“Para una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra la mujer resulta fundamental una legislación completa”, ONU.
Para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el mundo está respondiendo a un creciente impulso internacional para poner freno a la violencia contra las mujeres. Ejemplo de ello es Costa Rica, que dio en este mes un paso adelante cuando la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley que brinda a los jueces la posibilidad de disminuir penas de mujeres obligadas a cometer delitos por sus parejas, o sufrieron otros tipos de violencia de género, que incidió en comportamientos delictivos.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), que busca que los jueces puedan atenuar las penas a mujeres que fueron obligadas a delinquir por sus parejas o sufrieron otra clase de manifestaciones de violencia de género, fue presentada por el exdiputado Marco Vinicio Redondo, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La modificación de los artículos 71 y 72 del Código Penal incluye nuevos criterios a tomar en cuenta para las mujeres sentenciadas que no tengan antecedentes penales y los casos de aquellas sentenciadas por delitos como narcomenudeo que fueron obligadas a hacerlo por sus parejas o familiares.
Los atenuantes para las mujeres que se encuentren en estado de vulnerabilidad toman en consideración no solo violencia de género, sino también la condición de pobreza en la que vive o por tener bajo su responsabilidad el cuido y manutención de familiares dependientes por discapacidad.
De esta manera Costa Rica avanza en el continente y en el mundo en legislación de cuerdo a los lineamientos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
División para el Adelanto de la Mujer, de ONU. Para esta organización, la legislación debe criminalizar cada día más esa violencia, garantizar el enjuiciamiento y el castigo de quienes la cometen y beneficiar a las víctimas de las soluciones jurídicas en materia civil y penal.
“Para una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra la mujer resulta fundamental una legislación completa. De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de violencia contra la mujer”, informa la ONU.
