Organizaciones de defensa de los derechos de la población femenina mantienen un proceso de consulta y análisis del proyecto de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres

Al informar el 11 de abril al respecto, el medio de comunicación hondureño Criterio indicó que el diálogo de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, se enfoca principalmente, en abordar el contenido lo mismo que el área de incidencia de la iniciativa.

El texto, que viene elaborándose hace aproximadamente una década, fue entregado, el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, la primera jefa de Estado en la bicentenaria historia de la nación centroamericana.

En un hecho sin precedente en el país, Castro asumió, el 27 de enero, la titularidad de la presidencia, para el cuatrienio 2022-2026.

La mandataria fue juramentada, para conducir el gobierno de un país extremadamente machista y violento, dos décadas después de que lo hizo su esposo, Manuel “Mel” Zelaya, cuyo mandato, previsto para 2006-2010, fue repentinamente finalizado mediante el brutal golpe de Estado de junio de 2009 -siete meses antes de completarse-.

Citada por Criterio, en la nota informativa que el medio difundió el 30 de abril, y que tituló “Honduras: Ley de Violencia contra la Mujer avanza hacia su aprobación”, la directora del no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, dijo que “una de las peticiones de los colectivos de mujeres es que el Estado se comprometa a combatir el patriarcado, y garantizar los derechos (de la población femenina) que, por años, han sido vulnerados”.

La proyectada pieza de legislación apunta, principalmente, a fortalecer la política pública vigente para la prevención y la erradicación de la violencia de género.

En ese sentido, uno de los objetivos centrales de la iniciativa se refiere a establecer la obligación, del Estado hondureño, de impedir la comisión de acciones de agresión machista contra las mujeres.

Ello, según el texto, incluye la eficaz implementación de protocolos de asistencia integral para las víctimas, puntualmente en lo referido a la recepción de denuncias, así como a la ejecución de la detención y el sometimiento, de los agresores, a la justicia.

También prevé la puesta en marcha de medidas de seguridad, para proteger a las agredidas, en el caso de reincidencia.

El proyecto determina, igualmente, una serie de reformas institucionales, en lo referido a los aspectos preventivos.

En tal sentido, propone que el Instituto Nacional de la Mujer (Inam) sea la autoridad que monitoree y supervise la efectiva implementación de las disposiciones del proyecto, una vez convertido en ley.

El Inam debe, además, ser el ente coordinador del Plan nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.

De acuerdo con lo informado, en su sitio en Internet, por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), bajo el título “Compromisos gubernamentales”, se trata del plan vigente para el período 2012-2022.

El proyecto prevé, por otra parte, algunas reformas en materia institucional.

En tal contexto, plantea modificar la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de modo de que el Inam pase a integrar ese organismo.

Esto, de modo de asegurar que las medidas preventivas y de combate a la violencia de género resulten eficaces y accesible para las víctimas o quienes estén en riesgo de serlo.

En lo referido al Ministerio Público (MP), la iniciativa incluye la creación de la Dirección de Fiscalías de la Mujer, para intensificar la lucha contra las diversas manifestaciones de agresión machista.

La idea central, en este aspecto, consiste en que las víctimas cuentan con una estructura institucional que, efectivamente, les facilite acceso irrestrictico al sistema judicial.

En materia de nuevas estructuras en el MP, el texto prevé la creación de la Unidad Especial de Investigación Criminal en Violencias contra la Mujer, de modo de dar más fuerza de acción a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

Según la definición oficial de la Atic, en el sitio web del MP, se trata de “la dependencia especializada del Ministerio Público, dedicada a la investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social”.

Al tenor de lo informado por Criterio, el 8 de marzo, “integrantes (de organizaciones) del movimiento feminista ingresaron a Casa Presidencial para reunirse con la primera mujer presidenta Xiomara Castro”, a quien “entregaron el proyecto de Ley Integral”.

“De igual forma, presentaron un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual para su aprobación y su implementación por parte de la Secretaría (Ministerio) de Salud, además de las firmas de apoyo ciudadano a la derogación de la prohibición de la anticoncepción de emergencia -PAE-“, agregó.

“Las designadas (para reunirse con la presidenta) fueron Jinna Rosales, de Acción Joven; Ana Ruth García, de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, y Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres”, precisó.

Según la información contenida en la versión periodística, “luego de la reunión (…) la representante del CDM manifestó que hay necesidad de proteger a las mujeres víctimas y sobrevivientes, cubrir sus necesidades y, que, aunque la presidenta las apoya, reconocen que convertir el proyecto a ley es tarea del (unicameral) Congreso Nacional”.

En materia de extrema violencia de género, el CDM informó, el 11 de abril, que durante el primer trimestre de 2022, los femicidios llegaron a 82.

De acuerdo con la oenegé, 21 de los casos ocurrieron en apenas 23 días -del 8 al e31 de marzo-, lo que implica un promedio de al menos un caso diario.

Datos de diversas organizaciones de derechos humanos indican que Honduras es el país latinoamericano que presenta los más altos índices de violencia de género.

En tal contexto, Naciones Unidas y el gobierno de Castro formalizaron, el 23 de marzo, una alianza estratégica, con el propósito de combatir ese brutal fenómeno social en el país.

Para ello, la mandataria, y la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, la italiana Alice Shackleford, firmaron el Compromiso Público para poner Fin a la Violencia contra Mujeres y Niñas, de acuerdo con la versión oficial.

El convenio apunta a “contribuir a la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas”, indicó la oficina local de Naciones Unidas, en un comunicado que emitió ese día.

En tal sentido, las partes “acuerdan colaborar para formular e implementar, en todas las instancias estatales, estrategias de prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas, y la promoción de la igualdad de género”, explicó.

Según cifras difundidas en marzo por la organización internacional, 318 mujeres fueron asesinadas, en 2021, a nivel nacional.

Naciones Unidas advirtió, en el comunicado, que “este fenómeno se ha ‘naturalizado’ debido al machismo y patriarcado que caracteriza la sociedad, y luchar contra ello requiere más voluntad política”.

En el marco de la actividad, Castro expresó que, “como mujer, no puedo estar en la presidencia, si no lucho por el respeto y por la defensa de los derechos de las mujeres en mi país”.