Las reclusas por delitos contra la salud (relacionados con drogas) constituyen, en México, casi la mitad de la población penitenciaria nacional, y son víctimas de abuso sexual, denunció Isabel Erreguerena, defensora de los derechos de las mujeres.
La mayoría de las condenadas a penas de prisión se ubica en el sector poblacional femenino en situación socioeconómica precaria, de acuerdo con lo indicado, además, por Erreguerena, en declaraciones reproducidas, el 2 de enero, por Noticias ONU -la agencia informativa de Naciones Unidas-.
Al citar datos de diversas fuentes, Noticias ONU destacó flagrantes violaciones a los derechos de las reclusas, a lo largo del proceso iniciado con su arresto.
Según la mexicana Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) “el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas, y el 21% de las detenidas por el Ejército también”, señaló, en la nota informativa que tituló “Luchando por una vida mejor para las mujeres encarceladas en México
Por otra parte, “el 48% de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas”, indicó, a continuación.
En ese sentido, precisó, citando a la misma fuente, que los estados con mayor incidencia de tortura son Aguascalientes, Colima, México, y Michoacán.
“Esta misma encuesta también arrojó que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios, mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les informó sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión”, planteó el medio de comunicación internacional.
“Además, en el 68% de los casos las autoridades no mostraron su placa”, puntualizó.
“Este análisis finalmente arrojó que el 43,9% de las personas privadas de su libertad pudieron haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en algún delito, y sin embargo el 10,4% no ha podido comprobar su inocencia”, según los datos de la encuesta citados por Noticias ONU.
También informó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) actualizó, en 2015, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
Al respecto, indicó que “éstas contienen directrices importantes en la gestión penitenciaria, incluyendo una prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos, así como claras restricciones en el uso del confinamiento solitario y registros intrusivos”.
Citada en la nota informativa, Erreguerena, codirectora de la organización no gubernamental EQUIS Justicia para las Mujeres, denunció que, “por nuestra parte, en la parte cualitativa, entrevistamos a mujeres de (el estado de) Oaxaca y de la Ciudad de México, y, a todas las personas que entrevisté que habían sido detenidas por delitos contra la salud, todas habían sido torturadas sexualmente”.
“No había ninguna que no declarara que no lo había sido”, reafirmó.
También informó que, “entre 2016 y 2018, vimos un incremento (…) del 103% de mujeres privadas por delitos contra de la salud”.
“Y sigue siendo el delito con mayor población penitenciaria, representando el 43%”, puntualizó, a continuación, para agregar: “y nos hicimos la pregunta ¿Por qué?”.
“Al ver los censos, la respuesta fue que la mayoría de las mujeres tenían características similares: eran privadas de libertad por posesión para uso de comercio, esto quiere decir que poseían un poco más de la cantidad que se permite y creen que es con fines de comercio”, comenzó a analizar.
“También, la mayoría son mujeres en situación de vulnerabilidad, o que son incriminadas en algún delito”, dijo.
Asimismo, “nosotras nos dimos cuenta de que no había organizaciones que trabajaran con mujeres privadas de su libertad”, narró.
En el análisis de Equis, se determinó, igualmente, “que estas mujeres son primodelincuentes, es decir que es la primera vez que delinquen”, indicó la defensora.
“Además, fueron detenidas sólo por ese delito, y no por otro”, aparte de que “ni estaban en posesión de armas”, agregó.
Erreguerena, aseguró, asimismo, que “se ha detectado que las principales dificultades con las que se enfrentan las mujeres (encarceladas) son volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral, y su salud mental”.
Sin embargo, “por lo general, no cuentan con los recursos económicos para atenderse o simplemente no tienen las fuerzas”, planteó.
En ese sentido, reflexionó que “se necesitan buenos planes, y crear políticas públicas, para que las personas puedan reiniciar su vida”.
