La economía violeta nació como un modelo para reducir las brechas laborales de género en América Latina. En 2024, las mujeres de la región participan en el mercado de trabajo 22 puntos porcentuales menos que los hombres, ganan en promedio un 20% menos y trabajan en la informalidad a tasas que casi duplican las masculinas. En América Latina, Ecuador es el único país con una ley regional específica sobre el tema.
La economía violeta surgió como concepto a partir de organismos internacionales y de redes de emprendimiento. Se denomina un modelo de desarrollo económico centrado en cerrar las brechas de género en el ámbito laboral, en el acceso al crédito, en la participación empresarial y en la representación en la toma de decisiones. Su nombre alude al color simbólico del feminismo. La Organización y Promoción de la Economía Violeta la definió como una manera de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la reducción de las desigualdades en los ámbitos social, educativo, económico y político. Sus metas concretas incluyen la igualdad salarial, el acceso de las mujeres a empleos formales y de calidad, la eliminación de la discriminación laboral por género y el reconocimiento económico del trabajo de cuidado no remunerado, que en América Latina recae mayoritariamente sobre las mujeres.
El Panorama Laboral 2024 de la OIT documenta con precisión el tamaño del problema que pretende resolver ese modelo. En 2024, la tasa de participación laboral femenina en América Latina se mantuvo en 52,1%, frente al 74,3% de los hombres, una brecha de más de 22 puntos que no se ha cerrado en una década. Las mujeres ganan, en promedio, un 20% menos que los hombres y enfrentan tasas de desocupación y de empleo informal proporcionalmente mayores. Gerson Martínez, especialista regional en economía laboral de la OIT, señaló que la brecha salarial y la segregación ocupacional por género continúan limitando las oportunidades de las mujeres, pese a algunos avances. La informalidad laboral regional llegó al 47,6% en 2024 y su peso cae de manera desproporcionada sobre las mujeres y los jóvenes.
La OIT también documentó que la tasa de ocupación de los hombres con educación universitaria supera en 11 puntos porcentuales a la de las mujeres con el mismo nivel educativo, y que en los niveles bajos de instrucción esa brecha alcanza los 32 puntos porcentuales. Detrás de esa diferencia no está la calificación, sino el trabajo de cuidado no remunerado, que retira a las mujeres del mercado laboral o las empuja hacia empleos parciales y precarios. La OIT estimó que esa situación representa una pérdida significativa del potencial productivo de la región.
Ecuador aprobó en enero de 2023 la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, la primera normativa específica sobre este modelo en América Latina. La ley obliga a las empresas con cincuenta o más trabajadores a elaborar planes de igualdad, crea el Sello Violeta como certificación de excelencia y establece deducciones tributarias para quienes los cumplan. El reglamento se publicó en noviembre de 2023 y el Ministerio del Trabajo tuvo que ampliar los plazos de presentación de los planes en dos ocasiones, hasta diciembre de 2025. En agosto de ese año, la cartera informó que 3.324 planes habían sido ingresados en el sistema y que 70 empresas habían recibido el Sello Violeta.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos al cierre de 2025 muestran que la brecha laboral de género en Ecuador no se movió pese a la ley. El 41,6% de los hombres tenía un empleo adecuado frente al 30,4% de las mujeres. El ingreso promedio mensual de un hombre fue de 514,90 dólares y el de una mujer, de 470,50 dólares. En marzo de 2026, el desempleo femenino llegó al 3,7%, casi el doble que el masculino. Un estudio sobre la brecha salarial, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo 2024 y publicado en la revista científica Innova Science Journal, encontró una penalización salarial de las mujeres del 30,9% cuando se controló por características observables y una brecha que llega al 45,3% en los salarios más bajos. Los investigadores lo llamaron «piso pegajoso».
Gabriel Recalde Bolaños, director del Centro de Estudios de la Política Laboral de Ecuador, señaló que la brecha salarial no es solo un fenómeno de ingresos. Es un reflejo de la falta de acceso equitativo al empleo adecuado. En los territorios rurales, la mujer enfrenta una doble barrera: la alta informalidad y la segregación ocupacional hacia actividades peor pagadas. Esa observación apunta a algo que ninguna ley de certificación alcanza a regular: el trabajo doméstico y de cuidado que saca a las mujeres del mercado laboral antes de que este pueda discriminarlas.
Colombia construyó su propia arquitectura con la Ley 1496 de 2011 y el CONPES 4147 aprobado en marzo de 2025, con 250.000 millones de pesos y 167 acciones para reducir brechas entre 2025 y 2035. México avanza mediante la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de igualdad laboral y mediante el Sello Equipares. Argentina tiene el cupo laboral travesti-trans aprobado en 2021. Chile, Perú y Bolivia no cuentan con marcos equivalentes. La región muestra una dispersión de instrumentos sin coordinación ni datos comparables que permitan evaluar qué funciona y qué no.
La revista Expreso publicó en marzo de 2026 un análisis sobre la implementación de la ley ecuatoriana que documentó los plazos prorrogados y comparó el modelo con el de Colombia. La conclusión de las investigadoras fue que las normas tienden a tener mayor impacto cuando están acompañadas de monitoreo constante y no solo de plazos que se postergan. En Ecuador, 3.324 planes registrados y 70 empresas certificadas en tres años de vigencia revelan la brecha entre aprobar una ley y cambiar la realidad laboral de las mujeres.
Referencias
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