Una salvadoreña residente en México en calidad de titular de visa humanitaria (de refugio) fue asesinada por agentes de la policía municipal de una localidad del sudoriental y caribeño estado de Quintana Roo, de acuerdo con versiones oficiales y periodísticas, e imágenes de video, conocidas al inicio de esta semana.
La víctima fue identificada como Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años, oriunda de la ciudad de Sonsonate -capital del occidental y costero departamento salvadoreño de igual nombre-, quien era madre de dos niños, de acuerdo con las misma fuentes.
Salazar residía en México, en situación migratoria regular, con visa de Visitante por Razones Humanitarias, según las versiones.
Videos del incidente, registrado la tarde del 27 de marzo en la balnearia localidad de Tulum, tomados por testigos presenciales, muestran a la salvadoreña, boca abajo, sobre el pavimento, junto a un vehículo policial, mientras, observado por otros tres, uno de los agentes policiales, aplicando brutal ejercicio de fuerza, la mantiene inmóvil, apoyándole la rodilla derecha inmediatamente debajo de la nuca.
El sonido que acompaña a las imágenes permite oír, a la víctima, mientras grita.
Momentos después, se ve a la mujer, sin vida, sobre la calle.
Minutos más tarde, se observa a varios agentes, tomando el cadáver de Salazar, para colocarlo en la parte trasera de una camioneta pickup de la policía municipal.
Al relatar lo ocurrido, la agencia informativa argentina Infobae indicó, el 29 de marzo, que, “de acuerdo con las primeras versiones de los hechos, policías municipales que tripulaban la patrulla 9273 abordaron a una mujer, identificada actualmente como Victoria Salazar, quien caminaba sobre la avenida La Selva, con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad”.
“Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer, la tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los pocos minutos, comenzó a gritar y a decir que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima y finalmente quedó tendida en el piso”, continuó narrando.
“En lugar de llamar una ambulancia, los agentes tomaron el cuerpo y lo subieron a otra unidad tipo camioneta con jaula con numero 9267,para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica, al ver que nos serían atendidos, decidieron ir a (el Sistema nacional de) Protección Civil -PC-, donde les confirmaron que ya había fallecido”, señaló, a continuación.
Según otras versiones periodísticas, al ser abordada violentamente por los efectivos de seguridad, la salvadoreña no opuso resistencia.
El asesinato de Salazar se asemeja al ocurrido, el año pasado, en Estados Unidos, cuando en uno de varios incidentes de brutalidad policial racista, en ese país, un agente policial asfixió al ciudadano afroestadounidense George Floyd, aplicándole, de modo exactamente igual, la rodilla izquierda, manteniendo la presión, durante varios minutos, hasta matarlo.
El juicio contra el destituido agente policial responsable de ese asesinato -Derek Chauvin- comenzó el 29 de marzo, mientras la condena de miles de mujeres se viralizaba -junto con los videos-, en redes sociales, en reacción por la brutal represión de que Salazar fue víctima.
Respecto al asesinato de la salvadoreña, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), indicó, en la red social Twitter, que decidió iniciar “acción penal a los servidores públicos municipales por su probable participación en el Feminicidio de una víctima en Tulum”.
“Se aplicará todo el rigor de la ley para que el delito no quede impune y procurar la justicia”, aseguró.
En posterior comunicado, la FGE informó sobre las conclusiones preliminares derivadas de la investigación inicial del crimen.
Al respecto, señaló, entre otros puntos, que “peritos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia a la víctima antes mencionada, concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima”.
Además, “las lesiones referidas, de acuerdo a los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico, que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”, indicó.
Por otra parte, “la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado, se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza”, precisó.
En el decimotercero de los 44 artículos -más tres artículos transitorios- contenidos en 11 capítulos, la ley -vigente desde el 27 de mayo de 2019- determina que “El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo”.
“En su caso, los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos”, puntualizó.
Por otra parte, en el capítulo referido a “Principios del Uso de la Fuerza”, el artículo 4 establece, entre los cinco principios que rigen en ese aspecto, el de proporcionalidad.
Al respecto, precisa que “el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes aplique medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza”.
Ninguno de los enunciados contenidos en la ley fue observado por el grupo de agentes policiales involucrados en la fatal agresión a Salazar.
La FGE indicó que, en tal contexto de ilegalidad, “el fiscal del Ministerio Público que conoce del caso, ejerció la acción penal en contra de los cuatro policías municipales -una mujer y tres hombres- por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio”, y anunció la reclusión, de los agentes, en el “centro de detención correspondiente”, así como su puesta “a disposición de un juez”.
En reacción al asesinato, el derechista presidente salvadoreño, Nayib Buquele, tuiteó que “estoy seguro que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso”, y agregó “mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus dos hijas, a quienes les daremos toda la ayuda posible”.
Pero miles de mujeres se manifestaron en redes sociales -principalmente en Twitter-, repudiando, enérgicamente, el asesinato de Salazar, exigiendo, a las autoridades mexicanas, castigo a los responsables.
Los mensajes hicieron alusión, además, a la denunciada violencia policial enfocada hacia las mujeres, situación que ha generado manifestaciones callejeras en diversas ciudades del país latinoamericano.
“No murió, la mataron”, denunció la escritora y docente universitaria mexicana Denise Dresser.
“A Victoria la mataron por hacer lo mismo que miles de turistas blancxs hacen todos los días en Tulum. A Victoria no solo la mataron por ser mujer. La mataron por ser migrante, por ser morena, por no ser rica. La mató un México feminicida, racista y clasista”, planteó una tuitera identificada como @barbymcs.
“La Violencia Policial mató a Victoria. Que su nombre no se olvide: Victoria Salazar”, expresó, por su parte, una usuaria de Twitter registrada como Adilia de las Mercedes.
Otra denunciante, escribió: “Victoria, una víctima más del clasismo, machismo, xenofobia y racismo de México, del abuso de poder policíaco. Ella no murió, a ella la mataron, y a nosotras no nos podrán callar nuestro grito de ¡JUSTICIA!”.
