La digitalización puede reducir los tiempos de espera y los desplazamientos para acceder a los servicios públicos. Sin embargo, las personas mayores se encuentran entre quienes menos utilizan estos canales en América Latina y el Caribe. La edad, la educación, los ingresos, el territorio y el género condicionan una autonomía que depende cada vez más de las competencias digitales.
Realizar un trámite público en línea requiere alrededor de 40 minutos en América Latina y el Caribe, mientras que hacerlo presencialmente demanda cerca de 6 horas en promedio. La diferencia explica parte del impulso que gobiernos e instituciones han dado a portales, aplicaciones y otros servicios digitales, pero sus beneficios todavía se distribuyen de manera desigual. Una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, publicada en mayo de 2026, encontró que el 48 % de las personas realizó su último trámite gubernamental de forma presencial y solo el 14 % lo completó por medios digitales.
Los datos, obtenidos a partir de información de 11 países, muestran diferencias considerables en función de la edad y la educación. Entre las personas de 18 a 34 años, el 18 % había completado su último trámite en línea, proporción que descendía al 7 % entre quienes tenían 55 años o más. Las dificultades surgen incluso antes de acceder a una plataforma institucional. El 43 % de las personas mayores de 55 años consultadas manifestó no sentirse seguras al realizar ninguna de varias tareas digitales habituales, mientras que esa proporción era del 10 % entre las personas de 18 a 25 años.
Esta diferencia no significa que las personas mayores permanezcan desconectadas de internet. En las Américas, el 88 % de la población utilizaba la red en 2025 y, entre quienes tenían entre 15 y 24 años, la proporción alcanzaba el 97 %, frente al 87 % en el resto de las edades. La Unión Internacional de Telecomunicaciones identifica a las personas de 75 años o más como el grupo etario menos conectado a nivel mundial. La brecha generacional persiste, aunque la expansión del acceso haya reducido considerablemente el número de personas completamente desconectadas.
Tener conexión, de todas maneras, solo resuelve una parte del problema, porque aspectos como solicitar una cita médica, recuperar una contraseña, adjuntar un documento, reconocer un enlace fraudulento o completar un formulario exigen conocimientos distintos de los necesarios para enviar mensajes o realizar una videollamada. Esta diferencia llevó a la CEPAL a presentar, en junio de 2026, DigCompALC, el primer marco regional de competencias digitales diseñado específicamente para América Latina y el Caribe, que incorpora capacidades relacionadas con la información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas.
La discusión adquiere mayor importancia a medida que la digitalización deja de ser una alternativa y comienza a incidir en el acceso a los servicios públicos y a los mecanismos de protección social. Un estudio de la CEPAL, publicado en agosto, advierte de que la transformación digital tendrá implicaciones directas en estos sistemas y de que los altos niveles de vulnerabilidad existentes en la región pueden aumentar las desigualdades y la exclusión cuando el proceso no incorpora condiciones adecuadas de inclusión. La tecnología puede ampliar la cobertura y agilizar los servicios, aunque también puede introducir requisitos que determinadas personas encuentran más difíciles de cumplir.
La edad tampoco actúa de forma aislada, ya que el BID encontró niveles más bajos de uso de servicios públicos digitales entre personas con menor nivel educativo, habitantes de zonas rurales, personas con discapacidad y poblaciones históricamente excluidas. Mientras que el 29 % de quienes tenían educación universitaria había completado digitalmente su último trámite, la proporción descendía al 7 % entre quienes tenían educación primaria o menos. Las diferencias se reflejan en el acceso a dispositivos y en la confianza para realizar actividades digitales.
Incorporar el género exige observar cómo se acumulan esas condiciones, en lugar de asumir una desventaja tecnológica generalizada de las mujeres. Los datos de la UIT muestran que, en 2025, el 89 % de los hombres y el 87 % de las mujeres en las Américas utilizaban internet, una diferencia de dos puntos porcentuales que no permite concluir que exista una brecha regional extensa de acceso a internet por sexo. En cambio, la distancia entre zonas urbanas y rurales alcanzaba 16 puntos, con 91 % y 75 %, respectivamente. Una mujer mayor, rural y con baja escolaridad puede enfrentar simultáneamente varias desigualdades que una comparación agregada entre mujeres y hombres no logra evidenciar.
