Una organización no gubernamental de derechos humanos de El Salvador formuló un llamado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que presione al gobierno de ese país para que se ponga en libertad a casi una veintena de mujeres injustamente encarceladas.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, planteó, por intermedio de su presidenta, Morena Herrera, que esa medida -para beneficiar a las mujeres encarceladas por haber sufrido emergencias obstétricas (abortos involuntarios)- es de urgente aplicación, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial del nuevo coronavirus -causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19)-.
El brutalmente machista sistema judicial de El Salvador considera que el aborto, en cualquier contexto, constituye el delito de homicidio, castigado con penas de prisión de por lo menos 30 años.
La tipificación se aplica también en los casos de emergencia obstétrica, debido a lo cual por lo menos 17 salvadoreñas -de momento- cumplen condena.
“Ahora, más que nunca, especialmente en una pandemia que pone la vida en riesgo, exhortamos a la CIDH para que siga abogando y presione a El Salvador para liberar a estas mujeres injustamente encarceladas”, planteó Herrera, en declaraciones reproducidas, el 3 de diciembre, por el diario español El País.
La activista denunció, asimismo, que, en las hacinadas prisiones salvadoreñas, no rigen las medidas mínimas para tratar de evitar la propagación del virus -principalmente, la que impone el distanciamiento social-.
Sumado a ello, las autoridades penitenciarias, además de ignorar los llamados de organizaciones de derechos humanos, han impuesto restricciones al régimen de visita, lo que impide que las reclusas reciban, de familiares, implementos de higiene y protección antivirus -jabón, alcohol en gel, mascarillas, entre otros-, agregó.
“Ha sido imposible que haya distanciamiento en las cárceles de El Salvador, que están entre las más hacinadas del mundo, y la alteración en el régimen de visitas -que es la forma en que algunas reciben elementos de aseo y medicinas- ha empeorado las condiciones de estas mujeres, muchas detenidas injustamente”, planteó.
“En estos meses de pandemia hemos pedido (a las autoridades judiciales) que se estudien sus casos y que se les otorgue libertad condicional, pero no han querido escucharnos”, agregó, en alusión al tiempo transcurrido desde marzo, cuando la pandemia mundial comenzó a golpear al país centroamericano.
También se ha ignorado un fallo que el Tribunal Constitucional emitió en julio, mediante el cual ordenó que se revise, urgentemente, los casos de 14 mujeres quienes se encuentran encarceladas bajo la acusación de haber abortado.
Esta decisión respondió a acciones judiciales emprendidas por varias organizaciones derechos humanos, incluido el internacional Centro de Derechos Reproductivos, entidad con sede central en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York.
Respecto a acciones arbitrarias ejercidas contra las reclusas, el tribunal ordenó, específicamente, que se indique el estado de salud de las mujeres, y se explique, en materia de alteración del régimen de visitas, los motivos por los cuales se prohibió la comunicación con familiares.
En ese sentido, precisó que el impedimento de visitas, así como “la incomunicación coactiva pueden llegar a constituir formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También citada por El País, la presidenta regional del centro para América Latina y el Caribe, Carmen Martínez, indicó, al respecto, que el tribunal respondió, así, a las acciones legales de las organizaciones, que, entre otros puntos, plantearon contemplar la libertad de 14 presas.
Sin embargo, “no ha pasado nada”, dijo Martínez.
“Si no se concedía su libertad, debía argumentarse -y con fundamentos de peso-, pero no ha pasado nada”, reafirmó.
En cuanto a las inhumanas condiciones de hacinamiento que presentan los establecimientos carcelarios salvadoreños, la CIDH indicó, en un informe sobre la visita que llevó a cabo, en diciembre del año pasado, al país centroamericano, que la situación es preocupante, a causa de lo que describió como las “graves violaciones de derechos humanos” que comprobó.
Ante el agravamiento de la situación, a causa de la pandemia, el grupo de trabajo del Sistema Interamericano denunció que los reclusos, en general .-incluidas las mujeres-, están en riesgo sanitario.
Respecto a la exhortación a la CIDH, Herrera dijo que, en cuanto a la población penitenciaria femenina, “hemos planteado que se incluya el enfoque de género, porque, en este país, muchas están procesadas sin haber cometido ningún delito, por problemas de salud como lo es una complicación obstétrica”.
“Abogar por la libertad de estas mujeres es lidiar con un sistema que parece no querer escuchar, y con el acoso de quienes se oponen a verlas fuera de las prisiones”, reflexionó.
A nivel centroamericano, los países que prohíben, inflexiblemente, el aborto -y lo criminalizan-, son El Salvador, Honduras, y Nicaragua.