desde el 2005, que empecé a hacer carrera, me he movido en el ambiente penal”, indicó.
“Yo sé que la seguridad no es solo el tema criminológico, que engloba otras cosas, pero en El Salvador eso es gran parte del problema, y es a lo que nadie le quiere entrar”, dijo.
“Y yo conozco el sistema penitenciario, conozco el derecho penitenciario, conozco el bajo mundo de todo lo que eso implica, y creía que podía lidiar con eso”, subrayó.
Un año después del triunfo electoral de Bukele, cuando el mandatario llegó, con un contingente militar, a la sede de la Asamblea legislativa, para presionar la aprobación de un financiamiento para el sector Seguridad, Deleón le tuiteó: “la cagaste”.
“La paciencia la tenemos que tener nosotros para aguantar cuatro años de berrinches y desmanes del presidente más cool”, agregó.
En respuesta, Bukele “me dijo: ‘ya me tiraste mierda en el Twitter, esto nunca te lo voy a perdonar’. Fue la última vez que tuve un intercambio directo” con el mandatario, señaló.
La jurista dijo, también, que, durante la campaña con miras a la elección parlamentaria del 28 de febrero de 2021, fue intensamente crítica del papel de Bukele como presidente del país centroamericano.
Agregó que, ese día, tras haber fracasado en su intento por ocupar uno de los 84 escaños en la Asamblea Legislativa, dialogó con una amiga, y abordó el tema de que, durante la campaña electoral, fue blanco de fuerte hostigamiento.
“Me andaban siguiendo en moto, me intervinieron mis teléfonos, me hackearon mi correo electrónico, me metían drones en el patio de mi casa, en cuestión de tres meses, perdí el 80 por ciento de mis clientes”, relató a El País.
Deleón dijo que el consejo de su amiga fue inequívoco. “Mirá: vos te tenés que ir, y te tenés que ir ya”, le dijo
Instalados el 1 de mayo de 2021, los nuevos integrantes del organismo legislativo -con mayoría del partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele- iniciaron labores barriendo con los integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
También removieron al entonces fiscal General de la República, Raúl Melara, a quien reemplazaron con Rodolfo Delgado, un bukelista incondicional.
Deleón relató, a El País, que, días después del nombramiento de Delgado, fue citada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Dijo que, en ese momento, denunció que “me leyeron cinco cargos diferentes”, de naturaleza penal, y agregó que “el fiscal de facto ha comenzado a cumplir el rol de perseguir a quienes el Gobierno o el presidente considera incómodos”.
El hostigamiento se intensificó -seguimiento ostensible, vigilancia por manejo de drones, acoso en redes sociales-, al punto en que “yo ya no dormía”, todo lo cual determinó que siguiese el consejo de su amiga -y de otras personas allegadas, incluida su madre-, en el sentido de exiliarse.
En agosto de 2021, se trasladó, con su hija menor, a México -donde se encuentra, en calidad de refugiada, en ruta a Estados Unidos-, poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la implementación de protectoras medidas cautelares.
La CIDH describió la situación de la abogada, como “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”, lo mismo que “una situación de riesgo a su vida e integridad”.