Las trayectorias de las mujeres que actualmente alcanzan edades avanzadas aportan otra dimensión. Muchas pertenecen a generaciones con menor participación en el mercado laboral formal y con oportunidades educativas distintas de las de las generaciones posteriores, mientras que una parte importante continúa realizando trabajo doméstico y de cuidados. La brecha digital en la vejez puede estar relacionada, por ello, con desigualdades acumuladas durante décadas y no con una supuesta resistencia femenina a la tecnología.
La organización del cuidado permite, además, comprender qué sucede cuando una persona no puede realizar por sí misma una gestión que se ha trasladado al entorno digital. El BID estima que 161 millones de personas realizan cuidados no remunerados en América Latina y el Caribe. Las mujeres representan el 62 % de quienes cuidan y aportan el 76 % de las horas destinadas a estas tareas. El estudio no permite afirmar que ellas realicen los trámites digitales de familiares dependientes en la misma proporción, pero sí demuestra que la asistencia cotidiana necesaria para mantener a otras personas sigue siendo distribuida de manera desigual.
Esa distinción resulta necesaria porque ayudar a utilizar un servicio digital puede convertirse en una nueva tarea dentro de relaciones de cuidado ya existentes. La evidencia regional disponible todavía no permite cuantificar cuántas hijas, esposas u otras familiares gestionan citas, pagos, formularios o solicitudes para personas mayores, por lo que atribuir directamente esa responsabilidad a las mujeres excedería los datos disponibles. La expansión de los servicios digitales hace pertinente empezar a medir también esta forma de apoyo, especialmente en sociedades que envejecen rápidamente.
Mantener opciones presenciales mientras se desarrollan capacidades digitales figura entre las recomendaciones del BID para evitar que la modernización institucional excluya precisamente a quienes encuentran mayores dificultades para utilizarla. El organismo propone, además, plataformas diseñadas para teléfonos móviles, procedimientos más sencillos, formación práctica y asistencia en las primeras experiencias digitales. CEPAL plantea el problema desde una perspectiva más amplia al señalar que la inclusión digital debe formar parte de las estrategias de desarrollo social si la transformación tecnológica pretende reducir las desigualdades en lugar de profundizarlas.
Para una persona mayor, poder realizar una gestión desde su casa puede evitar horas de desplazamiento, colas y gastos de transporte, lo que supone una ventaja especialmente importante cuando existen dificultades de movilidad o cuando se vive lejos de una oficina pública. La misma gestión pierde esas ventajas cuando requiere un dispositivo que no se posee, conocimientos que nadie ha enseñado o la ayuda permanente de otra persona. A medida que más servicios migran a entornos digitales, conservar la capacidad de decidir y actuar sin depender innecesariamente de terceros se convierte en una de las condiciones para mantener la autonomía en la vejez.
Referencias
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https://publications.iadb.org/en/unpaid-caregiving-latin-america-and-caribbean-key-numbers-and-trends
Banco Interamericano de Desarrollo. (2026, 11 de mayo). When government goes digital, who gets left behind?
https://www.iadb.org/en/blog/economic-analysis/when-government-goes-digital-who-gets-left-behind
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https://www.cepal.org/es/notas/desigualdad-inclusion-digital-desafios-oportunidades-desarrollo-social-inclusivo-la-region
Palma, A. (2026). Digital social protection. Elements for analysis. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/en/publications/90273-digital-social-protection-elements-analysis
Ripani, M. F. (2026). Marco regional de competencias digitales para América Latina y el Caribe (DigCompALC). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/90120-marco-regional-competencias-digitales-america-latina-caribe-digcompalc
Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). Facts and Figures 2025.
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2025/
