Las autoridades de Uruguay deben tomar medidas para bajar el índice de violencia de género que registra el país sudamericano, fenómeno que presenta una tendencia alcista en el delito de femicidio
Al señalar satisfacción por una serie de medidas implementadas en ese campo, el Comité de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), también planteó la necesidad de centrar la atención en materia de igualdad de género, lo mismo que de salud sexual y reproductiva, en términos generales, y de interrupción voluntaria del embarazo, en particular.
En lo que tiene que ver con agresión machista, el comité planteó, en el punto 14, que “la violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno extendido en el Estado parte, incluyendo 30 femicidios (…) en 2021”.
El organismo mundial hizo, así, mención al fenómeno que, en el rioplatense país sudamericano, presenta tendencia, en general, ascendente.
De acuerdo con números oficiales reproducidos por medios de comunicación uruguayos, el total de femicidios que correspondió a 2018 fue 35, cifra que bajó, el año siguiente, a 25, para seguir descendiendo en 2020, cuando se ubicó en 19.
Sin embargo, en 2021 se disparó a 30, mientras que el dato provisional, para solamente el primer semestre de 2022, es 19.
En el texto de observaciones, el comité señaló que “no se ha asignado el presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, especialmente en lo relativo a brindar asesoramiento, sitios de refugio y asistencia a las víctimas”.
Por otra parte, “los operadores judiciales, policías, personal de salud y asistencia social aún carecen de formación y capacitación específica para abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtió.
Además, “existen obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y para la reparación a las familias como víctimas directas”, puntualizó.
Al respecto, el organismo recomendó, al Estado uruguayo, que “debe intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas incluidas la violencia doméstica y la violencia sexual, en particular”.
También debe “adoptar las medidas necesarias para”, entre otros objetivos, “asignar los recursos financieros, técnicos y humanos que resulten necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su territorio”.
Asimismo, “velar por que los funcionarios públicos pertinentes, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden, personal de salud y asistencia social, entre otros, reciban una formación adecuada para detectar, tramitar e investigar los casos de violencia contra la mujer teniendo en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos”.
En cuanto a igualdad de género, el comité señaló preocupación por el hecho de que “las mujeres aún no estén suficientemente representadas en puestos directivos y de toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado”.
Destacó, específicamente, “la falta de representación de las mujeres afrodescendientes e indígenas”.
En material laboral, indicó que le preocupa “la persistente desigualdad salarial entre hombres y mujeres”.
Respecto a esta área cubierta por el Sexto Informe Periódico del Uruguay, en las Observaciones Finales a ese documento, dadas a conocer el 27 de julio, el comité señaló que el Estado uruguayo debe “intensificar sus esfuerzos para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y en todo el país”.
“En particular, debe tomar medidas concretas para aumentar la representación de las mujeres, incluidas las mujeres afrodescendientes e indígenas, en los puestos de adopción de decisiones tanto en el sector público como en el privado”, agregó, el documento de observaciones y recomendaciones que abarcan 38 puntos contenidos en 10 páginas.
Asimismo, tiene que “adoptar medidas eficaces para reducir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres”.
En cuanto a interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y a derechos reproductivos, igualmente señaló preocupación respecto a “los informes sobre los obstáculos que estarían enfrentado las mujeres en la práctica para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Esto, “incluyendo la invocación de la objeción de conciencia por equipos médicos y la limitante, para las mujeres migrantes, de tener que haber vivido un año en el territorio nacional para poder tener acceso a la IVE”, planteó.
Por otra parte, escribió que le “preocupa la información que indica que las tasas de embarazo adolescente siguen siendo elevadas a pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenirlos”.
En tal contexto, entre otras acciones recomendadas, es necesario, para el Estado uruguayo, “redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso legal y efectivo, en condiciones de seguridad y privacidad, de las mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo en todo su territorio”, planteó.
Ello, además de “garantizar en la práctica que la objeción de conciencia no resulte una barrera a la interrupción voluntaria del embarazo segura, legal y efectiva”, lo mismo que “eliminar la limitante temporal de un año en el territorio nacional para que las mujeres y niñas, incluyendo las migrantes, puedan tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo segura, legal, y efectiva”.
Igualmente, “Incrementar sus esfuerzos para prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, y para garantizar el pleno acceso a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país, en particular entre las mujeres afrodescendientes e indígenas y las que viven en zonas rurales y desfavorecidas”.
También sugirió, al Estado, “redoblar sus esfuerzos de sensibilización y educación sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva priorizando la implementación de un efectivo plan nacional de educación sexual y reproductiva”.
Foto: Engin Akyurt
