Los programas dirigidos a hombres que ejercen violencia contra sus parejas pueden contribuir a modificar determinadas conductas, pero la investigación científica arroja resultados limitados y desiguales. La seguridad de las mujeres debe mantenerse como prioridad, incluso cuando el agresor participa en un tratamiento.
Un hombre que ha golpeado, amenazado, humillado o controlado a su pareja puede cambiar su comportamiento. Sin embargo, determinar si ese cambio será duradero y suficiente para evitar nuevas agresiones sigue siendo uno de los principales desafíos de los programas de intervención con agresores.
Durante décadas, especialistas en psicología, criminología y salud pública han estudiado los tratamientos dirigidos a personas que ejercen violencia en sus relaciones de pareja. Las investigaciones muestran que algunas intervenciones consiguen reducir determinados comportamientos violentos, aunque sus resultados son modestos y no permiten garantizar la rehabilitación de una persona concreta.
La violencia contra las mujeres tampoco puede explicarse exclusivamente por dificultades para controlar la ira, problemas emocionales o consumo de alcohol. En numerosas relaciones abusivas intervienen comportamientos destinados a imponer decisiones, restringir la autonomía de la pareja o mantener una posición de dominio.
Las amenazas, la vigilancia, el aislamiento de familiares y amistades, las restricciones económicas y la coerción sexual pueden formar parte de ese control. Por ello, un tratamiento que se centre únicamente en reducir los episodios de agresión física puede dejar intactas otras manifestaciones de violencia.
La psicóloga Julia C. Babcock, de la Universidad de Houston, encabezó una revisión publicada en Clinical Psychology Review en 2024 que reunió 59 estudios controlados sobre intervenciones dirigidas a personas que habían ejercido violencia de pareja.
Los investigadores encontraron efectos pequeños, aunque estadísticamente significativos en determinados análisis, sobre la reducción de nuevas agresiones físicas. Los resultados fueron menores en los estudios experimentales más rigurosos que en los realizados mediante diseños cuasiexperimentales.
La revisión también examinó diferentes modalidades de tratamiento, entre ellas programas psicoeducativos, intervenciones cognitivo-conductuales y enfoques más recientes. Algunas alternativas mostraron resultados prometedores, pero la evidencia disponible no permite identificar una modalidad que garantice mejores resultados para todos los agresores.
La interpretación de estos hallazgos exige una precaución adicional: los estudios no siempre utilizan los mismos indicadores para determinar si una intervención funciona. Algunos recurren a registros policiales o judiciales, mientras que otros consideran los testimonios de las parejas o exparejas y las declaraciones de quienes reciben tratamiento.
Estas diferencias importan porque una reducción de denuncias o condenas no equivale necesariamente a la desaparición de la violencia. Las mujeres pueden seguir sufriendo amenazas, vigilancia o intimidación sin que estos hechos consten en los registros oficiales.
Otra revisión publicada en 2021, encabezada por la investigadora Áine Travers, analizó 31 estudios sobre programas destinados a prevenir la reincidencia. Los resultados sugirieron que determinadas intervenciones adaptadas al nivel de riesgo y a las necesidades de cada participante podían reducir la reincidencia durante el primer y segundo año de seguimiento. Sin embargo, los efectos observados tras períodos superiores a dos años no alcanzaron significación estadística.
La investigación aportó indicios favorables a los tratamientos que consideran las características individuales de los agresores, en lugar de aplicar un programa idéntico a todas las personas. También puso de manifiesto las dificultades para comprobar si los cambios se mantienen a largo plazo.
La evidencia científica más reciente mantiene esa cautela, ya que, en mayo de 2026, Marta Sousa y un equipo internacional de investigadores publicaron en la revista Journal of Family Violence una revisión conjunta que examinó once metaanálisis sobre la eficacia de los programas de intervención para agresores de pareja.
Los autores encontraron que la solidez general de la evidencia era débil o, en algunos casos, sugestiva. Los efectos medios de los programas fueron pequeños y no alcanzaron significación estadística en el análisis conjunto.
Los resultados también mostraron diferencias entre modalidades terapéuticas, la duración de los programas y los períodos de seguimiento. Algunas intervenciones basadas en la terapia de aceptación y compromiso ofrecieron indicios prometedores, aunque los investigadores advirtieron que todavía se necesita evidencia más sólida.
Estos hallazgos no significan que los tratamientos carezcan de utilidad. Indican que su eficacia es variable y que todavía existen limitaciones importantes para determinar qué programas funcionan mejor, con qué participantes y durante cuánto tiempo. De igual forma, obligan a distinguir entre asistir a terapia y modificar las conductas violentas, pues después de una agresión, un hombre puede expresar arrepentimiento, pedir perdón o asegurar que nunca volverá a comportarse de la misma manera. Esas manifestaciones pueden formar parte de una intención de cambio, pero no constituyen pruebas suficientes de que el riesgo haya desaparecido.
