
A raíz de un reciente fallo de un tribunal de Holanda, el hecho de piropear y silbar a mujeres, como manera de aludir a su atractivo físico, es una forma de libre expresión que no debe reprimirse.
La Corte de Apelación de la sureña ciudad costera holandesa de La Haya, determinó, la semana pasada, que las manifestaciones de tipo sexual –lo mismo verbales que en la variante de silbidos- son componentes de la libertad de expresión, un derecho constitucionalmente amparado en el noroccidental país europeo.
La corte dejó, de ese modo, sin efecto, fallos emitidos en 2017 y 2018, por dos tribunales –respectivamente, en Ámsterdam –la capital nacional- y en la occidental y portuaria ciudad Róterdam-.
En el contexto de esas resoluciones, se enmarcó el caso de un habitante de este puerto, quien, según versiones periodísticas, se constituyó, el año pasado, en el primer castigado –mediante multa de 200 euros (poco más de 220 dólares)-, en el país, por hostigamiento de género.
De acuerdo con el alegato de la Fiscalía de Róterdam, citado por diversos medios de comunicación, el acusado se acercó, en 2018, a un grupo de mujeres, a quienes dirigió expresiones tales como “hola, chicas: son muy bonitas”, y “qué están haciendo?, tras lo cual, sentado junto a las mujeres, les lanzó besos.
Al responder, en audiencia judicial, a la demanda del grupo, el acusado se defendió expresó, entre otros conceptos, que solamente había formulado “cumplidos, sin mala intención”.
Si bien la fiscalía local solicito que se le castigara con multa de 340 euros (casi 377 dólares), pero le fue impuesta la de 200 euros.
Apelada la sanción, la fiscalía local pasó el caso a la Corte de Apelación, tribunal superior que, si bien, efectivamente, “hubo acoso verbal y lanzamiento de besos”, se trata de acciones que “encajan en la libertad de expresión”.
Sumado a ello, “la normativa municipal no fija de manera clara el límite entre un comportamiento aceptable y otro inaceptable”, agregó la corte, además de aclarar que esa precisión “es indispensable de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos”.
El tribunal aludió así a la denominación oficial alternativa del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos que, aprobado en 1950 por el Consejo de Europa, entró en vigencia tres años después.
La corte precisó que su fallo es respetuoso de “los deseos del Tribunal de Rotterdam, de combatir ese tipo de ofensas”, no obstante lo cual, “solamente el legislador, a nivel nacional, tiene la facultad de tomar una decisión” como la adoptada por la autoridad judicial roterdamesa.
La decisión de la corte se registró siete meses después de que el ministro de Justicia de Holanda, Ferd Grappenhaus, planteó la necesidad de que el acoso sexual público fuese incorporado, como delito, al Código Penal nacional, y propuso que la sanción se fijase en tres meses de prisión o multa de 2,000 euros (unos 2,215 dólares).
Si bien diversos países, a nivel mundial –incluida Holanda-, cuentan con legislación contra el acoso sexual contra las mujeres, específicamente en espacio públicos tales como calles y medios de transporte, organizaciones feministas consideran que se trata de medidas que, por lo enraizado de la costumbre en las patriarcales culturas nacionales –especialmente las latinoamericanas-, la eficacia de esas medidas es, en el mejor de los casos, relativa.
Al difundir, en su edición del 23 de octubre de este año, opiniones en este sentido, la revista española Píkara, mencionó el caso de Perú, al que describió como el primer país latinoamericano que, en 2015, puso en vigencia legislación que tipifica, como delito, el acoso callejero.
El andino país sudamericano lo penaliza con hasta doce años de prisión.
“En el momento, fue un gran avance político para un país machista como el nuestro”, dijo la responsable de comunicación de la agrupación peruana Paremos El Acoso Callejero, Fiorella Ferrari.
“Pero, después, se produjo el silencio en las instituciones, y no se pusieron en marcha medidas concretas, hasta este año”, agregó.
A nivel americano general, Estados Unidos es otro país que cuenta –en algunos de sus 50 estados- con legislación antihostigamiento, aunque, de acuerdo con una organización feminista local, las disposiciones han tenido uso de índole xenofóbica y racista.
