El “Proyecto de Ley de Protección a la Familia mediante la Promoción de la cultura de Castidad y el Hijab” será implementado durante un período de prueba de tres años
El parlamento de Irán aprobó estricta legislación que, principalmente, impone, con mayor severidad que hasta ahora, el estricto código de vestimenta femenina, prioritariamente, el uso del hijab, el velo religioso que, según la dictadura religiosa del país asiático, las mujeres, y las niñas desde la edad de siete años, tienen la obligación de usar en lugares públicos.
El “Proyecto de Ley de Protección a la Familia mediante la Promoción de la cultura de Castidad y el Hijab” será implementado durante un período de prueba -tres años-, según lo decidido por el Majlis Iraní (unicameral organismo legislativo), informaron, además, medios de comunicación internacionales que, a su vez, citaron a la agencia informativa Mizan -vinculada al Poder Judicial de Irán-.
Coincidentemente, la Islamic Republic News Agency (Agencia de Noticias de la República Islámica, Irna) -medio de comunicación oficial iraní-, informó que “los diputados aprobaron la implementación del proyecto de ley sobre ‘el hijab y la castidad’ por un periodo de prueba de tres años”.
Según Irna, la acción legislativa tuvo lugar ante la creciente tendencia de mujeres en cuanto a desafiar la obligatoriedad en cuanto al uso de esa penda -que cubre la cabeza, el cuello y los hombros de quienes la usan-.
El proyecto -que tuvo el apoyo de 152 de los 290 integrantes del Majlis- es nuevamente revisado, para determinar si, efectivamente, se convierte en ley, por el ultraconservador Consejo Guardián, asimismo denominado Consejo de Guardianes, y Consejo Constitucional (Shourā-ye Negahbān, en farsi, o persa, el idioma oficial nacional).
También citado por los medios, Musa Ghazanfarabadi, quien encabeza la parlamentaria Comisión Judicial y Legal, aseguró que el texto fue aprobado, y está a análisis de los guardianes, “luego de numerosas revisiones expertas”.
Al respecto, la agencia informativa Efe, indicó, el día de la aprobación legislativa, que la propuesta de ley “fue redactada por una pequeña comisión judicial y cultural a puerta cerrada a mediados de agosto”.
Ghazanfarabadi también señaló que “ahora, debe adoptarse una decisión por parte del Consejo de Guardianes (…) y esperaremos su opinión”.
Según su definición formal, el consejo -integrado por doce integrantes, y fundado en 2006- tiene el mandato de “informar, monitorear, apoyar, proteger, promover, y preservar los derechos humanos”, el que debe cumplir mediante “la implementación de métodos y herramientas pacíficos”.
Sus amplias facultades incluyen el monitoreo legislativo -por ejemplo, poder de veto sobre leyes aprobada por el Majlis-, así como la supervisión electoral -incluidas la aprobación o la descalificación de candidatos a diversos cargos públicos-, además de la interpretación de la Constitución -en este caso, funcionando como corte constitucional-.
Los guardianes son, actualmente dirigidos por Ahmad Jannati, un conservador clérigo y dirigente político iraní de 96 años, quien, simultáneamente, se desempeña como presidente de la Asamblea de Expertos (Majlis-e Khobregân-e Rahbari, en farsi), el organismo encargado de designar al Líder Supremo de Irán -la máxima autoridad gubernamental del país, por encima del presidente-.
Objetivo de la ley
Según las versiones periodísticas, la iniciativa de ley apunta a erradicar la desobediencia civil que, hace algo más de un año, mujeres iraníes, en números crecientes- vienen constituyendo en movimiento de protesta contra la política misógina mediante la cual el régimen dictatorial musulmán viola los derechos humanos -con particular crueldad, las garantías fundamentales de la población femenina-.
Aquellas mujeres quienes se abstengan de usar hijab, así como las que porten “vestimenta inapropiada, en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles” al régimen iraní, serán castigadas con “pena de prisión de cuarto grado” -de cinco a 10 años-, de acuerdo con los medios.
También serán sancionadas las mujeres y las niñas quienes, lo mismo en sitios públicos que en redes sociales, muestren “desnudez de alguna parte del cuerpo, o lleven ropa (de tela) delgada, o ajustada”, o si incurren en delitos tales como “la burla del hijab” y “la promoción del desnudo”.
Los castigos apuntan, asimismo, a impedir el uso de camisas o blusas de mangas cortas, lo mismo que de shorts y pantalones con la tela rasgada.
Entre las sanciones previstas en el nuevo texto represivo, se destacan multas en el rango de hasta 1,800 euros (algo más de 1,900 dólares), condenas máximas a cinco años de prisión, impedimento de acceso a servicios bancarios, despido laboral.
Igualmente, rebajas salariales, reducción o eliminación de prestaciones laborales, prohibición de conducir, confiscación de vehículos.
El proyecto establece, asimismo, castigos para empresarios quienes permitan que las trabajadoras de sus centros de trabajo se abstengan de usar el velo religioso.
En estos casos, prevé, entre otras sanciones, la imposición de multas lo mismo que de impedimento de salida del país.
La aprobación del proyecto se llevó a cabo cuatro días después de haberse cumplido un año desde el asesinato policial, el 16 de setiembre de 2022, de la iraní Mahsa (Zhina) Amini, por haber supuestamente violado el código de vestimenta.
Amini, de 23 años, fue fatalmente agredida, mientras estaba detenida por la Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora) -fuerza de seguridad de cumplimiento de la fe, popularmente conocida como “policía de la moral”-.
Sus captores la acusaron de haber llevado incorrectamente puesto el hijab.
El uso adecuado de esta prenda es obligatorio, para las iraníes, según la respectiva ley impuesta, en 1983, por la teocracia islámica instalada en 1979, en Irán, y su propósito específico es el de cubrir el cabello -que, según la costumbre musulmana, las mujeres mantienen largo-.
La dictadura determinó que esa prenda debe usarse ajustada a la cabeza, de modo que, no hacerlo, implica brutal sanción -empezando por la detención, por parte de la “policía de la moral”.
El asesinato de Amini, generó, inmediatamente, masivas manifestaciones de protesta, a nivel nacional -principalmente en Teherán, la capital nacional-, las que se mantuvieron durante varios meses, y se caracterizaron por su consigna central: “Mujer! Vida! Libertad!”.
No obstante su naturaleza pacífica, las marchas fueron brutalmente reprimidas -con saldo de aproximadamente 500 víctimas fatales, alrededor de 20 mil personas detenidas, y varios hombres ahorcados por apoyarlas-.
No obstante haber constituido un asesinato policial, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, aseguró, en declaraciones reproducidas recientemente por medios de comunicación, que lo ocurrido respecto a Amini fue “un incidente”.
Al presentar, el 5 de julio, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una actualización sobre la crisis iraní, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán (Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, Ffmi), la bangladeshi Sara Hossain, se refirió al proyecto de ley ahora aprobado por el Majlis.
Hossain advirtió, entonces, que, si -tal como ocurrió ahora- esa iniciativa de ley recibía el apoyo legislativo, las mujeres y las niñas quedarían expuestas “a mayores riesgos de violencia, hostigamiento, y detención arbitraria”, por lo tanto, a aún más discriminación.