Los programas especializados procuran que quienes han ejercido violencia reconozcan su responsabilidad, abandonen las justificaciones de sus actos y aprendan a relacionarse sin recurrir a la intimidación o la coerción.
El seguimiento debe considerar los comportamientos observables y su continuidad en el tiempo. La ausencia de golpes durante un período determinado no demuestra que hayan terminado el control económico, las amenazas, el aislamiento o las agresiones sexuales.
Tampoco puede atribuirse automáticamente la violencia de pareja a un trastorno mental. La existencia de problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias puede requerir atención especializada, pero no explica por sí sola la decisión de ejercer violencia ni elimina la responsabilidad por los actos cometidos.
El tratamiento de esas condiciones puede formar parte de una intervención más amplia cuando resulte pertinente. Sin embargo, abandonar el consumo de alcohol o recibir atención psicológica no garantiza que desaparezcan los comportamientos abusivos.
En abril de 2026, el Ministerio del Interior del Reino Unido publicó una segunda edición de sus estándares para programas de intervención con agresores de violencia doméstica y acoso, actualizada posteriormente en octubre.
El documento establece que el principal resultado esperado debe ser una mayor seguridad y libertad para las víctimas, incluidos los niños y niñas afectados por la violencia.
También recomienda que las intervenciones formen parte de una respuesta institucional coordinada, que los agresores asuman responsabilidad por sus comportamientos y que los programas sean evaluados periódicamente.
Este planteamiento modifica la manera de valorar los resultados. El éxito de un tratamiento no debería medirse únicamente por la asistencia a las sesiones, la satisfacción del participante o la ausencia de nuevas denuncias. También debe examinarse si las mujeres han recuperado la seguridad, la autonomía y las posibilidades reales de tomar decisiones sin intimidación.
Las normas británicas señalan, además, que los servicios especializados deben ofrecer apoyo a las víctimas durante las intervenciones con agresores. La responsabilidad de prevenir nuevas agresiones corresponde a las instituciones y a quien ejerció la violencia, no a la mujer afectada.
Una mujer que ha sufrido violencia no tiene la obligación de acompañar el tratamiento de su agresor, perdonarlo ni continuar la relación para comprobar si ha cambiado.
Tampoco debe considerarse la terapia de pareja una respuesta automática ante situaciones de violencia, especialmente cuando existen amenazas, intimidación o control coercitivo. En esas circunstancias, la intervención conjunta puede exponer a la mujer a nuevos riesgos si no se realiza una valoración especializada de seguridad.
La Organización Mundial de la Salud, en la segunda edición de su marco RESPECT Women, publicada en noviembre de 2025, insiste en que la prevención de la violencia requiere actuar sobre las desigualdades de género, las normas sociales que justifican el abuso y las condiciones que dificultan el acceso de las mujeres a servicios de protección.
La intervención con agresores constituye una parte de esa respuesta, pero no sustituye la prevención, las medidas judiciales ni los servicios de atención a las víctimas.
La investigación científica permite reconocer posibilidades de cambio en algunos hombres que han ejercido violencia. Lo que todavía no permite es garantizar que una intervención determinada eliminará el riesgo de nuevas agresiones.
Por esa razón, cualquier programa de rehabilitación debe evaluarse a partir de resultados verificables y de sus consecuencias para la seguridad de las mujeres. La responsabilidad del cambio corresponde al agresor; la protección de quienes han sufrido violencia no puede quedar condicionada a que ese cambio llegue a producirse.
Referencias
Babcock, J. C., Gallagher, M. W., Richardson, A., Godfrey, D. A., Reeves, V. E., & D’Souza, J. (2024). Which battering interventions work? An updated meta-analytic review of intimate partner violence treatment outcome research. Clinical Psychology Review, 111, 102437. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102437
Organización Mundial de la Salud. (2025). RESPECT women: Preventing violence against women (2.ª ed.). https://www.who.int/publications/i/item/9789240117020
Sousa, M., Pinto e Silva, T., Almeida, T. C., Santirso, F. A., Caridade, S., & Cunha, O. S. (2026). The effectiveness of intervention with intimate partner violence perpetrators: An umbrella review. Journal of Family Violence. https://doi.org/10.1007/s10896-026-01115-z
Travers, Á., McDonagh, T., Cunningham, T., Armour, C., & Hansen, M. (2021). The effectiveness of interventions to prevent recidivism in perpetrators of intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 84, 101974. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.101974
Vera-Gray, F., Kelly, L., Lovett, J., & Westmarland, N. (2026). Standards for stalking and domestic abuse perpetrator interventions (2.ª ed.). Home Office. https://www.gov.uk/government/publications/standards-for-stalking-and-domestic-abuse-perpetrator-interventions/standards-for-stalking-and-domestic-abuse-perpetrator-interventions-accessible
