El documento que Rodrigo Chaves se negó a firmar no tiene ningún contenido que se refiera al aborto.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), aclara a la ciudadanía en general, lo siguiente en relación con el documento denominado Agenda de las mujeres para una vida libre de violencia, firmado por candidatas y candidatos presidenciales en la actividad conmemorativa del 25 de noviembre del 2021:
-El documento fue construido por colectivos de mujeres, hecho público y solo busca comprometer a las personas aspirantes a la presidencia de la República con una cultura de paz y a la promoción del disfrute pleno de los derechos humanos a favor de las mujeres, sobre todo en lo relacionado a vivir libres de violencia y cualquier tipo de discriminación, todo en el marco de los compromisos internacionales que ha asumido el país.
-Las mujeres que redactaron esta Agenda lo hicieron desde su experiencia personal y colectiva, en las más de 10 páginas del documento se evidencian las necesidades que tienen las adultas mayores, las mujeres afrodescendientes, las bisexuales y lesbianas, las mujeres con discapacidad, las indígenas, las jóvenes, las migrantes, las transexuales y hasta las mujeres que son usuarias de los servicios del INAMU.
-Ninguno de los compromisos que se señalan en la Agenda hace alusión a las declaraciones que se han dado a conocer o se refiere a “educar a nuestras hijas diciendo que la salud física depende o requiere de poderse hacer un aborto si la muchacha tiene un conflicto emocional con eso. Y que hay que educar a los niños y niñas para que ellos sepan que el género es fluido, usted puede escoger y puede experimentar”.
-De forma resumida, los compromisos estipulados de la Agenda de las mujeres para una vida libre de violencia son:
• Garantizar el financiamiento de los programas de prevención y de atención a la violencia contra las mujeres.
• Promover la inversión pública en servicios de atención de la violencia contra las mujeres.
• Calificar los servicios de atención en violencia contra las mujeres como servicios esenciales.
• Garantizar el funcionamiento de una plataforma vinculada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
• Promover políticas institucionales orientadas a prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia contra las mujeres.
• Establecer y mantener durante la gestión una política de reproche y sanción a las manifestaciones de violencia.
• Construir alianzas que promuevan la ética de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres.
• Promover desde los espacios de educación y formación una cultura de igualdad y no violencia.
• Promover espacios de capacitación desde las instituciones a las personas funcionarias.
• Impulsar estrategias de educación sexual de acuerdo con el curso de vida de las mujeres y los hombres de todas las edades para fortalecer el autocuidado, las relaciones afectivas desde la igualdad y el respeto, la autodeterminación en las decisiones del propio cuerpo y el ejercicio de maternidades y paternidades más conscientes, así como evitar infecciones de transmisión sexual.
• Dirigir inversión estatal al favorecimiento de la autonomía económica de las mujeres como una forma de protegerse de la violencia.
• Promover y fortalecer el Sistema Integral de los Cuidados.
• Promover y fomentar un nuevo contrato de empleabilidad y empresariedad para las mujeres en su diversidad.
• Implementar acciones para reducir la brecha digital.
• Identificar los impactos del cambio climático.
Nos preocupa que, en este contexto político, se pretenda desviar la atención de un tema tan sensible como lo es el combate de la violencia contra las mujeres y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la mitad de la población. Las estadísticas evidencian con claridad el nivel del problema social que enfrenta Costa Rica en materia de violencia contra las mujeres.
Solo durante el año pasado, 2.803 mujeres acudieron por primera vez a la Delegación de la Mujer para recibir atención por parte del INAMU en temas de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, se brindó seguimiento a 10.836 casos de usuarias que reciben atención psicológica, asesoramiento legal y trabajo social.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en el 2020 se dieron en Costa Rica 222 nacimientos en niñas de 14 años o menos. Esto representa 5 nacimientos por semana en niñas de 14 años o menos. Se registraron, además, 5.920 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años, es decir, 16 nacimientos diarios.
Datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial señalan que en el país ocurren 2 femicidios por mes. Al día se presentan en promedio 186 solicitudes de medidas de protección. En Costa Rica, del 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM), al 19 de octubre de 2021, se han dado un total de 391 femicidios.
Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, fueron solicitadas un total de 341,382 medidas de protección, para un promedio de 186 medidas de protección por día. En la mayoría de los casos, son mujeres las que solicitan la protección en contra de hombres, sea pareja sentimental, cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros.
Como sociedad aún nos falta avanzar por la senda de la igualdad, el respeto y relaciones no violentas. Nuestra sociedad merece que se discutan con seriedad las situaciones de niñas que están siendo violadas o abusadas sexualmente, de los femicidios, de los niños y niñas que quedan huérfanos y con secuelas para toda una vida porque su madre fue asesinada por el hombre que le juró amor eterno y respeto, de las parejas que impiden a las mujeres desarrollarse en un oficio o una profesión y aportar a la economía, del trabajo doméstico que no se contabiliza en el Producto Interno Bruto, la necesidad de educar a partir de la primera infancia desde el respeto hacia la diversidad y sobre los derechos que como mujeres debemos exigir a lo largo de nuestra vida, y de garantizar una sociedad libre de violencia y discriminación para las mujeres de todas las edades. Hacemos un llamado a que la discusión sobre estos temas se haga fundada en hechos y sin distorsionar los planteamientos constructivos desarrollados por los colectivos de mujeres.