“Hemos comprobado que criminalizar este comportamiento no funciona para impedirlo necesariamente”, dijo, también a Píkara, la cofundadora y directora ejecutiva de la agrupación Hollaback!.
“En Estados Unidos, y en otros países estas leyes se están aplicando de forma desproporcionada a personas de bajos recursos o gente de color”, agregó la líder de la organización estadounidense que cuenta con representaciones en aproximadamente medio centenar de ciudades en 25 países.
En similar sentido se han expresado feministas en naciones europeas, incluida la estudiante universitaria francesa Marie Laguerre, quien fue agredida físicamente por un hombre a quien reclamó por haberla acosado, en una calle.
El ataque contra Laguerre, tema de un video –que se viralizó en redes sociales-, se ha convertido en ícono del combate francés a la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la legislación francesa en esa materia, el atacante fue condenado a seis meses de prisión.
Al referirse a la reacción xenofóbica que su caso ha generado –en un país, como otras naciones europeas, con fuerte inmigración africana y árabe-, Laguerre expresó, a Píkara, que, en tal contexto, “es muy fácil convertir, en objetivo, a un grupo concreto”, y precisó que “me encabrona “que se señale a la comunidad musulmana por este tipo de casos”, y que grupos extremistas “utilicen el feminismo, para su propia agenda”.
Además, la joven planteó que, tras ese incidente, fue revictimizada numerosas veces, por otros acosadores, también en vía pública.
“La ley es buena para sensibilizar sobre el problema, pero, yo al menos, no me siento más segura que antes”, y, como dato complementario señaló que el volumen de multas emitidas, diariamente, por ese concepto, resulta absurdo.
“La cifra de 700 multas es ridícula”, y agregó: “piensa en cuántas veces se producen, este tipo de situaciones, cada día”.
En el caso de Bélgica, país vanguardista en materia de legislación en este campo, la feminista Laetitia Génin, valoró aspectos favorables de esa normativa –vigente desde 2015- cuestionó el hecho del que el componente prioritario sea el represivo.
La legislación “ha servido para poner de relieve una realidad -la del sexismo ambiente-, para disminuir la culpabilización de la víctima y la minimización del incidente cuando ella (la víctima) lo cuenta, y ha permitido que las mujeres se sientan más legitimizadas para protestar al tener a la Justicia de su parte”, señaló.
Sin embargo, “al aspecto represivo se le ha dado mucho más peso que a la prevención”, advirtió, para agregar que “la parte legal es importante, pero no es suficiente” en cuanto a impedir que la conducta agresora persista.
Al respecto, en un artículo que el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) difundió, en 215, en su sitio en internet, Esperanza Franco, experta en violencia de género, advirtió contra la habitual actitud latinoamericana de restar importancia del tema.
“Llamemos a las cosas por su nombre: piropos, silbidos, miradas lascivas, gestos obscenos, bocinazos, jadeos, comentarios sexuales, tocamientos, persecuciones, fotografías y grabaciones de partes íntimas, masturbación pública, son prácticas de acoso sexual callejero, que suceden cotidianamente en los espacios públicos de nuestra región, principalmente contra mujeres adultas, jóvenes y niñas”, planteó.
Pero se trata de un problema que es minimizado, planteó, en el texto denominado “Acoso sexual callejero: la violencia se disfraza de piropo”.
Tras preguntar la razón por la cual “se trivializan con tanta facilidad estas prácticas violentas”, reflexionó que, “sencillamente porque aún no se visibilizan como violencia por el imaginario colectivo”.
“El acoso sexual callejero no es una cuestión aislada” sino que “forma parte de un sistema estructural de violencia contra las mujeres y de género”, y esas “prácticas violentas son parte constitutiva de las relaciones históricas de poder desigual entre los géneros”, explicó.
Franco precisó, asimismo, que “en las sociedades patriarcales la relación jerárquica que sitúa lo masculino en una posición superior a lo femenino está mediada y sostenida por la violencia. Y esta es una realidad de partida que ha de visibilizarse para lograr sociedades libres de violencia”.