Controlar el salario de una mujer, impedirle trabajar o endeudarla sin su consentimiento son manifestaciones de violencia económica. La educación financiera, laboral y jurídica puede fortalecer su autonomía, aunque afrontar estas situaciones también requiere protección institucional y oportunidades reales de independencia.
Una mujer recibe su salario, pero debe entregarlo íntegramente a su pareja. Otra desconoce cuánto dinero entra en el hogar y necesita autorización para realizar cualquier compra. Una tercera descubre que existen préstamos a su nombre que nunca aceptó contratar. Estas situaciones pueden constituir violencia económica cuando forman parte de conductas de control, privación o abuso.
La violencia económica puede permanecer oculta durante años, pues no siempre implica que una mujer carezca de ingresos, sino que algunas trabajan, tienen formación universitaria y participan en actividades productivas, pero no pueden disponer libremente de sus recursos.
El problema radica en las relaciones de poder que permiten a una persona controlar las decisiones económicas de otra. Impedir que una pareja trabaje, retener su salario, restringir deliberadamente el acceso a bienes necesarios o utilizar deudas para someterla son comportamientos que pueden afectar gravemente su autonomía.
Es importante distinguir estas situaciones de las dificultades económicas que experimentan numerosos hogares. Tener ingresos insuficientes o depender temporalmente de la ayuda de otra persona no constituye, por sí mismo, violencia. La diferencia aparece cuando existen conductas abusivas destinadas a controlar, limitar o perjudicar económicamente a la mujer.
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce expresamente la violencia económica y la violencia patrimonial. Su artículo 6 contempla las acciones que afectan la supervivencia económica de la víctima y aquellas que perjudican sus bienes, documentos o derechos patrimoniales.
La distinción jurídica es relevante debido a que el control de los ingresos puede impedir que una mujer satisfaga sus necesidades, mientras que la retención de documentos o la destrucción de bienes puede limitar su capacidad para trabajar, desplazarse o ejercer sus derechos.
Estas conductas también pueden presentarse junto con violencia psicológica, amenazas o agresiones físicas. Por eso, una intervención adecuada requiere comprender la situación en su totalidad y no tratar el problema únicamente como una dificultad para gestionar el dinero.
La educación financiera puede contribuir a reconocer determinadas formas de abuso. Comprender los contratos bancarios, los intereses, las obligaciones crediticias y los derechos sobre los bienes permite identificar decisiones económicas que afectan al patrimonio personal.
Conocer el funcionamiento de una cuenta individual, revisar los movimientos financieros y comprender las condiciones de un préstamo son aprendizajes útiles. También es importante saber que firmar documentos sin conocer sus consecuencias puede generar obligaciones difíciles de resolver.
Sin embargo, adquirir estos conocimientos no garantiza que una mujer pueda utilizarlos libremente. En una relación abusiva, el agresor puede vigilar sus movimientos, controlar sus documentos o amenazarla cuando intenta recuperar la independencia económica.
Por esta razón, cualquier iniciativa de formación debe considerar las condiciones de seguridad de las participantes. Abrir una cuenta, buscar trabajo o solicitar asesoramiento puede implicar riesgos cuando hay vigilancia o control coercitivo.
La formación profesional constituye otra herramienta importante. Aprender un oficio, actualizar competencias digitales o completar estudios puede ampliar las posibilidades de acceder a ingresos propios. No obstante, las oportunidades laborales están condicionadas por desigualdades que exceden las decisiones individuales.
La Organización Internacional del Trabajo estimó que, en 2023, aproximadamente 708 millones de mujeres permanecían fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, frente a 40 millones de hombres.
Estas cifras mundiales no corresponden específicamente a víctimas de violencia económica. Permiten, sin embargo, comprender la magnitud de una barrera estructural que dificulta la participación laboral de las mujeres.
Una mujer que cuida a familiares dependientes, carece de servicios de apoyo y no dispone de ingresos suficientes puede encontrar dificultades para incorporarse al empleo. Si además enfrenta restricciones impuestas por una pareja abusiva, sus alternativas pueden reducirse considerablemente.
El conocimiento de los derechos laborales y patrimoniales también puede facilitar la búsqueda de protección. Comprender las disposiciones sobre propiedad, herencias, obligaciones financieras y prestaciones sociales ayuda a identificar situaciones que requieren asesoramiento especializado.
Las leyes, sin embargo, no producen resultados por el simple hecho de existir. Las mujeres necesitan instituciones accesibles, servicios jurídicos y mecanismos efectivos para denunciar vulneraciones sin exponerse a mayores riesgos.
España ofrece un ejemplo de cómo la formación puede integrarse en políticas de protección. El Real Decreto 1917/2008 estableció un programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, con orientación individualizada, formación y medidas para favorecer el empleo.
Posteriormente, el Real Decreto 818/2021 incorporó este ámbito dentro de los programas comunes de activación laboral. El enfoque reconoce que la recuperación de la autonomía económica puede requerir acompañamiento especializado y medidas adaptadas a las circunstancias de cada mujer.
La existencia de estos instrumentos no significa que todas las beneficiarias consigan empleo o superen inmediatamente las condiciones de dependencia. Su importancia radica en reconocer que la formación necesita vincularse con oportunidades laborales y servicios públicos.
La alfabetización digital puede contribuir a este proceso. Aprender a utilizar plataformas de empleo, realizar trámites y proteger la información personal facilita determinadas gestiones. Sin embargo, cuando existe vigilancia tecnológica, la búsqueda de ayuda debe realizarse mediante canales seguros.
Tampoco debe suponerse que emprender constituye siempre una alternativa adecuada. Iniciar un negocio requiere recursos, tiempo, conocimientos y acceso a clientes. Recomendar endeudamiento o inversiones a una mujer en situación de vulnerabilidad, sin evaluar su situación, puede aumentar sus dificultades.
La respuesta frente a la violencia económica necesita articular protección jurídica, atención especializada, formación y posibilidades de obtener ingresos. Los servicios de cuidado y las políticas de empleo también forman parte de las condiciones que favorecen la independencia.
La responsabilidad de detener el abuso corresponde a quien lo ejerce. Ninguna mujer debe ser culpabilizada por permanecer en una relación violenta, desconocer determinados derechos o carecer de recursos para modificar inmediatamente su situación.
La educación puede ayudar a reconocer el control económico y ampliar las alternativas disponibles. Su contribución será mayor cuando las mujeres encuentren instituciones capaces de protegerlas y condiciones materiales que les permitan ejercer sus decisiones con seguridad.
Referencias
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (s. f.). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
España. (2008, 21 de noviembre). Real Decreto 1917/2008, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-19918
España. (2021, 28 de septiembre). Real Decreto 818/2021, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15771
Organización Internacional del Trabajo. (2024, 29 de octubre). 708 millones de mujeres no pueden participar en el mercado laboral debido al trabajo de cuidados no remunerado. https://www.ilo.org/es/resource/news/708-millones-de-mujeres-no-pueden-participar-en-el-mercado-laboral-debido
