América Latina fue pionera en el uso de cuotas de género para enfrentar la subrepresentación femenina. Más de tres décadas después de la primera ley, la presencia de mujeres aumentó de manera sustancial, mientras que la experiencia regional demostró que el porcentaje exigido es solo una parte de la transformación necesaria para acceder al poder político en igualdad de condiciones.
En 1991, Argentina estableció que las listas electorales debían incluir al menos un 30 % de mujeres y se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una cuota legal de candidaturas femeninas para su parlamento nacional. La medida cuestionaba una situación que durante décadas había sido aceptada como parte del funcionamiento habitual de la democracia: las mujeres podían votar, militar en partidos políticos y participar en campañas, pero seguían ocupando una proporción reducida de los puestos en los que se tomaban las decisiones.
La experiencia argentina se extendió rápidamente por América Latina. Costa Rica, México, Brasil, Perú y otros países incorporaron distintas modalidades de cuotas en las décadas siguientes, convirtiendo a la región en uno de los principales espacios para estudiar sus efectos. Cuando IDEA Internacional publicó en 2009 «Mujer y política». El impacto de las cuotas de género en América Latina: la discusión ya no se limitaba a justificar estas medidas. Investigadoras de varios países comenzaban a evaluar por qué funcionaban mejor en unos sistemas electorales que en otros, qué ocurría dentro de los partidos y si aumentar el número de legisladoras también modificaba la representación de los intereses de las mujeres.
El balance acumulado desde entonces permite responder algunas de esas preguntas. Las cuotas contribuyeron a acelerar el ingreso de las mujeres a los parlamentos, pero sus resultados dependieron de reglas que inicialmente no siempre se tuvieron en cuenta. Exigir un porcentaje determinado de candidatas podía producir pocos cambios si los partidos las ubicaban al final de las listas, presentaban mujeres en circunscripciones donde tenían escasas posibilidades de ganar o enfrentaban sanciones débiles cuando incumplían la norma.
Por esa razón, la discusión latinoamericana evolucionó desde el porcentaje mínimo hasta la posición que ocupan las candidatas y, posteriormente, hasta la paridad. Argentina sustituyó el cupo del 30 % por una legislación que exige alternar entre mujeres y hombres en las listas. México avanzó hasta establecer requisitos de 50 % de candidaturas de cada sexo, mientras que Costa Rica incorporó desde su Código Electoral de 2009 la paridad y la alternancia. Las listas costarricenses deben estar integradas por igual número de mujeres y hombres —con una diferencia máxima de una persona cuando el total sea impar— y alternar ambos sexos.
Los resultados actuales permiten dimensionar el cambio. Según la Unión Interparlamentaria, al 1 de junio de 2026 las mujeres ocupaban el 52,6 % de los escaños de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 50,4 % de la Cámara de Diputados de México y el 50,8 % de la Cámara de Diputados de Bolivia. Cuba y Nicaragua también superaban el 50 %. Cuatro de los primeros seis países del mundo con mayor representación femenina en sus cámaras bajas o únicas eran latinoamericanos.
La situación regional dista considerablemente de la que motivó las primeras cuotas. Al comenzar 2026, las mujeres representaban el 35,6 % de los miembros de los parlamentos de las Américas, mientras la Unión Interparlamentaria sigue identificando las cuotas bien diseñadas y aplicadas como un factor decisivo para incrementar su representación.
El crecimiento numérico, sin embargo, no permite atribuir el mismo éxito a cualquier modalidad de cuota. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL advierte que la democracia paritaria continúa lejos de alcanzarse a nivel nacional y local y relaciona las brechas persistentes con normas, prácticas y políticas discriminatorias que reproducen estructuras de poder.
La experiencia de Brasil había mostrado tempranamente algunas de esas limitaciones. El propio estudio de IDEA Internacional dedicó uno de sus casos nacionales a analizar por qué las cuotas no estaban produciendo allí los resultados esperados, en contraste con los de Argentina, México y Perú. El problema permitía advertir desde entonces que una cuota debía analizarse junto con el sistema electoral, las características de las listas, las reglas partidarias y los mecanismos utilizados para hacerla cumplir.
