Es necesario que los derechos de las mujeres, a nivel mundial, sean respetados, en particular, en los casos de Haití y Afganistán, planteó la directora regional, para las Américas y el Caribe, de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la uruguaya María Noel Vaeza.
Las haitianas y las afganas enfrentan situaciones particularmente críticas, que las ubican en aun mayor riesgo de violencia de género y marginación, de acuerdo con lo indicado por Vaeza, en un artículo de opinión publicado el 1 de setiembre, por el diario español El País.
Se las debe colocar en niveles de toma de decisiones, planteó la experta, quien, además, destacó su capacidad como agentes de transformación social.
“La experiencia internacional en conflictos y desastres ha demostrado que las mujeres también son las primeras impulsoras de la recuperación”, señaló Vaeza, en el texto que tituló “Haitianas y afganas, ¡cuenten con nosotras!”.
“No se trata únicamente de sumarlas, sino de ponerlas en el centro de la toma de decisiones y reforzar sus autonomías -social, política, económica-, para que pasen de la supervivencia al protagonismo de la recuperación y la reconstrucción”, advirtió.
“Por eso, hago esta llamada de atención, para que respeten los derechos de las mujeres en todos nuestros países y en especial en Haití y Afganistán, pero también para que se valore y promueva su gran potencial transformador”, escribió.
Si bien los casos haitiano y afgano constituyen “dos situaciones diferentes”, ambos tienen “consecuencias igualmente lamentables para la población. Especialmente para las mujeres y las niñas”, aclaró.
En el caso de la isleña nación del Caribe francoparlante, “el terremoto con magnitud de 7,2 que afectó al país (…) el pasado 14 de agosto ha dejado, según los últimos datos disponibles del 31 de agosto, más de 800.000 afectados, cerca de 130.000 casas destruidas o dañadas, más de 2.200 personas muertas y más de 12.000 heridas”, indicó.
Además de la pandemia mundial del nuevo coronavirus “el año pasado tuvo que enfrentarse (…) a la tormenta tropical Laura, que mató a decenas de personas, dañó miles de hogares y destruyó cultivos; y a la intensificación de la violencia que ha obligado a huir a casi 20.000 personas”, precisó.
“Antes del terremoto, en Haití ya se preveía que más de cuatro millones de personas —60% mujeres y niñas— necesitarían ayuda de emergencia”, informó, para agregar que, en 2020, “los casos de violencia por motivos de género se dispararon en un 377% en el marco de la pandemia”.
“Se espera que la actual crisis incremente aún más este tipo de violencias”, advirtió, a continuación.
Vaeza agregó que, “desde ONU Mujeres estamos trabajando junto al Gobierno, nuestras contrapartes de organizaciones de mujeres y todo el equipo humanitario de las Naciones Unidas para en conjunto responder al desastre”.
“Sin embargo, la insuficiencia de recursos y capacidades y las dificultades de comunicación y transporte limitan la velocidad y el alcance de la respuesta”, indicó.
Sumado a ello, “los problemas de seguridad también obstaculizan estos esfuerzos”, advirtió.
Vaeza reafirmó que, “en Haití, donde el 45% de los hogares están encabezados por mujeres, la crisis política y la inestabilidad social se han visto agravadas por el impacto socioeconómico” de la pandemia.
De acuerdo con datos de diferentes organizaciones internacionales, un 80 por ciento de los aproximadamente 11.2 millones de haitianos -la mayoría mujeres- está en situación de pobreza -un 25 por ciento de ellos en pobreza extrema-, milagrosamente sobreviviendo con menos de dos dólares diarios.
La pobreza y la marginación son rasgos históricos del país recurrentemente golpeado por fenómenos naturales destructivos, sumados a inestabilidad política, corrupción, y violencia.
La población infantil -específicamente, las niñas y las adolescentes- constituye un sector particularmente vulnerable.
