Mujeres costarricenses quienes cumplen condena de prisión, cuentan con un nuevo esquema de atención integral -para cuando cumplan sus respectivas penas, o si obtienen libertad condicional-.
Se trata de dos programas que, respectivamente, constituyen, de acuerdo con su designación, puentes hacia el desarrollo y el bienestar, para que las beneficiarias den reinicio a su vida, informó la Presidencia de la República, al anunciar, en un comunicado, la activación de esas iniciativas.
Las privadas de libertad están recluidas en el Centro de Atención Integral “Vilma Curling”, que, ubicado en la periferia sureste capitalina, lleva el nombre de la enfermera (1934-2015) quien se caracterizó por defender los derechos de las mujeres encarceladas, y de sus hijos.
“Este lunes 28 de junio se concretó la firma que pondrá en marcha el ‘Protocolo de articulación para la atención de mujeres privadas de libertad del CAI Vilma Curling Rivera, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Puente al Desarrollo’”, de acuerdo con la información oficial.
“El protocolo –cuya primera fase se llevará a cabo entre julio y noviembre de 2021- articulará acciones interinstitucionales para la referenciación por parte del MJP (Ministerio de Justicia y Paz) al IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social)de las mujeres privadas de libertad de ese centro penitenciario que se encuentran en situación de cambio de nivel, libertad condicional o en egreso”, explicó la presidencia.
“A partir de esa referenciación, serán valoradas de manera prioritaria para su atención en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo (EPD)”, puntualizó.
“El beneficio para poder acceder a los programas de la EPD se aprueba hasta que la persona egresa del centro penal”, indicó, a continuación, para precisar que “el subsidio del IMAS está previamente aprobado y las beneficiarias tendrán acceso a éste hasta que estén fuera del CAI Vilma Curling”.
Es en ese “momento cuando se activa el seguimiento para que sean valoradas para formar parte de los programas de Puente al Bienestar”, agregó.
“En una segunda fase, posterior al egreso del centro penal y de acuerdo con el perfil de atención y la disponibilidad presupuestaria, se incorporará a la población beneficiaria en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, en conjunto con su grupo familiar, en donde se sumará el apoyo de todas las instituciones del sector social, según el marco de derechos y de sus necesidades”, señaló.
Al participar en la ceremonia de firma del protocolo, realizada en el CAI, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, y la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, destacaron el apoyo que se plantea para las ex reclusas.
“Creamos un puente de protección y promoción social que los acompañe durante los primeros años de su nueva vida en libertad”, indicó Bermúdez, en alusión a las mujeres quienes ingresarán a los programas.
Esto, “dará como resultado la reconstrucción de su plan de vida y una exitosa reinserción familiar y comunitaria”, agregó.
“La exclusión social, la violencia, y la dependencia económica son situaciones que anteceden a muchas de las mujeres en privación de libertad”, dijo.
Ante ello, “el sistema penitenciario realiza esfuerzos enormes para generar capacidades y estimular el potencial, durante el cumplimiento de las sentencias”, aseguró.
En ese sentido, Salazar expresó que, “como continuación a los procesos educativos y laborales que se desarrollan dentro del centro penitenciario, este protocolo es una muestra concreta del Estado trabajando como tal”.
“No es el trabajo de instituciones de manera aislada, sino la construcción de un tejido que permita a las mujeres tener más oportunidades para no volver nunca más a un proceso penitenciario”, señaló.
“Se trata de una “apuesta concreta por la inserción social, a través del acompañamiento y (de) las puertas que abren los programas Puente, porque, a todos y todas, se nos hace más transitable el camino de los nuevos comienzos, cuando sabemos que no lo andamos en soledad”, reflexionó.
Por su parte, Rebeca Zúñiga, una privada de libertad, expresó que, “en este centro penal, nos convertimos en mujeres emprendedoras, y soñamos con salir y sacar adelante a la familia”.
“Pero al salir, la sociedad nos rechaza, y la mayoría de las mujeres, al salir, no tendremos opciones laborales, o encontraremos salarios muy bajos que no nos alcanzarán para vivir, comer y ver hijos”, continuó denunciando.
Pero, a continuación, planteó que, “saber que hay algo con qué empezar de nuevo, nos da ilusión”.
