Cuatro de cada diez denuncias, que presentan las mujeres defensoras de derechos humanos establecen, que fueron agresiones directas de la policía contra ellas, en ocasiones de manera conjunta con miembros del ejército
Las mujeres dedicadas a la defensa de las garantías fundamentales, en Honduras, están en permanente situación de alta vulnerabilidad en materia de seguridad personal, denunció la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Casi la mitad de las denuncias de agresión se refiere a acciones de efectivos policiales lo mismo que militares, planteó Izaguirre, al dar a conocer, el 19 de agosto, un informe elabpotrado por el Proyecto ProDefensoras Honduras, de la oficina de la Conadeh.
El documento se refiere a los departamentos (provincias) caribeños de Atlántida y Colón, así como los occidentales Intibucá, La paz, Lempira (fronterizos con El Salvador), y Santa Bárbara (limítrofe con Guatemala).
Al informar, ese día, sobre el lanzamiento del informe, la Dirección de Información y Prensa de la institución indicó que el estudio fue elaborado para “visibilizar los riesgos individuales y colectivos para las mujeres defensoras”, en esos departamentos.
El documento “revela los peligros que enfrentan (las defensoras) por realizar esa labor humanitaria”, precisó la dependencia, en la extensa nota informativadifundida en el sitio de la Conadeh en Internet.
“Cuatro de cada 10 denuncias, que presentan las mujeres defensoras de derechos humanos establecen que, fueron agresiones directas de la policía contra ellas, en ocasiones de manera conjunta con miembros del ejército”, de acuerdo con la información oficial.
Citada en la nota, Izaguirre expuso “los riesgos que enfrentan las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
En tal sentido, formuló la recomendación, al Estado hondureño, de “respetar y reconocer la labor que realizan las mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras”.
Al revelar ese contexto de inseguridad, Izaguirre denunció, a manera de puntual ejemplo, que “la situación de riesgo, para las defensoras de la tierra, territorio, y medio ambiente, se profundiza, dado que enfrentan un triple riesgo: por ser mujeres, rurales, y étnicas”.
A ello se suma el hecho de que deben, invariablemente, “enfrentarse a un modelo de desarrollo que favorece los intereses de personas y grupos poderosos, política y económicamente”.
“Además, porque, contra ellas, se exacerban los riesgos de criminalización, discriminación, estigmatización, y militarización de sus territorios, para silenciar su oposición o sus reclamos”, precisó.
En ese dramático cuadro de situación, un caso emblemático, en Honduras, es el de la líder indígena, defensora de los derechos humanos, y ambientalista, Berta Cáceres, quien fue asesinada a causa de la inclaudicable lucha que, durante Algo más de dos décadas, llevó a cabo.
El asesinato de Cáceres fue perpetrado poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016 –el día antes de que cumpliera 45 años-, cuando sicarios irrumpieron en la casa de la dirigente, en la ciudad de La Esperanza, la capital de Intibucá –a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional-, la golpearon, y la balearon.
La activista protagonizó simultáneas luchas, incluida, en marzo de 1993 –cuando tenía 22 años-, la fundación –conjuntamente con su entonces pareja, el también dirigente indígena Salvador Zúniga- delConsejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La organización se convirtió, rápidamente, en uno de los principales instrumentos de movilización de la base social hondureña, y en referente local e internacional de lucha popular.
Los frentes de acción de la agrupación incluyen como ejes centrales, la promoción del respeto a los derechos humanos –en particular los de las mujeres-, la reivindicación de la cultura indígena, la defensa de los recursos naturales.
Cáceres fue asesinada mientras se desempeñaba como coordinadora del Copinh, y en el marco de la exitosa lucha que encabezó contra un proyecto hidroeléctrico que, de haberse llevado a cabo, habría generado severo daño a la cuenca del Río Gualcarque.
Ese cuerpo de agua, que es sagrado para el pueblo indígena Lenca -al que pertenecía Cáceres-, cruza los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.
En cuanto a la situación de las defensoras de los derechos humanos, Izaguirre denunció que “quienes agreden y violentan sus derechos, operan tanto en el ámbito público como en el privado”.
