Las universidades públicas, reunidas en el CONARE, reafirman que su compromiso trasciende la formación profesional y la producción de conocimiento. Incluye la defensa de la educación estatal, la promoción de políticas públicas basadas en evidencia científica y la participación en el debate nacional desde una perspectiva crítica, inclusiva y centrada en los derechos humanos.
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) informa a la comunidad universitaria y a la nacionalidad que, mediante acuerdo formal, las universidades públicas de Costa Rica declaran el año 2026 como el “Año de las Universidades Públicas por la Niñez y la Adolescencia”, en respuesta a los profundos desafíos sociales, educativos y estructurales que enfrenta esta población en el país.
La realidad actual de la niñez y la adolescencia interpela directamente el modelo de desarrollo nacional, el Estado social de derecho y el compromiso histórico de Costa Rica con la igualdad, la justicia social, la democracia y los derechos humanos. A pesar de contar con la menor proporción histórica de población menor de edad, una parte significativa de niñas, niños y adolescentes vive hoy en condiciones de pobreza, exclusión y alta vulnerabilidad, particularmente en territorios históricamente rezagados.
El Décimo Informe del Estado de la Educación (2025) advierte que el país no puede permitirse más generaciones perdidas ni comprometer el potencial educativo de su población menor de edad. La disminución sostenida de la inversión pública en educación, el debilitamiento de los programas de equidad educativa, la reducción de cupos en la Red de Cuido y Desarrollo Infantil y el retroceso en las políticas de protección integral profundizan las brechas sociales y educativas. Esto ocurre desde las primeras etapas de la vida.
Estas problemáticas no pueden comprenderse como hechos aislados ni como resultado de decisiones individuales. Sino como expresión de estructuras sociales desiguales, de políticas públicas insuficientes y de un traslado progresivo de la responsabilidad estatal a las familias. Especialmente a las mujeres, históricamente sobrecargadas de las tareas de cuido, educación y bienestar.
También es preocupante el regreso de enfoques centrados en los adultos, que son punitivos y autoritarios, para tratar a niños y adolescentes. Además, ha aumentado diferentes tipos de violencia que impactan a esta población, en un momento en que las instituciones tienen menos capacidad para prevenir y atender estas situaciones.
Ante este escenario, las universidades públicas, reunidas en el CONARE, reafirman su responsabilidad ética, académica y social. Su compromiso va más allá de la formación profesional y la creación de conocimiento; incluye defender la educación pública, promover políticas públicas basadas en evidencia científica y participar en el debate nacional de manera crítica, inclusiva y centrada en los derechos humanos.
Durante el año 2026, las universidades públicas impulsarán un marco de vinculación estratégica, en articulación con actores locales, institucionales y comunitarios. Este marco estará a cargo de la Subcomisión de Niñez y Adolescencia. El fin es contribuir al cierre de brechas educativas, a la reducción de la violencia, al fortalecimiento de un sistema de cuidados integral y al seguimiento de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Estas acciones se desarrollarán mediante proyectos de investigación, de acción social y de extensión, así como programas especializados de alcance nacional.
Con esta declaratoria, el CONARE reafirma su compromiso con la niñez y la adolescencia como sujetos plenos de derechos, así como con la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva, donde ninguna niña, niño ni adolescente quede atrás.
Fuente: CP-CONARE-04/02/2026
