La representación política de las mujeres es una condición necesaria para la igualdad. La conformación de la Asamblea Legislativa es un hito histórico sin precedentes; no obstante, no es garantía automática de una legislación con perspectiva de género ni de una defensa efectiva de los derechos de las mujeres y de las minorías históricamente vulneradas.
Costa Rica entra a un nuevo ciclo político con un dato que ya es histórico. Como indica el recuento preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la próxima Asamblea Legislativa (2026-2030) estará conformada por 30 mujeres y 27 hombres, convirtiéndose en la primera legislatura con mayoría femenina desde la instauración del Congreso. El hecho marca un hito democrático innegable y sitúa al país entre las naciones con la mayor representación política de mujeres a nivel mundial.
En la legislatura saliente (2022-2026), ya se había alcanzado un récord de 27 diputadas, cifra que en su momento fue celebrada como un avance significativo en la participación política femenina. Cuatro años después, ese umbral vuelve a superarse. La tendencia confirma que los mecanismos de paridad y alternancia han logrado abrir las puertas del poder legislativo a más mujeres, rompiendo inercias históricas de exclusión.
Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. Porque si bien la representación es condición necesaria para la igualdad, no es garantía automática de una legislación con perspectiva de género, ni de una defensa efectiva de los derechos de las mujeres y de las minorías históricamente vulneradas.
A nivel global, la experiencia lo demuestra. Según datos de organismos internacionales que monitorean la participación política de las mujeres, solo seis países del mundo han alcanzado o superado el 50 % de mujeres en sus parlamentos: Ruanda, Cuba, Nicaragua, México, Andorra y Emiratos Árabes Unidos. Estos casos muestran que la paridad numérica puede responder a contextos políticos distintos y no siempre se traduce en agendas legislativas progresistas ni en la ampliación de derechos. En algunos casos, por el contrario, han mostrado retrocesos severos en derechos reproductivos, laborales y políticos.
Costa Rica no es ajena a esta situación. La nueva mayoría femenina estará conformada por mujeres de diversas corrientes ideológicas, partidos políticos y visiones del país. No todas se identifican como feministas ni todas legislan a favor de los derechos de las mujeres, y eso no invalida el hito alcanzado, pero sí obliga a matizar el entusiasmo. La presencia de mujeres en los curules no elimina por sí sola las resistencias conservadoras, los pactos políticos ni las prioridades económicas o religiosas que suelen marcar la agenda legislativa.
Aun así, el avance es relevante. La evidencia muestra que tener más mujeres en los parlamentos aumenta la probabilidad de que se aborden temas que antes se ignoraban, como la violencia de género, los sistemas de cuidado, las diferencias salariales, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad, la protección social y la equidad territorial. No se trata de una garantía absoluta, sino de una ventana de oportunidad política.
El reto, entonces, es doble. Por un lado, es crucial que esta mayoría de mujeres tenga impacto en la agenda legislativa, no solo a través de palabras simbólicas, sino también creando alianzas que ayuden a defender derechos en un entorno regional e internacional donde están creciendo fuerzas conservadoras. Por otro lado, que la sociedad civil, los movimientos de mujeres y las organizaciones de derechos humanos mantengan una vigilancia activa sobre el desempeño legislativo, entendiendo que la representación no exonera de la rendición de cuentas.
También es clave mirar esta composición desde una perspectiva interseccional. No todas las mujeres enfrentan las mismas desigualdades ni representan las mismas realidades. La efectividad de esta mayoría dependerá, en buena medida, de su capacidad para visibilizar las voces de mujeres jóvenes, rurales, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y de las diversidades sexuales, cuyas demandas suelen quedar al margen del debate político tradicional.
A pesar de sus límites, el mensaje dirigido a la sociedad es poderoso y simbólico. Ver a más mujeres ocupando espacios de decisión tiene un efecto ejemplificador, especialmente para niñas y jóvenes que hoy observan la política como un territorio hostil y violento. En un país que se define como democrático y moderno, la igualdad en la representación ya no es una aspiración, sino un estándar mínimo de participación social.
Costa Rica ha dado un paso significativo el 1 de febrero en la elección de las personas representantes en el Congreso. Ahora viene el más complejo, que será demostrar que una mayor presencia de mujeres en el poder puede convertirse en una legislación más justa, más inclusiva y más consciente de las desigualdades estructurales. La historia ya registró el hito y nos posiciona a la vanguardia entre los países más paritarios del mundo. Lo que está por escribirse es su verdadero impacto en los derechos de las mujeres, sobre todo, en el innegable derecho a una vida libre de todas las formas de violencia.