Ejemplo de ello, durante la presencia (2004-2017) de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, Minustah), mujeres y niñas fueron víctimas de abuso sexual por parte de personal militar de esa fuerza de paz, según denuncias de afectadas y de organizaciones de derechos humanos.
Por otra parte, principalmente las menores son, son objeto de abuso laboral y sexual.
A causa de la masificación de la pobreza, cientos de miles de menores son explotados como trabajadores domésticos, en condición de “restavèks” -para cumplir labores en casas-, contexto en el cual suelen ser víctimas de abuso sexual.
El término, en creole haitiano, deriva de la expresión francesa “rester avec” (“permanecer con”), y describe a menores cuyas familias de escasos recursos los envían a vivir con núcleos familiares adinerados, ara que éstos, en principio, les proporcionen, a cambio, bienestar general -incluida educación-.
En el caso de Afganistán, Vaeza escribió que, “casi en simultáneo (…) el colapso del anterior Gobierno ha dejado, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas (el portugués António Guterres), ‘caos, incertidumbre y miedo’. También en este país el conflicto ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares”.
La jerarca regional de ONU Mujeres hizo, así, referencia a la violenta toma del poder, el 15 de agosto, por parte del fundamentalista movimiento islámico Talibán, caracterizado por la brutal violación de los derechos de la población femenina -adultas y menores por igual-.
“La capital ha visto una enorme afluencia de desplazados internos procedentes de provincias de todo el país donde se sentían inseguros o huyeron durante los combates”, agregó.
Surgido en 1994, en el marco de la guerra civil afgana (1992-1996), el grupo Talibán estuvo, desde 1996 hasta 2001, en control de aproximadamente tres cuartas partes de los algo más de 652 mil kilómetros cuadrados que constituyen el territorio afgano.
La violenta administración talibana -caracterizada por las brutales violaciones a los derechos humanos, en particular de las mujeres y las niñas- fue derrocada en diciembre de 2001, cuando Afganistán fue escenario de una invasión militar, encabezada por Estados Unidos.
No obstante esa derrota, el movimiento se mantuvo, desde entonces, en resistencia armada.
Tras el reciente retiro de las tropas estadounidenses -las fuerzas extranjeras que mantenían la ocupación en el país asiático-, la ofensiva talibana logró el objetivo de derrocar al gobierno del presidente (2014-2021) Mohammad Ashraf Ghani, cuando tomó el control de Kabul, el 15 de agosto de este año.
Como una de las medidas de agresión patriarcal, además de eliminar el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el régimen, simultáneamente, creó el Ministerio de Invitación, Orientación de la Invitación, Orientación, Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio.
Sumado a ello, convirtió, el edificio de la eliminada cartera, en sede de la nueva entidad, institución que tiene características de temible policía religiosa.
Esta medida del régimen tiene antecedente en el quinquenio 1996-2001, cuando el grupo extremista puso en operación a una represiva fuerza policial de la fe.
Entre otros actos de brutalidad patriarcal, las tropas de ese contingente de naturaleza paramilitar, castigaban, públicamente, a las mujeres quienes circulasen por vía pública sin cubrir, completamente, su cuerpo.
Las agresiones a las que eran sometidas las víctimas, incluían azotes, de acuerdo con registros de la época.
Respecto a la situación actual de las afganas, Vaeza planteó que existe “el temor a retroceder en el avance de los derechos de las mujeres y un pasado (en) el que se infligían graves formas de discriminación a mujeres y niñas”.
La experta aludió así a los avances que, con esfuerzo, se logró, en esta materia, durante las dos décadas en que los talibanes no gobernaron.
En referencia a los dos casos nacionales que abordó en el artículo, la directora regional de ONU Mujeres reflexionó que, “tanto en Haití como en Afganistán, las mujeres están en situación de alta vulnerabilidad debido a su limitado acceso a la respuesta humanitaria, a los servicios de salud y hasta a la alimentación”.
Ello, “con el riesgo de que aumente la exclusión y la violencia, ya que muchas viven sin refugio en contextos de gran inseguridad”, puntualizó.
