La imposición de anticonceptivos, las esterilizaciones sin consentimiento, las restricciones a la atención reproductiva y el maltrato obstétrico afectan a los derechos fundamentales de las mujeres. Organismos internacionales advierten de que la autonomía corporal exige decisiones libres e informadas y servicios sanitarios capaces de respetarlas.
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Una mujer puede recibir atención médica, tener acceso a anticonceptivos y acudir regularmente a los servicios sanitarios sin disponer de plena autonomía sobre sus decisiones reproductivas. La posibilidad de elegir cuándo tener hijos, cuántos tener o si desea tenerlos depende también de que nadie imponga esas decisiones mediante amenazas, presiones familiares o procedimientos médicos realizados sin consentimiento.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dedicó su informe Estado de la Población Mundial 2025 a examinar los obstáculos que impiden a las personas cumplir sus aspiraciones reproductivas. En una encuesta realizada en 14 países, cerca del 20 % de las personas adultas en edad reproductiva consideró que no podría tener el número de hijos que deseaba. El estudio identificó dificultades económicas, incertidumbre sobre el futuro y limitaciones para decidir el momento de formar una familia.
Los resultados muestran que la autonomía reproductiva comprende tanto la posibilidad de evitar embarazos no deseados como la de tener hijos cuando se desea. La encuesta, sin embargo, no constituye una estimación representativa de toda América Latina y sus resultados deben interpretarse dentro de los países y poblaciones estudiados.
La coerción reproductiva puede ejercerse dentro de una relación de pareja. Impedir el uso de anticonceptivos, sabotear un método de protección, amenazar a una mujer para que continúe un embarazo o presionarla para interrumpirlo son conductas que interfieren en sus decisiones. La dependencia económica y el temor a sufrir agresiones pueden dificultar que estas situaciones se comuniquen a los servicios sanitarios.
También existen antecedentes de intervenciones reproductivas impuestas por instituciones públicas. La esterilización practicada sin consentimiento libre e informado constituye una vulneración grave de derechos. La recomendación general número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce que determinadas violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, incluidas la esterilización y el aborto forzados, pueden constituir formas de violencia por razón de género.
El consentimiento informado exige que la paciente reciba información comprensible sobre el procedimiento, sus riesgos, beneficios y alternativas, y que pueda aceptar o rechazar la intervención sin amenazas ni presiones indebidas. Una firma obtenida sin esas condiciones no garantiza por sí misma que la decisión haya sido libre.
La atención durante el embarazo y el parto representa otro ámbito en el que pueden producirse vulneraciones. En 2019, una investigación respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) observó la atención a 2.016 mujeres en centros sanitarios de Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria. El estudio identificó 838 casos de abuso físico o verbal, estigmatización o discriminación. También documentó procedimientos realizados sin consentimiento, entre ellos cesáreas, episiotomías y exploraciones vaginales.
Estos resultados corresponden a los cuatro países estudiados y no describen la prevalencia del maltrato obstétrico en América Latina. Permiten, sin embargo, reconocer prácticas que requieren vigilancia en los sistemas sanitarios y muestran que la calidad de la atención debe evaluarse también desde la experiencia y los derechos de las pacientes.
En agosto de 2025, la OMS y otras organizaciones internacionales publicaron un compendio para promover la atención materna y neonatal respetuosa. El documento recomienda reforzar la información proporcionada a las pacientes, prevenir los procedimientos no consentidos y establecer condiciones institucionales que protejan la dignidad, la privacidad y la participación de las mujeres en las decisiones médicas.
Las diferencias de poder entre profesionales sanitarios y pacientes pueden agravarse cuando existen barreras de idioma, discapacidad, pobreza o discriminación étnica. En esos casos, garantizar el consentimiento requiere adaptar la información y ofrecer apoyos que permitan comprender las alternativas disponibles. La urgencia de una intervención médica tampoco autoriza a prescindir indiscriminadamente de las garantías de atención y consentimiento previstas en las normas aplicables.
El acceso al aborto constituye otra dimensión de los derechos reproductivos. En América Latina, las condiciones legales varían considerablemente entre países y, en algunos casos, entre jurisdicciones de un mismo Estado. La existencia de una causa legal tampoco garantiza por sí sola que una mujer pueda recibir atención oportuna. Los obstáculos administrativos, la falta de servicios y el desconocimiento de los procedimientos pueden dificultar el acceso efectivo.
La OMS actualizó en 2025 sus directrices sobre la atención al aborto. El documento reúne recomendaciones clínicas y de prestación de servicios basadas en evidencia, y reconoce que los contextos jurídicos y regulatorios son diferentes. Su propósito es orientar una atención sanitaria de calidad, incluida la información adecuada, el respeto a las decisiones de las pacientes y la gestión segura de las complicaciones.
Las obligaciones de los Estados comprenden prevenir la coerción reproductiva, investigar las intervenciones realizadas sin consentimiento y garantizar mecanismos de reclamación accesibles. También requieren formación del personal sanitario y sistemas de atención capaces de responder a las necesidades de mujeres de distintas edades y condiciones sociales.
La autonomía corporal se ejerce mediante decisiones concretas: aceptar o rechazar un método anticonceptivo, recibir información antes de una intervención, decidir sobre la maternidad dentro del marco jurídico aplicable y obtener atención sanitaria sin maltrato. Cuando esas decisiones las imponen la pareja, la familia o una institución, el problema trasciende la atención médica y compromete derechos fundamentales de las mujeres.
Referencias
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2017). Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19 (CEDAW/C/GC/35). Naciones Unidas. https://digitallibrary.un.org/record/1305057?ln=es
Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2025). Estado de la población mundial 2025. La verdadera crisis de fecundidad: La búsqueda de la autonomía reproductiva en un mundo en transformación. https://www.unfpa.org/es/swp2025
Organización Mundial de la Salud. (2019, 9 de octubre). New evidence shows significant mistreatment of women during childbirth. https://www.who.int/news/item/09-10-2019-mistreatment-of-women-during-childbirth
Organización Mundial de la Salud. (2025). Abortion care guideline (2.ª ed.). https://www.who.int/publications/i/item/9789240104204
Organización Mundial de la Salud. (2025). Compendium on respectful maternal and newborn care. https://www.who.int/publications/i/item/9789240110939
