América Latina se posiciona entre las regiones con mayor representación femenina en los parlamentos, impulsada por leyes de paridad. Sin embargo, datos recientes muestran que esa presencia no se traduce de forma equivalente en poder ejecutivo, en gobiernos locales ni en condiciones seguras para el ejercicio político.
La participación de las mujeres en la política latinoamericana ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas, principalmente en el ámbito legislativo. Según el ranking mundial de mujeres en parlamentos de la Inter-Parliamentary Union, actualizado al 1 de abril de 2026, varios países de la región se ubican entre los primeros lugares a nivel global en representación parlamentaria femenina.
Entre ellos destacan Nicaragua, México, Bolivia y Costa Rica, todos con niveles cercanos o superiores al 50% de mujeres en sus congresos nacionales. En el caso costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 estará integrada por 30 mujeres y 27 hombres, lo que consolida una mayoría femenina inédita en el país.
Este avance se explica, en gran medida, por la adopción de marcos normativos de paridad y de cuotas obligatorias en las candidaturas. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la participación femenina en los parlamentos de América Latina y el Caribe alcanzó el 35,8% en 2024, por encima del promedio mundial.
Sin embargo, los datos regionales muestran que esta tendencia no se repite en otros niveles de poder. En los gobiernos locales, por ejemplo, la misma CEPAL reporta que las mujeres ocupaban el 27,2% de los cargos en órganos deliberativos locales en 2023, lo que evidencia una brecha persistente en el acceso a posiciones ejecutivas y territoriales.
Casos como el de Brasil ilustran esta diferencia. A pesar de contar con cuotas de género en las candidaturas, los resultados electorales muestran una baja proporción de mujeres en alcaldías y gobiernos locales, lo que sugiere limitaciones en el financiamiento, la estructura partidaria y la competitividad electoral. Situaciones similares se observan en otros países de la región, donde la representación legislativa convive con un menor acceso de las mujeres a cargos ejecutivos.
A estas brechas se suma la persistencia de la violencia política de género. El informe normativo regional elaborado por ONU Mujeres y FLACSO advierte sobre la necesidad de fortalecer los marcos legales para prevenir y sancionar las agresiones contra las mujeres en política. Estas incluyen acoso, amenazas, violencia simbólica y ataques dirigidos a limitar su participación pública.
En el ámbito digital, el informe de International IDEA sobre la violencia política en línea en América Latina documenta patrones de hostigamiento, campañas de desprestigio y ataques personales contra mujeres candidatas y autoridades, especialmente durante los procesos electorales.
En conjunto, la evidencia regional muestra una dinámica dual. Por un lado, América Latina ha logrado avances significativos en la representación legislativa femenina, impulsados por reformas institucionales. Por otro lado, persisten obstáculos estructurales que limitan el acceso al poder ejecutivo, la permanencia en la política y el ejercicio pleno de los derechos políticos.
La brecha entre presencia y poder se mantiene como uno de los principales desafíos para la región, en un contexto en el que los procesos electorales continúan siendo espacios de competencia desigual para las mujeres.