Se trata de “integrantes de las fuerzas de seguridad, gobiernos locales, actores empresariales, así como familiares, parejas, ex parejas, e, incluso defensores que no las reconocen como iguales, y las desacreditan”, detalló.
Al mencionar factores que agudizan y perpetúan la situación, señaló, también en calidad de denuncia, que “la impunidad generalizada, y la falta de datos precisos y actualizados, son dos desafíos significativos en el abordaje de la violencia contra las mujeres, y (contra) las defensoras de derechos humanos, en Honduras”.
“La impunidad perpetúa la violencia contra ellas, al no proporcionar consecuencias legales significativas a los agresores”, reflexionó.
No obstante ello, y “ante la falta de respuesta del Estado, las defensoras de los derechos humanos, en Honduras, continúan demostrando una gran capacidad de resistencia”, aseguró.
Además, “activan sus habilidades y capacidades para enfrentar desafíos, apoyarse mutuamente, y exigir justicia para aquellas que no pueden hacerlo”, dijo, a continuación.
Izaguirre indicó que, en tal cuadro de situación, “muchas defensoras de los derechos humanos, en Honduras, han muerto violentamente, otras son objeto de amenazas, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión y difamación”.
Al respecto, la Dirección de Información y Prensa reveló que, 209 personas defensoras de los derechos humanos -incluidas 67 mujeres- fueron, en 2021, víctimas de agresión y amenaza, cifra que, en 2022, se ubicó en 191 -entre ellas, 50 mujeres-.
También señaló, citando cifras de la Red Nacional de defensoras de derechos Humanos (Rnddh), que el período 2016-2017 figura, con el registro de 1230 agresiones y cinco femicidios, como uno de los más violentos para esas activistas.
De acuerdo con la información revelada en la nota informativa, “la policía, uno de los actores estatales vinculados a deberes de seguridad y protección en Honduras, fue identificada, por las defensoras de derechos humanos, como uno de los principales agresores”.
País integrante -junto con El Salvador y Guatemala- del Triángulo Norte de Centroamérica -una de las regiones más violentas a nivel mundial-, la violencia de género constituye, en Honduras, un endémico problema de conducta social y en materia de seguridad.
De acuerdo con cifras reveladas por la especialista Honorina Rodríguez, en declaraciones reproducidas, el 6 de agosto, por la radioemisora local HCH, seis mil mujeres fueron asesinadas, la pasada década, en Honduras, habiendo sido el entorno del hogar, el escenario en algo más de dos tercios de los casos.
Al denunciar la indiferencia social ante el brutal fenómeno, en el país centroamericano, Rodríguez aseguró que la violencia de género es vista como “un problema recurrente en Honduras, un flagelo que se ha ido normalizando”, contexto en el cual, “mujeres y niñas siguen sufriéndolo, sin que las autoridades reaccionen”.
En cuanto a la más vital manifestación de la agresión machista -el femicidio-, en una reciente actualización de datos, el no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM) informó que, para el período comprendido desde el 1 de enero hasta el 23 de julio de este año, las víctimas registradas fueron 259.
La cifra marca una potencial y preocupante orientación ascendente, ya que, para los 12 meses de 2022, el total estimado por el Observatorio de la Violencia, de la estatal Universidad Nacional autónoma de Honduras (Unah) fue 306.
De acuerdo con los números de CDM, durante la primera mitad de 2023 el mes que el más dramático registro de femicidios fue junio, con 91, seguido por enero (38), y febrero (36).
En cuanto a julio, el registro preliminar, hasta el 23 de ese mes, se ubica en 19, según la misma fuente.
Respecto a la normalización de la agresión de género, Rodríguez explicó, a HCH, que “hay muchas jovencitas que están experimentando episodios de violencia, sin saberlo, por parte de sus (respectivas) parejas”.
“Son formas de control disfrazadas de un interés”, indicó, para precisar, a manera de ejemplo, que, “muchas veces, las jóvenes no pueden ni platicar con sus familiares ni amigos”, y reafirmó que “son formas (de control de pareja) que se traducen en violencia”.
Foto: Pavel Danilyuk
