La práctica persiste en comunidades indígenas y en contextos de vulnerabilidad, invisibilizada por el silencio institucional y la falta de datos sistemáticos en la región.
La mutilación genital femenina (MGF) no es una realidad exclusiva de África ni de Oriente Medio. En América Latina, aunque menos documentada y a menudo negada, sigue ocurriendo. Colombia es el caso más visible, particularmente en comunidades indígenas como el pueblo Emberá, donde la práctica se mantiene como un ritual cultural transmitido de generación en generación, pese a sus graves consecuencias físicas, psicológicas y en materia de derechos humanos.
De acuerdo con reportes periodísticos y organismos internacionales, la MGF en América Latina constituye una tragedia silenciosa. No solo por el daño irreparable que causa en niñas, sino también por la ausencia de registros oficiales robustos, la dificultad de acceso a los territorios indígenas y el temor a intervenir en prácticas culturales profundamente arraigadas. Esta combinación ha permitido que continúe en la sombra.
En Colombia, la práctica se documenta desde hace más de dos décadas. Organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han trabajado con las comunidades Emberá para erradicarla, promoviendo procesos de diálogo intercultural que respeten las tradiciones sin vulnerar los derechos fundamentales. Sin embargo, los avances han sido desiguales. Casos de niñas fallecidas tras procedimientos clandestinos han reavivado la preocupación pública y evidenciado la fragilidad de las políticas de prevención.
La mutilación genital femenina consiste en la alteración o extirpación de los genitales externos femeninos sin justificación médica. Sus consecuencias son devastadoras: infecciones, hemorragias, dolor crónico, complicaciones en el parto y traumas psicológicos de larga duración. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como una violación grave de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
Aunque Colombia es el único país de América Latina en el que la práctica ha sido documentada de forma sistemática, especialistas advierten que podrían existir casos no registrados en otras zonas de la región, especialmente en contextos rurales e indígenas donde el acceso estatal es limitado. La falta de información no implica la ausencia del fenómeno, sino más bien una deuda estructural en materia de investigación, salud pública y protección de la niñez.
El debate en torno a la MGF en América Latina exige un enfoque complejo debido a que no se trata únicamente de prohibir, sino de transformar. Las experiencias más efectivas han surgido de procesos de diálogo con liderazgos comunitarios, mujeres indígenas y parteras tradicionales, quienes desempeñan un rol clave en la reproducción o erradicación de la práctica. Sin su participación, cualquier intervención externa corre el riesgo de fracasar o de generar resistencia.
Al mismo tiempo, la responsabilidad estatal es ineludible, ya que debe garantizar el acceso a los servicios de salud, a la educación sexual integral y a la protección infantil; es fundamental para prevenir estas prácticas. También lo es la formación intercultural del personal sanitario, capaz de intervenir con sensibilidad y respeto, pero con firmeza en la defensa de los derechos humanos.
América Latina es una región marcada por las desigualdades estructurales, lo cual incide en que se siga afectando la vida de millones de niñas. La mutilación genital femenina se inserta en un entramado más amplio de violencias de género; por ende, invisibilizarla perpetúa su existencia; sin embargo, nombrarla, investigarla, denunciarla y abordarla con una perspectiva amplia y rigurosa es el primer paso para erradicarla.
Fuente: Basado en el reportaje de SWI swissinfo.ch sobre la mutilación genital femenina en comunidades indígenas de Colombia, complementado con información de organismos internacionales como el UNFPA y la Organización Mundial de la Salud.
