Además del daño social y económico que ha causado a nivel mundial, la pandemia mundial del nuevo coronavirus ha agudizado, en El Salvador, la discriminación contra las mujeres trans, sector poblacional que, en general, es particularmente estigmatizado y excluido.
A las habituales situaciones de abuso policial, extorsión por parte de “maras” (pandillas), la emergencia sanitaria está presentado para la población trans, en el caso del país centroamericano, problemas en materia de salud y de economía personal.
Ello, en particular para las trabajadoras sexuales, quienes han visto obstruido el desempeño de su labor, particularmente a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, como parte de las medidas para tratar de contener el virus.
Al exponer la situación en un artículo de opinión difundido por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), dos expertas de la entidad señalaron que, no obstante el discriminatorio contexto, las activistas de los derechos de las mujeres trans mantienen el trabajo de las organizaciones a las que pertenecen.
“Cuando se es mujer trans y activista en un país con uno de los índices de homicidio más altos del mundo, se sufre violencia a manos de la policía y se es víctima de extorsiones astronómicas de las maras locales a diario, el peligro adquiere un significado totalmente nuevo”, escribieron Astrid Valencia y Josefina Salomón, las investigadoras de AI.
Valencia y Salomón hicieron así referencia al hecho de que El Salvador integra, junto con Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte de Centroamérica, considerado como una de las regiones más violentas a nivel mundial.
“Ha habido problemas de salud, en particular para muchas mujeres trans que se automedican con hormonas y otras personas que llevan muchos años sin acceso a la debida atención médica”, agregaron, en el texto que titularon “Para muchas mujeres trans, vivir en El Salvador es una condena a muerte. El coronavirus lo empeora aún más”.
“Y también preocupaciones económicas, en particular para las numerosas trabajadoras sexuales que no han podido ganarse la vida debido al confinamiento”, precisaron.
Al citar a Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis Trans), organización dedicada a ayudar a mujeres trans quienes son víctimas de violencia y están en situación de desplazamiento dentro del país, las autoras indicaron que, no obstante el difícil contexto nacional, “el activismo no se detiene”, y que esta líder, en particular, “no se amedrenta fácilmente”.
Cuando la pandemia llegó, en marzo, a El Salvador -lo mismo que a los demás países centroamericanos-, “Bianka supo en seguida que las cosas empeorarían, en particular para muchas de las mujeres trans con que las que trabaja diariamente”.
En ese sentido, Rodríguez relató que, “al principio creíamos que (el coronavirus) no iba a venir aquí”.
“Pero cuando desde el gobierno dijeron que iban a tomar medidas, nos llenó de terror porque nos dimos cuenta que la población trans está mucho más expuesta”, agregó.
La activista hizo así alusión a una serie de decretos gubernamentales, firmados por Bukele, a raíz de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia.
El primero, emitido el 11 de marzo, implicó el cierre de fronteras -para aislar al país-, y de los centros educativos, además de una cuarentena inicialmente selectiva -para sectores poblacionales más vulnerables, tales como personas con alguna enfermedad crónica, embarazadas, y personas mayores de 60 años.
Además, el Ministerio de Hacienda puso en vigencia, el 18 del mismo mes, una norma mediante la cual la población estaba autorizada a omitir -durante tres meses- el pago de servicios públicos incluidos los de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, Internet y televisión por cable, además de préstamos.
Por otra parte, para el final de marzo, estaba en vigencia la cuarentena obligatoria a nivel nacional, autorizando, a las personas, a salir de sus respectivos lugares de residencia solamente para actividades esenciales, incluida la adquirió de alimentos y medicinas.
“Cuando las autoridades abrieron centros de cuarentena, aparecieron en seguida decenas de denuncias de abusos”, denunciaron las autoras, quienes indicaron, en el caso de Rodríguez, que la activista “trazó rápidamente un plan de emergencia para apoyar a las personas más vulnerables”, porque “sabía que el impacto de las medidas duraría mucho tiempo”.
“Su equipo y otras organizaciones locales evaluaron las posibilidades de que la pandemia y la respuesta del gobierno (…) afectaran a las personas Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales) en toda la nación”, indicaron.
La activista denunció aspectos discriminatorios de las acciones del gobierno de Bukele en la atención de la emergencia sanitaria.
“Las medidas del gobierno, incluyendo de apoyo económico para mitigar el impacto de la crisis, no tuvieron un enfoque diferenciado a personas que tienen situaciones particulares de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres, poblaciones Lgbti, personas con discapacidad, pueblos originarios”, de modo que “quedaron fuera”, indicó.
En ese sentido, las articulistas citaron, a manera de ejemplo, datos proporcionados por personal de Comcavis, según los cuales, ninguna de las 138 personas trans y activistas con las que la organización trabaja, a nivel nacional, ha tenido acceso al subsidio de 300 dólares ofrecido a personas quienes quedaron desempleadas.
En materia de exclusión, también citada en el extenso artículo, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans), que defiende los derechos de esa población en El Salvador, denunció discriminación en servicios de salud.
Las mujeres trans encontraron “obstáculos para acceder a servicios médicos esenciales, pues todos los recursos se destinaron a la pandemia”, dijo, para agregar que “la situación definitivamente ha empeorado”.
En materia de las economías personales, la cuarentena significó un golpe particularmente severo, ya que numerosas personas trans perdieron sus ingresos, incluidos recursos generados en el sector laboral informal, explicó Rodríguez.
“El mensaje es ‘quédate en casa’, pero ese quédate en casa no significa lo mismo para una persona gay, para una persona lesbiana, para una persona trans”, porque para muchas de estas personas “ese es el primer lugar donde se te violentan los derechos, donde se te violenta física, emocional y psicológicamente”, precisó.
Y agregó que, en el contexto de discriminación, “en la práctica, muchas medidas no aplican para la población Lgbti”, porque, “aunque lo visibilizamos, no nos ponen atención”.
Las articulistas citaron datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la OMS, de acuerdo con los cuales, en El Salvador, la esperanza de vida de una mujer trans es de sólo 33 años, menos de la mitad de los 74 años de esperanza de vida de la población en general.
En esa materia, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara, se refirió a los crímenes de odio contra la población sexualmente diversa salvadoreña.
“La falta de datos oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad de género demuestra que las autoridades de El Salvador llevan muchos años sin prestar atención a la violencia que afecta a las personas Lgbti”, dijo Guevara, y agregó que “el presidente Bukele tuvo la oportunidad de cambiar esta situación, pero optó por mirar para otro lado”.
