Las migrantes de Venezuela -lo mismo adultas que menores de edad- quienes se desplazan irregularmente, por tierra, desde su país de origen hacia la limítrofe Colombia, normalizan la agresión de género de la que son víctimas, por parte de efectivos de seguridad –de ambos países- así como de grupos armados, de acuerdo con la denuncia formulada por un medio de comunicación.
Esas personas son, en porcentaje considerablemente elevado, objeto de diferentes tipos de abuso sexual, mientras otra proporción es capturada por organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, informó, asimismo, el periódico venezolano Crónica.Uno, en el artículo que, al respecto, publicó el 26 de diciembre.
Al pormenorizar componentes de esa situación -enmarcada en el masivo éxodo que es generado por la fuerte crisis humanitaria, de derechos humanos, sanitaria, y de seguridad ciudadana, persistente desde 2014, en Venezuela-, Crónica.Uno, indicó que numerosas migrantes se desplazan solas, lo que incrementa la probabilidad -virtual certeza- de que el riesgo se convierta en realidad.
El flujo de migrantes -tanto mujeres como hombres-, se ha intensificado a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, estallada al inicio de 2020 y que golpea, con particular fuerza, al caribeño país sudamericano, de acuerdo con lo indicado en la versión periodística.
Según cálculos dados a conocer por diversos organismos internacionales, el número de venezolanos quienes huyen -mayoritariamente, por tierra, a países sudamericanos-, desde el estallido de la crisis, se ubica en alrededor de seis millones.
El medio de comunicación informó, asimismo, sobre la reciente realización de un foro llevado a cabo en línea, sobre el tema, diálogo que fue programado por la organización no gubernamental de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
“Mujeres y niñas venezolanas que abandonaron el país por trochas (senderos), debido a la emergencia humanitaria compleja, estuvieron expuestas a violencia psicológica, sexual y física por parte de funcionarios y grupos armados”, indicó Crónica.Uno, en la extensa nota informativa que tituló “Mujeres migrantes y refugiadas expuestas a distintos tipos de violencia en pasos ilegales”.
El periódico citó, asimismo, datos del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para informar que “entre 24 % y 80 % de las migrantes y refugiadas experimentan alguna forma de violencia sexual durante su tránsito”.
También precisó que, en términos generales, según la misma agencia especializada de la organización mundial, “las mujeres conforman casi la mitad de los 272 millones de migrantes y de los 19,6 millones de personas refugiadas del mundo”.
En cuanto al caso de las venezolanas, el medio aseguró que “las mujeres migrantes y refugiadas han normalizado la violencia que padecen durante su travesía desde Venezuela hasta Colombia por los caminos irregulares”, y reafirmó que “funcionarios de seguridad del Estado y miembros de grupos armados —presuntamente— abusan sexualmente de ellas, o son captadas por redes de trata de personas”.
En ese sentido citó a Angye Suárez, encargada de la Línea de Género, de la colombiana Fundación Hablemos, quien, durante el encuentro virtual, relató que “las niñas contaban, a la fundación, que, en los tramos ilegales, las tocaban los guardias de Venezuela, o del Ejército de Colombia, y ellas piensan que es normal, que, como mujeres, están expuestas a eso”.
“La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela (…) se exacerbó con la pandemia”, lo que “impulsó a mujeres y niñas a salir de Venezuela de forma ilegal por el cierre de la frontera (con Colombia)”, límite cuyo paso peatonal fue rehabilitado el 26 de octubre, agregó.
“Muchas de ellas emigran solas, lo que incrementa las posibilidades de ser captadas para explotación sexual o ser víctimas de violencia física, sexual o psicológica”, explicó Suárez.
Al citar datos de Naciones Unidas, señaló que “mujeres y hombres viven experiencias de migración diferentes y en contextos de emergencia, derivados de la pandemia”, contexto en el cual “también se enfrentan a retos distintos que, en el caso de las mujeres, las ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
En este sentido, Crónica.Uno informó que “los miembros de redes de trata de personas se aprovechan de la crisis económica de Venezuela y abordan a las víctimas con falsas propuestas”.
“Una de ellas es un trabajo bien remunerado que ofrece posibilidad para las mujeres de mejorar su situación económica y la de su familia”, precisó.
También mencionó cifras de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en el sentido de que “las adultas y las niñas representan 49% de las víctimas de trata de personas a escala mundial, principalmente con fines de explotación sexual”.
“Por lo general, las víctimas no reportan ni denuncian cuando son expuestas a algún delito porque no se les garantiza el acceso a la justicia”, puntualizó el medio.
En declaraciones a Crónica.Uno, Suárez indicó que, en el caso de Colombia, se trata de un país afectado por décadas de guerra interna, y que, actualmente, es escenario de un complejo proceso de paz, razón por la cual se demora y se dificulta la tramitación de recepción de miles de nacionales quienes llegan desde la fronteriza Venezuela.
“Los servicios públicos que se le ofertan, a la mujer migrante, se quedan cortos”, indicó la activista de derechos humanos.
“A una mujer que es víctima de violación, y quiere acudir a un aborto legal, se le impide”, señaló, a manera de ejemplo.
“Y ahí viene el proceso de la revictimización, porque va de una entidad a otra, donde tiene que contar, varias veces, su historia, y, así va el proceso legal, hasta que tiene el embarazo adelantado”, agregó.
Respecto al foro en línea organizado por AI, el medio de comunicación citó algunas participaciones, e indicó que se refirieron a las variantes de violencia de género a las cuales están expuestas las migrantes y las refugiadas venezolanas -tanto adultas como menores-, y que incluyen discriminación, xenofobia, y aporofobia.
En ese sentido, Suárez explicó que, “por la discriminación, hay mujeres que se ven obligadas a trabajos sexuales, pues no encuentran empleo, o son víctimas de la explotación laboral”.
“Las mujeres también han normalizado la discriminación, la xenofobia”, formas de agresión de género que “afectan a las mujeres, pero no de la misma manera (a todas)”, dijo.
Durante su exposición en el conversatorio, Nastassja Rojas, especialista en Migración y Género, de la colombiana y centenaria Universidad Javeriana, responsabilizó a los Estados por mantener, en general, desfasados sus respectivos mecanismos de protección de los derechos humanos.
Esto, constituye un componente negativo para las migrantes quienes cruzan la frontera hacia Colombia, aseguró la experta.
“Las mujeres que provienen de Venezuela, requieren protección especial”, planteó, a manera de recomendación y advertencia.
Ello, debido a que “sufren por las condiciones de origen”, a lo que se suma el hecho de que “hay desbalance en la responsabilidad compartida”, la que “debe ser del país de origen, de tránsito y de destino”, aclaró, a continuación.
“En este caso, el lugar de origen no tiene intención de hacerse responsable de la vida y de los derechos humanos de estas mujeres”, denunció, de inmediato, formulando una alusión -y denuncia-, específica, al gobierno venezolano.
Por su parte, la directora regional de AI para las Américas, Erika Guevara, hizo, igualmente, referencia al precario papel estatal en materia de seguridad de género.
La activista de derechos humanos puntualizó que “los Estados han fracasado al generar políticas públicas y culturales que promuevan espacios seguros para las mujeres y las niñas”.
En materia de garantías fundamentales, Rojas subrayó la necesidad de participación ciudadana, en lo que tiene que ver con la “protección de los derechos humanos de los ciudadanos”, así como de que “la sociedad debe recibir educación para combatir la xenofobia y la discriminación”.
