Puerto Rico se encuentra en estado de emergencia nacional, debido a los elevados índices de violencia de género que afectan a la isla caribeña, según lo decretado por el gobernador Pedro Pierluisi.
Se trata de la Orden Ejecutiva OE-2021-013, anunciada el 24 de enero y firmada un día después por el jerarca gubernamental, “declarando un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico”.
De acuerdo con lo señalado el fin de semana pasado por la agencia informativa Europa Press, “cifras oficiales de Puerto Rico indican que la isla cerró el 2020 con 6.170 incidentes de violencia de género reportados y ocho mujeres asesinadas”, pero “según el (no gubernamental) Observatorio de Equidad de Género, solo el año pasado 60 mujeres fueron asesinadas si se consideran los crímenes bajo investigación, los que están pendiente de autopsias y los transfemisidios”.
En ese sentido, medios de comunicación nacionales informaron que, la tercera semana de enero, ocurrió lo que describieron como el primer femicidio de este año, cuando la enfermera Angie Noemí Gonzáles Santos, de 29 años, fue asesinada por su marido, Roberto Félix Rodríguez.
El decreto gubernamental de Pierluisi establece, una serie de medidas y mecanismos para hacer frente a esa crisis social, lo que incluye la creación de un comité multisectorial de prevención y rescate, la designación de un funcionario encargado dar permanente monitoreo al cumplimiento de las disposiciones, un programa de seguridad para víctimas.
Líderes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reaccionaron expresando aprobación, en principio, respecto a la iniciativa gubernamental, y señalando que estudiarán el contenido del decreto.
En la primera de las 19 secciones (artículos) resolutivas contenidas -junto con 22 puntos explicativos- en las 12 páginas de la OE, Pierluisi indicó que “decreto un estado de emergencia en Puerto Rico debido al alza de los casos de violencia de género y ordeno establecer medidas dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta en nuestra sociedad”.
En la siguiente, planteó que “se mantiene como un servicio prioritario del gobierno de Puerto Rico el establecer y ejecutar programas de protección, prevención y orientación, así como protocolos de acceso ala vivienda, a servicios de salud, educación y trabajo, en aras de prevenir y erradicar las violencia de género”.
En ese sentido, uno de los aspectos centrales de la OE, se refiere a la creación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité Pare).
El cometido principal del comité consiste en la recomendación, mediante un Comité Asesor del Gobernador -instancia también a crearse-, de medidas y políticas para el cumplimento del decreto.
Entre las entidades gubernamentales, no gubernamentales, y del sector privado, integrantes del Comité Pare, figuran ,la Oficina de la Procuradora de la Mujer, los departamentos de Educación, la Familia, Justicia, Salud, Vivienda, además de representantes de la academia, los medios de comunicación, y las organizaciones puertorriqueñas de lucha contra la violencia de género y de servicios a víctimas.
Las 19 facultades y las funciones establecidas para el Comité Pare incluyen “establecer procesos expeditos para el manejo de casos de violencia de género en los que se garanticen los derechos de todas las partes y se procure la seguridad de las víctimas”.
Además, “promover acuerdos interagenciales y con organizaciones sin fines de lucro y el sector privado dirigidos a establecer campañas educativas con el propósito de prevenir y combatir la violencia de género”.
Igualmente, “proveer mecanismos para establecer estadísticas confiables sobre la incidencia y el manejo de casos de violencia de género, siempre garantizando la seguridad de las víctimas”, además de “establecer y recomendar iniciativas de rehabilitación dirigidas a romper el ciclo de violencia de género en todas sus manifestaciones”.
Asimismo, diseñar “una campaña mediática educativa”, en coordinación con el sector privado, acción que “debe incluir afiches con información de servicios disponibles para las víctimas de violencia de género a ser distribuidos y desplegados en toda oficina de gobierno, y hacer acercamientos al sector privado para aumentar la exposición de los mismos”.
Por otra parte, en uno de los puntos explicativos de la OE, se indicó que “nuestra administración está comprometida con combatir la pobreza, que es un factor que incuestionablemente incide sobre la posibilidad de una persona de salir de situaciones de dependencia, desigualdad, discrimen y violencia de género”.
Al anunciar, el 24 de enero, la iniciativa, Pierluisi subrayó la urgente necesidad de enfrentar la agresión hacia las mujeres en esta isla de poco más de 3.1 millones de habitantes.
“Es mi deber y compromiso, como gobernador, establecer un PARE a la violencia de género, y, ante estos fines, es que he declarado un estado de emergencia”, expresó, en alusión a la necesidad de frenar el problema, y en referencia al Comité Pare.
“Por demasiado tiempo, víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la falta de equidad, discriminación, la falta de educación, la falta de orientación, y, sobre todo, la falta de acción”.
Activistas puertorriqueñas de los derechos de las mujeres expresaron, al diario local El Nuevo Día (Endi), satisfacción por la OE, cuya materialización ven como un ,ogro considerable en la lucha que libra contra la violencia de género.
“Para nosotras es, también, abrir camino en la dirección correcta, reconociendo que existe la violencia de género, que es diferente a otros tipo de violencia, que tiene causas particulares, y que el gobierno tiene una responsabilidad, y eso está así expresado en la orden ejecutiva”, dijo Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Por su parte, Vilmarie Rivera, directora ejecutiva de la Red de Albergues, relató que la dirigencia de esa organización se reunió, el 22 de enero, con Pierluisi, con el objeto de formularle algunas recomendaciones respecto al problema.
Si bien la OE no incluyó el reclamo de que todos los asesinatos de mujeres sean tipificados como femicidios, “es importante que en todas las estructuras gubernamentales se utilice el término correcto”, dijo Rivera, quien destacó favorablemente el componente del Comité Pare.
“La declaración de un estado de emergencia es algo que hemos estado luchando (…) y que entrara el gobernador y, dentro de su primer mes, haya realizado este acto es, ciertamente, un triunfo”, reflexionó.
Pierluisi asumió, el 2 de enero, el cargo, en reemplazo de Wanda Vázquez, tras haber ganado la votación llevada a cabo el 3 de noviembre.
Su antecesora emitió, el 26 de octubre, una Orden Ejecutiva mediante la cual declaró prioritario el combate a las agresiones de género.
La OE 2020-078, consistente en 11 puntos explicativos y 17 secciones, contenidos en nueve páginas, tuvo el propósito de “declarar servicios prioritarios la lucha contra la violencia a las mujeres en Puerto Rico”, de acuerdo con lo indicado en su título.
La iniciativa previó, entre otras acciones, su difusión mediante campañas de sensibilización en medios de comunicación, principalmente radioemisoras -incluida WIPR, la estación oficial-.
Además, estableció que “se declaran deberes prioritarios del Gobierno de Puerto Rico, establecer y ejecutar programas de prevención, orientación, establecer protocolos de acceso a la vivienda, a los servicios de salud, educación y trabajo para las mujeres de manera que se brinden las mejores oportunidades y alternativas para salir de los patrones y ciclos de violencia”.
Respecto a la OE dada a conocer por Pierluisi, la activista Vilma González, integrante de la Coordinadora Paz para la Mujer, calificó, igualmente, de logro, “el que se haya incluido la necesidad de combatir la pobreza como uno de los mecanismos para romper con el ciclo de violencia de género”.
