Los próximos integrantes de la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica, deben aprobar un proyecto de ley sobre reparación para los familiares de las víctimas de femicidio
La iniciativa fue dictaminada, favorablemente, por la parlamentaria Comisión Permanente Especial de la Mujer, informó el instituto, en un comunicado que emitió el 4 de abril.
Se trata de un texto sustitutivo del proyecto que inicialmente estuvo a consideración del grupo de trabajo legislativo, precisó el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU.
La entidad hizo, así, alusión a los 57 nuevos integrantes del organismo legislativo quienes, el 1 de mayo, tomarán posesión de sus respectivos cargos, tras su elección en la votación parlamentaria llevada a cabo el 6 de febrero, para cubrir el cuatrienio 2022-2026.
“El INAMU, junto con los familiares sobrevivientes de femicidio hacen un llamado a las personas integrantes de la nueva Asamblea Legislativa, para que se comprometan a apoyar este proyecto y se salde la deuda pendiente con las mujeres que fueron asesinadas víctimas del machismo”, planteó el instituto, en el comunicado de cinco párrafos.
“El texto sustitutivo hace énfasis en que los recursos del fondo serán destinados, de manera exclusiva y específica, para las víctimas (sobrevivientes) de femicidio”, precisó.
“Además, se incluyó un (artículo) transitorio para que el INAMU garantice la adecuada operación y funcionamiento del fondo”, puntualizó, a continuación.
Por otra parte, “se delimitaron las acciones y responsabilidades que tendrán cada una de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar”, agregó.
Creado en 2008, por la Asamblea Legislativa, el sistema tiene, de acuerdo con el primero de los 19 artículos de decreto legislativo correspondiente, el cometido central de ser una “instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia”.
El INAMU es el ente coordinador del Consejo Nacional que rige al mecanismo, según la misma disposición.
Uno de los dos objetivos del mecanismo es el de “promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos” en la legislación nacional en la materia, lo mismo que en convenios e instancias diversas, a nivel internacional, de los cuales Costa Rica es parte.
Asimismo, tiene el cometido de “brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida”.
El INAMU citó, en el comunicado, números del Observatorio de Género del Poder Judicial, para ilustrar la magnitud de la negativa incidencia que el femicidio en la seguridad de la población femenina del país centroamericano.
De acuerdo con esos datos, “desde el año 2007, 400 mujeres han muerto víctimas de femicidio”, informó, a manera de denuncia.
“La cifra podría aumentar porque 51 casos aún están pendientes de investigación”, aclaró, de inmediato, el instituto.
“Como consecuencia de estas muertes, más de 517 hijas e hijos -380 de ellos son menores de edad- han quedado huérfanos producto de la violencia machista”, precisó, en referencia a un sector de la población meta del proyecto de ley.
Citada en el comunicado, la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, Marcela Guerrero, precisó que la idea base de la iniciativa consiste en apoyar, en aspectos clave, a los familiares de víctimas de la más brutal manifestación del machismo agresor.
