La población penitenciaria femenina de Costa Rica, cuenta con el primer centro regional de reclusión, espacio que, entre otros beneficios, permitirá, a las detenidas, intensificar el contacto con familiares, se informó oficialmente.
A este módulo, ubicado en el Complejo Penitenciario Pérez Zeledón, seguirán dos facilidades de igual naturaleza, indicaron además, en un comunicado conjunto emitido el 14 de febrero -día de la inauguración-, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
La nueva instalación se inscribe en el Proyecto de Regionalización de la Mujer, impulsado por el ministerio, de acuerdo con la información oficial.
Citadas en el comunicado, las ministras Fiorella Salazar (Justicia) y Marcela Villalobos (Condición de la Mujer) -simultáneamente, presidenta ejecutiva del Inamu-, coincidieron en destacar el componente social de la iniciativa.
El primero de esos centros, fue construido en el complejo penitenciario que se ubica en la ciudad de San Isidro de El General, la capital del cantón (municipio) de Pérez Zeledón, en la zona sur del país centroamericano, indicaron las instituciones.
“Con la apertura, este lunes, en la zona sur, del primer centro penitenciario contemplado como parte del proyecto”, el ministerio “dio un paso en el cumplimiento de la recomendación que hicieran organismos internacionales de dotar al país de penales que acercaran a las mujeres a sus entornos”, explicaron.
“De esta forma, será posible potenciar sus procesos de inserción social, fortalecer los vínculos familiares, fomentar la erradicación de la violencia y promover la empleabilidad”, agregaron.
Además, el módulo -cuya capacidad máxima es 32 mujeres privadas de libertad quienes están recluidas en el Complejo Pérez Zeledón-, incluye “facilidades para estancia materno-infantil”, precisaron.
“Allí recibirán atención de acuerdo con el modelo previsto por el Instituto Nacional de Criminología (INC) para las mujeres”, señalaron, a continuación.
Al respecto, explicaron que “el modelo de atención de la mujer privada de libertad se sustenta en el respeto a los derechos humanos, desde la perspectiva de género, y da seguimiento a seis componentes: violencia contra la mujer, educación, atención al fenómeno de las drogas, inserción social, salud y empleabilidad”.
“Además, toma en cuenta las necesidades propias de las mujeres y los motivos de ingreso al sistema penitenciario, para facilitar su inserción social”, precisaron.
Al describir las nuevas instalaciones, las entidades puntualizaron que cada centro contará con dormitorios, aulas para capacitación y formación, espacios de visita íntima, oficinas para atención profesional, espacios recreativos, salón multiusos.
Igualmente se habilitará, en cada nueva estructura, una Casa Cuna -espacio materno-infantil- con capacidad para recibir hasta siete niños y niñas menores de tres años.
Asimismo, se ha previsto facilidades para personal de la Policía Penitenciaria, de acuerdo con la información oficial.
“Organismos como el Mecanismo Internacional de Prevención de la Tortura, y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) en Costa Rica, recomendaron al país mejorar la distribución de la población femenina privada de libertad”, explicaron el ministerio y el instituto.
Al centro recientemente inaugurado, seguirán dos, respectivamente previstos para instalaciones penitenciarias ubicadas, respectivamente, en la ciudad de Puntarenas, capital de la occidental provincia costera de igual nombre, y en el nororiental y caribeño cantón de Pococí, limítrofe con Nicaragua.
Se prevé que las futuras instalaciones estén operativas, en el transcurso de este año.
De acuerdo con el desglose de la inversión, en cada caso, el costo de la obra en San Isidro de El General se estima en 489 millones de colones (algo más de 760 mil dólares), la prevista para Puntarenas está calculada en 469 millones de colones (unos 730 mil dólares), mientras que la correspondiente a Pococí está en el rango de 502 millones de colones (casi785 mil dólares).
“Este proyecto de habilitación de módulos regionales ha sido acompañado también de otras instituciones”, se informó, igualmente, en el comunicado.
Se trata, además del Inamu, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (Iafa), el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), la no gubernamental Fundación Justicia y Género, la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Estas instituciones, y el Ministerio de Justicia, “facilitaron capacitaciones al personal que atenderá los módulos, en temas como derechos humanos de las mujeres, aplicación de la perspectiva de género, abordaje de la violencia, consumo de sustancias en mujeres, la inserción social, así como el fomento a la empleabilidad, la educación y la salud de las mujeres”, de acuerdo con la información oficial.
Respecto a la primera de las tres inauguraciones previstas, Salazar declaró que “nos llena de profunda alegría dar el banderazo de salida al proyecto de Regionalización”.
“Es un pilar fundamental en nuestra convicción de poner, a la persona, en el centro del trabajo penitenciario, creando condiciones de bienestar, en este caso para las mujeres privadas de libertad y sus familias, y ajustando el trabajo de la institución para ello”, agregó.
“Esto marca un antes y un después, en el abordaje penitenciario en nuestro país”, aseguró.
Salazar explicó, asimismo, que “la selección de las mujeres que estarán siendo movilizadas a los centros regionales, obedece al trabajo técnico que ha venido desarrollando la institución”.
Ello, para que “se puedan maximizar las oportunidades de cercanía, a aquellas mujeres que experimentan desarraigo por su actual ubicación, así como aquellas cuyo entorno comunitario potencie su proceso de inserción social”.
Por su parte, Campos dijo que “es importante este paso que hoy da el Estado costarricense, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Paz, en la habilitación de estos módulos que permitirán caminar hacia una mejor inserción social de las mujeres y la protección del vínculo con sus familias”.
A continuación subrayó que se actúa, así, “en cumplimiento de lo señalado por organismos internacionales”.
