A los 87 años, Maricarmen Abascal fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas. El caso sitúa a la opinión pública frente al debate sobre el derecho a la vivienda, la vejez, la discapacidad y los límites de la protección institucional frente a los desalojos.
Maricarmen Abascal salió de su casa en camilla el miércoles 23 de septiembre. Tenía 87 años y desde 1956 había vivido en el mismo apartamento del barrio de Retiro, en Madrid. Horas después, pasó su primera noche sin hogar en el Hospital Gregorio Marañón, acompañada por su primo Vicente y sometida a observación médica por el agotamiento, la ansiedad y el estrés asociados al desalojo.
La vivienda que dejó atrás conservaba los muebles, fotografías y objetos de sus padres, fallecidos allí. Su primo alcanzó a recoger algunos medicamentos, ropa, productos de higiene y fotografías antes de que Maricarmen fuera trasladada en ambulancia. Según informaron Lucía Franco y Beatriz Olaizola en El País.
La historia de Maricarmen ha conmovido a España, pero su situación permite examinar un problema que trasciende la pérdida de una vivienda. A su edad, abandonar el hogar también significa alejarse de las personas que la conocen, de los servicios que utiliza y de las rutinas que todavía le permitían conservar su autonomía.
Maricarmen pagaba 500 euros mensuales por un apartamento de 92 metros cuadrados. Recibe una pensión aproximada de 1.300 euros y, según la información publicada por El País, había mantenido al día el alquiler y los servicios.
En 2018, la empresa Urbagestión adquirió el inmueble. Posteriormente reclamó un alquiler de 2.650 euros mensuales y planteó otra cantidad de 1.650 euros. Ambas superaban las posibilidades económicas de la inquilina.
Tras varios años de litigio y tres intentos anteriores de desalojo, una comisión judicial ejecutó el desalojo el 23 de septiembre. La justicia había fallado a favor de la empresa propietaria. Atahualpa Amerise y Guy Hedgecoe, de BBC News Mundo, explicaron que el caso se convirtió en una de las expresiones más visibles de la crisis habitacional española y de las dificultades que enfrentan los inquilinos cuando cambian las condiciones económicas de los inmuebles que ocupan.
El caso alcanzó a las Naciones Unidas. En junio de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solicitó al Estado español que suspendiera temporalmente el desahucio mientras examinaba el caso o que proporcionara una alternativa habitacional adecuada.
Después del desalojo, Koldo Casla, relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, cuestionó la ejecución del procedimiento pese a las medidas cautelares. Según recogió El País, Casla sostuvo que debía haberse evitado el riesgo de un daño irreparable y reclamó una revisión de las garantías legales aplicables a estas situaciones.
Se debe considerar que Maricarmen tiene movilidad reducida y utiliza una silla de ruedas. A pesar de sus dificultades de salud, contaba con una red de apoyo que le permitía permanecer en su vivienda y realizar actividades cotidianas.
El Ayuntamiento de Madrid informó que recibía 90 horas semanales de ayuda a domicilio, además de terapia ocupacional, fisioterapia preventiva y atención psicológica especializada. Su centro de salud, sus comercios habituales y las personas que la acompañaban estaban cerca.
Se prevé que se traslade temporalmente a Segovia, donde reside Vicente con su familia. El apartamento tiene menos de 58 metros cuadrados y una sola habitación. Allí vivirían cinco personas mientras se buscaba una alternativa.
Su abogada, Beatriz Duro, advirtió que el cambio de comunidad autónoma implica perder los servicios de apoyo que Maricarmen tenía organizados en Madrid y tener que iniciar de nuevo los trámites para acceder a ellos.
El Ayuntamiento ofreció una plaza temporal en una residencia, pero Maricarmen rechazó esa posibilidad porque implicaba alejarse de sus familiares. La existencia de una plaza disponible no resuelve por sí misma las necesidades de una persona mayor si la alternativa implica separarla de sus vínculos afectivos y modificar abruptamente sus condiciones de vida.
Desde una perspectiva de género, el caso también invita a examinar la situación de las mujeres mayores que dependen de una pensión y de servicios de cuidado para mantener su autonomía. La vivienda puede ser para ellas una condición indispensable para permanecer en su comunidad y continuar tomando decisiones sobre su propia vida.
No se trata de afirmar que todos los desalojos afectan de la misma manera a las mujeres ni que el género explique por sí solo lo ocurrido con Maricarmen. Su edad, ingresos, discapacidad y dependencia de una red territorial de apoyo permiten comprender por qué una solución habitacional debe considerar las circunstancias particulares de cada persona.
Durante los días previos al lanzamiento, vecinos, integrantes del Sindicato de Inquilinas y otras personas se concentraron frente al edificio para acompañar a Maricarmen.
Una escritora que solicitó permanecer en el anonimato ofreció cubrir la diferencia entre los 500 euros que pagaba la inquilina y el nuevo alquiler reclamado. También se ofreció a asumir la deuda exigida para evitar el desalojo. La empresa propietaria rechazó la propuesta.
El pianista James Rhodes manifestó posteriormente su disposición a comprar la vivienda, pero, según la información publicada por El País, los propietarios tampoco aceptaron esa posibilidad. Otras personas ofrecieron habitaciones, alimentos y ayuda para atender las necesidades inmediatas de Maricarmen.
La movilización no impidió que perdiera su casa, aunque permitió que su situación recibiera atención pública y que continuara acompañada tras el desalojo.
La discusión sobre el derecho a la vivienda suele centrarse en los precios del alquiler, la propiedad y los procedimientos judiciales. El caso de Maricarmen incorpora una dimensión que no puede quedar fuera de ese debate: las consecuencias de perder el hogar cuando también se depende de él para conservar la autonomía, recibir cuidados y permanecer cerca de la familia.
A los 87 años, Maricarmen no reclamaba una vivienda desconocida ni una mejora de sus condiciones materiales. Intentaba permanecer en el apartamento donde había vivido desde la adolescencia y desde el cual todavía podía organizar su vida cotidiana.
Cuando salga del hospital, sus pertenencias seguirán empaquetadas a la espera de un nuevo destino. La empresa propietaria se comprometió a enviarlas al lugar donde finalmente resida. Mientras tanto, Maricarmen tendrá que comenzar otra etapa lejos de la casa que conoció durante setenta años.
Referencias
Amerise, A., & Hedgecoe, G. (2026, 23 de septiembre). El dramático desahucio de la anciana Maricarmen, a los 87 años, expone la gravedad de la crisis de vivienda en España. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/cw5y4znkpl4lo
Franco, L., & Olaizola, B. (2026, 24 de septiembre). Maricarmen, de 87 años, pasa su primera noche sin casa en el hospital acompañada de su primo Vicente y con un cuadro de agotamiento severo. El País. https://elpais.com/espana/madrid/2026-09-24/maricarmen-de-87-anos-pasa-su-primera-noche-sin-casa-en-el-hospital-acompanada-de-su-primo-vicente-y-con-un-cuadro-de-agotamiento-severo.html
Franco, L. (2026, 24 de septiembre). La ONU también se pronuncia sobre el desahucio de Maricarmen: «La jueza debería haber suspendido». El País. https://elpais.com/espana/madrid/2026-09-24/la-onu-tambien-se-pronuncia-sobre-el-desahucio-de-maricarmen-la-jueza-lo-deberia-haber-suspendido.html
