De los 161 puestos políticos de mayor importancia en Puerto Rico, 23 son ocupados por mujeres; solo ocho de las 78 alcaldías son dirigidas por mujeres.
Han pasado ochenta y cuatro años desde que María Martínez Acosta se convirtió en la primera mujer puertorriqueña en ocupar un escaño en el Senado de Puerto Rico (1937) y setenta y cuatro años en que Felisa Rincón Marrero fue elegida alcaldesa de San Juan (1947), siendo la primera mujer en ocupar este cargo en una ciudad capital en toda América.
Extraordinarios hitos lograron estas dos ilustres mujeres, si las comparamos con los demás países de la región, por ejemplo Uruguay, en donde Sofía Álvarez Vignoli e Isabel Pinto de Vidal fueron las primeras senadoras en 1942. En Costa Rica, país con una democracia centenaria consolidada, hasta el 1953 logró que por primera vez ocuparan escaños similares tres mujeres: Ana Rosa Chacón González, María Teresa Obregón Zamora, Estela Quesada Hernández. En 1964, Alicia Arellano Tapia junto con María Lavalle Urbina, fueron las dos primeras mujeres que llegaron al Senado de la República de México.
Después de ocupar puestos en el senado, alcaldías y gabinete, algunas mujeres aspiraron a ser gobernadoras, presidentas y primeras ministros de sus países, participando en elecciones populares. Eugenia Charles, fue la primera Ministra de Dominica, en 1980, Violeta Barrios Torres presidenta de Nicaragua (1990), Mireya Moscoso Rodríguez, Panamá (1999), Cristina Fernández Wilhelm, Argentina (2007), Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica (2010), Kamla Persad-Bissessar primera ministra de Trinidad y Tobago (2010), Dilma Rousseff, Brasil (2011) y Portia Simpson-Miller, primera ministra de Jamaica en 2012. En el 2001 -ni primera, ni última-, Sila Calderón Serra logra convertirse en la primera mujer gobernadora de Puerto Rico.
El reinado de mujeres líderes políticas en América Latina concluye con el segundo periodo presidencial de Cristina Fernández en el 2015. Después de esta fecha, todas las mujeres en la política han ocupado el “segundo lugar” como vice presidentas y en el caso de Puerto Rico como Comisionada Residente en Washington, que por primera vez recae en la figura de Jenniffer González Colón, después de haber sido ocupado desde el 1901 por diecinueve hombres.
Un rayo de esperanza emerge en el Senado de Puerto Rico que cuenta con 14 mujeres de los 27 puestos, pero se opaca con los 10 puestos ocupados por mujeres, de los 51 de la Cámara de Representantes.
Según datos del Inter-Parliamentary Union, UIP, en 2017, un número récord de mujeres se presentó a elecciones en países de todo el mundo, pero no se logró el avance. Francia eligió un número récord de mujeres con 223 puestos de los 577 en la Asamblea Nacional. En España, el Primer Ministro Pedro Sánchez eligió en el 2018 a 11 mujeres para formar parte de su gabinete de 17 integrantes.
A pesar de que en los últimos veinte años Suecia, Bolivia, Granada, México, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda cuentan entre un 40% a un 30% de mujeres parlamentarias, el progreso hacia la representación igualitaria de género se ha estancado en los últimos cinco años.
El informe del Observatorio Regional Democracia Paritaria y Violencia Política de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), en el documento Puerto Rico 2020, indica que de los 161 puestos políticos de mayor importancia en Puerto Rico como Gobernador o Gobernadora, Comisionado Residente en Washington, Asamblea Legislativa y Alcaldes Municipales, tan sólo 23 son ocupados por mujeres. Solo ocho de las 78 alcaldías son dirigidas por mujeres. Lo anterior es distante a la realidad nacional de un 53% de población conformada por mujeres, que requeriría que 85 de esos cargos fueran de representación femenina.
Aunque la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952, afirma la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la vida pública y establece, además, que la discriminación por razones de sexo es inconstitucional, del dicho al hecho hay un gran trecho, y la paridad de género en nuestra isla, al igual que los demás países del mundo, en los cuerpos políticos y gabinetes, está lejos de lo que podríamos llamar justicia social de representatividad de género.