Los partidos políticos ocupan una posición central en esa discusión porque controlan buena parte del acceso a las candidaturas, del financiamiento, de las estructuras internas y de las oportunidades para desarrollar una carrera política. Otro estudio regional de IDEA Internacional identificó entre los obstáculos a la participación femenina los procesos de reclutamiento, la promoción de liderazgos, la organización partidaria y el acceso a recursos. Una norma electoral puede obligar a presentar mujeres como candidatas sin modificar necesariamente las relaciones internas que durante años favorecieron las trayectorias masculinas.
Esta diferencia ayuda a explicar por qué América Latina terminó avanzando desde las cuotas hacia mecanismos más exigentes. Establecer un 30 % permitió abrir una puerta que los partidos no habían abierto de forma espontánea, pero también planteó el riesgo de convertir ese mínimo en una referencia suficiente. La paridad parte de otro principio: las mujeres no constituyen una minoría social cuya presencia deba garantizarse mediante una pequeña reserva de candidaturas, sino que constituyen aproximadamente la mitad de la población y de la ciudadanía.
El caso costarricense muestra con claridad esa evolución. La legislación pasó de una cuota mínima del 40 % a un sistema de paridad y alternancia. Después de las elecciones de 2026, 30 de las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa están ocupadas por mujeres, lo que representa el 52,63 % del total. El dato no significa que las desigualdades políticas hayan desaparecido, pero sí permite observar la distancia recorrida entre garantizar una proporción mínima de candidatas y establecer reglas que impidan concentrarlas en posiciones desfavorables.
Algo similar ocurrió en México, donde la regulación avanzó progresivamente hasta exigir la paridad en las candidaturas. La actual Cámara de Diputados cuenta con 251 mujeres entre sus 500 integrantes, según datos de la Unión Interparlamentaria. La representación cercana al 50 % permite comprobar hasta dónde pueden llegar las reglas electorales cuando las obligaciones dejan de depender exclusivamente de la voluntad de los partidos.
El balance de las cuotas tampoco debe medirse únicamente por la cantidad de mujeres electas. La publicación de IDEA Internacional planteaba ya en 2009 una pregunta más compleja: si el incremento de las legisladoras también producía una representación sustantiva de los intereses de las mujeres. La respuesta exige evitar una expectativa que rara vez se aplica a los políticos hombres. Una mujer electa no representa automáticamente a todas las mujeres, del mismo modo que compartir sexo no implica compartir ideología, clase social, territorio, etnia, orientación sexual, prioridades económicas ni posiciones sobre los derechos de las mujeres.
La relevancia democrática de ampliar su presencia radica en otro lugar. Una institución integrada casi exclusivamente por hombres deja fuera de la representación política a una parte sustancial de la ciudadanía y reduce la diversidad de experiencias en la toma de decisiones. Las cuotas permitieron intervenir en esa desigualdad mediante reglas concretas, en lugar de esperar a que el paso del tiempo corrigiera espontáneamente la composición de los espacios de poder.
La experiencia posterior también evidenció obstáculos que las primeras normas no habían previsto lo suficiente. El acceso a una candidatura no garantiza las mismas posibilidades de financiamiento, de influencia dentro del partido, de permanencia en la carrera política o de ejercicio del cargo. La llegada de más mujeres hizo, además, más visible la violencia política dirigida contra ellas, lo que obligó a ampliar el debate desde el derecho a competir en unas elecciones hasta las condiciones en las que pueden ejercer efectivamente sus derechos políticos.
Por eso, tres décadas de aplicación de cuotas en América Latina permiten un balance más complejo que el de calificarlas como un éxito o un fracaso. Su principal resultado fue acelerar un proceso que avanzaba lentamente y demostrar que las reglas electorales pueden modificar la composición de las instituciones. Sus propias limitaciones obligaron posteriormente a perfeccionar esas reglas mediante la alternancia, las posiciones competitivas, las sanciones efectivas y los sistemas paritarios.
En 2008, IDEA Internacional advertía que el aumento de mujeres en las cámaras legislativas latinoamericanas había sido acelerado por la aprobación de cuotas, pero preguntaba dónde permanecían los obstáculos y cómo avanzar desde la inclusión hacia la representación. Casi dos décadas después, algunos países de la región ya cuentan con parlamentos paritarios, mientras que otros siguen lejos de alcanzarlos. La diferencia confirma una de las principales lecciones dejadas por las cuotas: abrir legalmente las candidaturas fue indispensable, pero garantizar la igualdad política requiere intervenir también en las reglas y estructuras que determinan quién consigue convertir una candidatura en poder efectivo.
Referencias
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