Al menos catorce países de América Latina han adoptado legislación orientada a abordar la violencia contra las mujeres en la política, según un análisis publicado en mayo por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, un número que se duplicó en apenas una década de reformas dispersas por todo el continente.
Bolivia aprobó en 2012 la primera ley específica de la región sobre acoso y violencia política contra las mujeres, impulsada por la Asociación de Concejalas de ese país tras años de denuncias que no encontraban dónde presentarlas ni cómo tipificarlas dentro del código electoral vigente en ese momento. Un modelo que Brasil replicó en 2021 y Costa Rica en 2022, cada uno con su propio texto legal y su propio proceso legislativo.
No existe en la región un único modelo de regulación: algunos países optaron por leyes específicas dedicadas exclusivamente a este problema, mientras que Argentina y Uruguay lo incorporaron en sus leyes integrales de violencia de género, y Ecuador y República Dominicana prefirieron abordarlo directamente en su legislación electoral general vigente.
México ilustra el caso más fragmentado de todos: la reforma de 2020 modificó al mismo tiempo varias leyes distintas, lo que permite abordar el problema desde distintos ámbitos institucionales, pero también multiplica las puertas de entrada que una candidata debe identificar correctamente antes de presentar una denuncia, ya sea ante el instituto electoral, la fiscalía especializada o el propio partido político al que pertenece.
Chile llegó más tarde que la mayoría de sus vecinos e incorporó la violencia política contra las mujeres en su Ley N° 21.675, vigente recién desde junio de 2024, mientras que Panamá y Perú aprobaron sus propias leyes en 2020 y 2021, respectivamente, en lo que investigadores describen como una expansión acelerada de estos marcos normativos durante los últimos cinco años en toda la región.
Bolivia y México son, de acuerdo con el mismo análisis regional, los dos países que más han avanzado en complementar sus leyes con protocolos y reglamentaciones concretas para los organismos electorales, el paso siguiente que convierte una ley escrita en un procedimiento real que una candidata puede activar cuando enfrenta un ataque durante una campaña electoral.
La Convención de Belém do Pará, vigente en la región desde los años noventa, ya reconocía el derecho de las mujeres a la igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en la toma de decisiones, un fundamento jurídico que existía casi dos décadas antes de que Bolivia convirtiera ese principio general en la primera ley específica contra la violencia política de género de América Latina.
El Comité de la CEDAW aprobó en 2022 la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas de todo el mundo, que exige a los Estados garantizar su participación política efectiva, un instrumento internacional más reciente que las catorce leyes nacionales ya vigentes y que organizaciones de mujeres indígenas empiezan a citar para exigir que esas leyes se apliquen también con enfoque étnico, algo que ninguna de las catorce contempla todavía de forma explícita en su texto original.
Catorce países con ley no equivalen a catorce países donde esa ley funciona igual, la aplicación real depende de que cada tribunal electoral cuente con protocolo, presupuesto y personal capacitado para tramitar una denuncia, tres condiciones que, según el propio análisis de la Universidad de Costa Rica, varían enormemente entre un país que apenas aprobó su norma en 2024 y otro que lleva más de una década aplicándola, una brecha que ningún conteo regional de leyes aprobadas logra capturar por sí solo.
Referencias
CIEP UCR. (2026, 5 de mayo). Tendencias en la regulación de la violencia política contra las mujeres en América Latina. https://ciep.ucr.ac.cr/tendencias-en-la-regulacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-america-latina/
Portal America. (s.f.). Violencia política de género y organismos electorales. Leyes, reglamentaciones y protocolos en América Latina. https://portal.amelica.org/ameli/journal/84/844994003/html/
Organización de los Estados Americanos / MESECVI. (s.f.). Violencia contra las mujeres en la política de América Latina: mapeo legislativo. https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ViolenciaPoliticaMapeoLegislativo-ES.pdf
