La inequidad se suma a la violencia de género –traducida principalmente en altos índices de femicidio-, para generar el complejo y riesgoso contexto social para la población femenina de México.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres –la agencia de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres-, en el país latinoamericano, las mujeres ganan, en promedio, 16.5 por ciento menos que los hombres, por igual trabajo, además de que, según la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de que la tasa de participación femenina en el mercado laboral mexicano es de 45 por ciento, frente al 77 por ciento de la masculina, lo que representa una de las proporciones más bajas entre los países integrantes desea entidad.

Por otra parte, según la agencia especializada de Naciones Unidas, las mexicanas -de todos los estratos socioeconómicos- dedican más de 30 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras el promedio para los hombres se ubica en alrededor de 10 horas.

Sumado a ello, la violencia de género –específicamente el femicidio- completa, dramáticamente, el marco de situación que determina la realidad para ese sector que constituye un 60 por ciento de la población mexicana.

De acuerdo con datos oficiales, durante el período comprendido desde enero de 2015 a junio de 2019, fueron cometidos 3,080 femicidios, a nivel nacional, mientras que, de 2015 a 2018, la tasa de esos crímenes, por cada cien mil mujeres se casi duplicó, al haberse disparado de 0.66 a 1.19.

Al citar esas cifras en un extenso comentario difundido el 18 de agosto del año pasado, por Deutsche Welle (DW)  –la radioemisora alemana de proyección internacional-, la periodista Anabel Hernández denunció que “el 56% del país fue declarado peligroso para el sexo femenino”.

Ello deriva del hecho de que, durante el período 2015-2019, el gobierno mexicano declaró, en 18de los 32 estados que constituyen el territorio nacional, Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres (Avgm), explicó.

De acuerdo con la legislación vigente desde 2017, que la creó, la alerta es un instrumento para “enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”, para lo cual prevé una serie de medidas de prevención y acción que el gobierno central debe implementar.

Mujeres, así como niñas y adolescentes, constituyen una “la larga lista” de víctimas de “la violencia de género creciente en México”, algo “cada vez más común, cada vez más brutal y difícil de entender”, señaló Hernández, columnista de la DW.

“La feroz ola de violencia de género ocurrida en Ciudad Juárez en la década de los 90,  que cobró la vida de cientos de jóvenes, conocida como ‘las muertas de Juárez’,  y la extensión de esa violencia a otras partes de México ha obligado al gobierno a tomar diversas medidas”, indicó la periodista, en alusión a la noroccidental y particularmente violenta ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Entre esas medidas, además de la Avgm, fue tipificado, en 2012, un nuevo delito penal: el femicidio, algo a lo cual las autoridades se vieron obligadas a causa de lo que Hernández describió como “la brutalidad de la violencia contra las mujeres en México”.

La columnista señaló, asimismo, que, simultáneamente a la espiral ascendente de femicidios, la violencia sexual, en diferentes manifestaciones, también creció durante el período 2015-2018.

“En 2015 se presentaron 31.170 denuncias de delitos contra la libertad sexual como abuso sexual, acoso sexual, violación (…) entre otros. Mientras que en 2018 la cifra llegó a 42.927 denuncias”, informó, para agregar que, “durante los primeros 181 días del 2019 se presentaron 25.277 denuncias,  es decir 139.6 denuncias al día, 5.8 por hora”.

Entre las medidas gubernamentales implementadas para hacer frente a la violencia de género, figura la adopción, en julio del año pasado, de una iniciativa mundial –impulsada por Naciones Unidas y la Unión Europea (UE)- denominada Spotlight (Foco).

Además de México, los promotores decidieron implementarlo, en América Latina, en Argentina, El Salvador, Guatemala, y Honduras, países que registran algunos de los índices regionales más críticos en esta materia.

En el caso particular de los tres últimos, se trata de los países integrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, área considerada como una de las regiones más violentas a nivel mundial.

Al informar, el 12 de julio, sobre la incorporación de México al plan, ONU Mujeres explicó que la iniciativa apunta a “prevenir y eliminar el feminicidio en el país, así como para que niñas y mujeres disfruten de espacios públicos y entornos seguros”.

Durante la actividad de firma de Spotlight –por parte del gobierno mexicano, Naciones Unidas y la UE-, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez, aseguró que, “como mujer, me he propuesto colocar, en el primer lugar de la agenda nacional, la perspectiva de género”, y planteó que “el derecho de las mujeres al ejercicio pleno de todos sus derechos, tiene que ser un derecho sustantivo que abone a los principios de igualdad y no discriminación”.