El 80% de las personas desplazadas por desastres relacionados con el clima en el mundo son mujeres, una proporción que organismos de las Naciones Unidas documentan desde hace años, sin que ese dato haya cambiado el diseño de las políticas migratorias de la región.
Las sequías cada vez más agudas en distintos países de la región han provocado desplazamientos que socavan la seguridad alimentaria de comunidades enteras y dejan a las mujeres particularmente expuestas a la explotación, un patrón que Naciones Unidas documentó primero en el Cuerno de África y que investigadoras latinoamericanas identifican hoy también en corredores migratorios de Centroamérica.
Una revisión sistemática publicada este año en la Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias examinó la relación entre el cambio climático, la migración forzada y la desigualdad de género en ciudades intermedias de América Latina y encontró que las mujeres migrantes climáticas enfrentan de forma desproporcionada violencia de género, trata de personas y explotación laboral en los países que las reciben.
El mismo estudio advierte que, pese al papel central que las mujeres desempeñan en los procesos de adaptación y resiliencia de sus comunidades de origen, quienes finalmente migran topan en el país receptor con barreras estructurales adicionales, discriminación laboral y una sobrecarga de responsabilidades de cuidado que se suma a la que ya cargaban antes de salir de su territorio.
Immaculata Casimero, activista indígena de la nación Wapichan en Guyana, ha visto ese ciclo repetirse en su propia comunidad, donde lluvias inesperadas destruyeron hectáreas enteras de cultivos de yuca, la principal fuente de ingresos de las familias, un episodio tras el cual dijo a Naciones Unidas que las mujeres pueden liderar mejor porque ya lideran en sus hogares, y que derribar el patriarcado que aún domina los espacios formales de decisión sigue siendo la tarea pendiente.
Un tercio del empleo femenino a nivel global corresponde al sector agrícola, pero las mujeres representan apenas el 12,6% de los propietarios de tierras en el mundo, según el UNDP Climate Promise, una desproporción que explica por qué, cuando el clima destruye una cosecha, ellas son quienes pierden el sustento sin contar, en la mayoría de los casos, con un título de propiedad que respalde una compensación o un crédito de recuperación.
Ese desplazamiento no siempre cruza una frontera internacional; buena parte de la migración climática en la región ocurre dentro del propio país, de zonas rurales a ciudades intermedias, un movimiento interno que las estadísticas migratorias tradicionales rara vez capturan porque no exige visa ni registro consular, aunque implica los mismos riesgos de explotación laboral y violencia que documenta la revisión sistemática publicada este año.
Investigaciones citadas por el mismo organismo calculan que, si todas las mujeres dedicadas a la agricultura en pequeña escala tuvieran el mismo acceso a recursos y servicios agrícolas, el rendimiento de sus explotaciones aumentaría entre 20% y 30%, entre 100 y 150 millones de personas dejarían de padecer hambre, y las emisiones de dióxido de carbono podrían reducirse en 2,1 gigatoneladas para 2050 gracias a mejores prácticas de manejo de la tierra.
Ese cálculo circula desde hace años entre organismos multilaterales, pero ningún país de la región ha convertido todavía el acceso equitativo a la tierra en una condición explícita para acceder a fondos internacionales de adaptación climática, el mismo vacío que deja a las mujeres desplazadas por el clima al llegar a un país receptor sin activos que negociar y sin la protección legal que sí tendría un propietario reconocido. Casimero cierra su reflexión con una idea que resume el fondo del problema: toda la humanidad depende de que las mujeres sigan sosteniendo esos hogares y esas cosechas, aunque el reconocimiento formal de ese trabajo casi siempre llega después del daño.
Referencias
Noticias ONU. (2021, 12 de noviembre). COP26: Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático. https://news.un.org/es/story/2021/11/1499772
