La ley contra el acoso callejero en Costa Rica es una declaración de principios: nadie debe sentir miedo ni humillación solo por caminar por la calle.
Caminar por una acera, esperar un bus o tomar el transporte público sin sentirse observada, perseguida ni intimidada ya no debería ser un privilegio: es un derecho. En Costa Rica, la aprobación y entrada en vigor de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero marcan un cambio cultural y legal profundo en la forma en que la sociedad y el Estado enfrentan conductas machistas históricamente naturalizadas en espacios públicos.
La ley —formalmente expediente 20.299, aprobada por la Asamblea Legislativa y vigente desde el 27 de agosto de 2020— establece por primera vez que el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, así como en medios de transporte remunerado, constituye un delito penal. El objetivo declarado es garantizar que todas las personas puedan transitar y permanecer libres de acoso sexual, protegiendo su dignidad, seguridad e integridad.
Según la normativa, se considera acoso sexual callejero toda conducta con connotación sexual y de carácter unidireccional, sin consentimiento, que puede generar malestar, miedo, humillación o inseguridad en la persona afectada. Esto incluye manifestaciones que antes se relativizaban a menudo como “piropos” o “miradas insistentes”, así como acciones más graves, como persecución, acorralamiento, exhibicionismo o la producción de material audiovisual con contenido sexual sin autorización de la persona.
Además de crear un marco legal claro, la ley impone sanciones que van desde penas de prisión de hasta dos años, según el tipo de conducta, con la intención de desincentivar comportamientos que hasta ahora han permanecido impunes.
Más allá de las sanciones, el valor simbólico de esta ley radica en su reconocimiento explícito del acoso callejero como una forma de violencia y discriminación basada en género, no como un “detalle social” o un mal menor de la vida urbana. Para muchas activistas y organizaciones de derechos de las mujeres, esta legislación representa la ruptura de patrones de comportamiento machistas que durante décadas naturalizaron el acoso como parte de la “cotidianidad”.
Antes de la ley, muchas mujeres relataban sentirse obligadas a normalizar miradas insistentes, comentarios no solicitados o acercamientos intimidantes, simplemente porque no existía un marco legal que ofreciera una protección real. Hoy, la ley respalda la denuncia de esas experiencias y obliga a las instituciones a actuar con diligencia e intervención policial de oficio ante situaciones de acoso.
Organizaciones de la sociedad civil también han señalado que la nueva normativa contribuye a cambiar la percepción social sobre qué conductas son aceptables y cuáles constituyen violencia, promoviendo una cultura de respeto hacia los cuerpos y la autonomía de las personas en el espacio público. La campaña “Movámonos seguras”, lanzada en apoyo de esta ley, resalta que ya no se puede justificar ni minimizar el acoso sexual callejero como si fuera algo “inofensivo” o propio de las dinámicas urbanas.
Para muchas mujeres, esta ley no solo otorga una herramienta legal, sino también un respaldo social y simbólico que reconoce las tensiones que han vivido históricamente. El mero hecho de que palabras, gestos o actitudes machistas —antes percibidas como “normales”— ahora puedan ser sancionadas rompe un patrón cultural que validaba la imposición de una mirada masculina sobre los cuerpos ajenos.
Muy pocos países han adoptado leyes específicas contra el acoso sexual callejero. En uno de los análisis con datos comparables a nivel mundial, solo alrededor de 8 de las 100 economías estudiadas tenían disposiciones específicas para sancionar el acoso sexual en espacios públicos.
En Europa occidental, varios países han legislado explícitamente contra el acoso en la vía pública: Bélgica penaliza los “piropos” desde 2014, Francia criminalizó el catcalling en 2018 y Países Bajos aprobó leyes locales sobre acoso callejero desde 2017.
En América Latina también existen avances normativos por país: Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay han adoptado normas que sancionan el acoso sexual en espacios públicos con penas o multas, aunque el alcance y la aplicación práctica de estas leyes varían entre países.
Si bien la aplicación y el acceso efectivo a la justicia siguen siendo retos —como ocurre con muchas leyes de violencia de género—, la existencia misma de este marco legal y su implementación representan un avance significativo en la lucha por la igualdad y la seguridad de las mujeres en los espacios públicos costarricenses.
En un país como Costa Rica, donde la vida urbana y el tránsito diario son parte de la realidad de 2.607.287 millones de mujeres y niñas, esta ley es una declaración de principios: nadie debe sentir miedo ni humillación simplemente por caminar por la calle.
