En los últimos 15 años, en Estados Unidos se han reportado unos 1.300 casos de mujeres que han estado encarceladas o han sido detenidas y procesadas por algún ‘delito’ asociado a su gestación
Casi medio siglo después, una nueva mayoría -ultraconservadora, 6 a 3- echó atrás la histórica sentencia, Roe v. Wade, por lo que dirigentes de esas organizaciones pronostica que la situación se tornará aún más adversa para las mujeres quienes, sin perjuicio de la causa, aborten.
De acuerdo con datos de diferentes organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las víctimas de tal legislación suman, en el país norteamericano, centenares.
Citadas en un artículo que, sobre el tema, la emisora British Broadcasting Corporation (BBC) difundió el 30 de junio, varias líderes conduraron la legislación vigente en un alto número de estados, y expresaron preocupación por el contexto drásticamente cambiado por el reciente fallo de la actual mayoría -extremadamente conservadora- de la Scotus.
Al mencionar datos de National Advocates of Pregnant Women (Defensores Nacionales de Mujeres Embarazadas, Napw) -una oenegé de defensa legal de género-, la emisora británica señaló que “más de 1,700 mujeres han estado encarceladas o han sido detenidas y procesadas por algún ‘delito’ asociado a su gestación desde 1973, cuando se legalizó el aborto en el país”.
También indicó que, “el año pasado, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal de EE.UU. publicó un reporte en el que señalaba que la prohibición del aborto en numerosos estados podría llevar a una «sobrecriminalización» y a «encarcelaciones masivas» en gran parte del país, no solo de mujeres, sino de cualquier persona que asista, aconseje u ofrezca una interrupción del embarazo”.
La BBC hizo, así, alusión a la National Association of Criminal Defense Lawyers (Asociación nacional de Abogados defensores Criminalistas, Nacdl), organización que, fundada en 1958, entre otros principios, promueve la adecuada e imparcial administración de la justicia.
También señaló que, “según datos del Instituto Guttmacher, las mujeres en EE.UU. pueden ser penalizadas por uso de sustancias no permitidas durante su gestación en 23 estados y, en más de la mitad del país, los profesionales de la salud deben denunciar a las embarazadas sospechosas de consumir drogas por considerarlo ‘abuso infantil’”.
El instituto es una entidad no gubernamental estadounidense, que define su misión como de liderazgo, a nivel mundial, en materia de compromiso en la promoción de la salud sexual y reproductiva, y los derechos en ese campo.
En cuanto a la política represiva de género imperante en la mayoría de los estados del país norteamericano -específicamente con respecto al aborto-, Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José, en el occidental y costero estado de California, abordó, en diálogo a la BBC, la situación en materia de detenciones.
“En Estados Unidos, hay -literalmente- cientos de mujeres que han sido arrestadas, y acusadas de crímenes contra sus fetos”, denunció la especialista.
De modo que “no es algo que pase sólo en Centroamérica”, precisó.
También citada por el medio de comunicación europeo, la directora interina de
Napw, Dana Sussman, informó que, de acuerdo con datos reunidos por esa oenegé, durante las casi tres décadas comprendidas en el período 1973-2000 alrededor de 400 mujeres fueron procesadas penalmente. Sussman agregó que, desde 2000, los casos se han duplicado.
“En los últimos 15 años, se han reportado, según los datos más recientes que tenemos, unos 1.300 casos”, puntualizó.
“Hemos trabajado en casos en los que las mujeres no han usado el cinturón de seguridad, y, supuestamente han conducido de manera imprudente causando daño a su feto”, o “se caen de escaleras, pierden la barriga y van presas”, señaló, como ejemplo de la arbitrariedad implícita en las leyes antiaborto de diferentes estados.
También denunció “un caso de una mujer que estaba en una pelea y recibió un disparo en el estómago, y fue acusada de homicidio involuntario, por exponerse ‘a una situación peligrosa’”.
Sussman precisó, asimismo, que el ultraconservador movimiento antiabortista estadounidense ha sido exitoso, a lo largo de décadas, en cuanto a imponer “un concepto legal (…) un tipo de concepto cultural reconocido por la sociedad”, lo que implica que, en aproximada 38 de los 50 estados, la legislación tipifica el delito de “agresión fetal”.
“Esto muestra que las posiciones hacia la criminalización del embarazo se han radicalizado notablemente, en este lapso, en Estados Unidos”, aseguró.
“De ahí, nuestra preocupación de lo que pueda pasar a partir de ahora”, explicó, en alusión al reciente fallo antiaborto por la mayoría ultraconservadora en el máximo tribunal estadounidense.
“Si con Roe v. Wade vimos este número extraordinariamente alto de casos de mujeres incriminadas por sus embarazos, lo que esperamos es que esto se multiplique, y que se aprueben leyes cada vez más restrictivas, para criminalizar a las mujeres embarazadas”, advirtió, a manera de vaticinio.
En opinión de la experta, se trata de “una hoja ruta de lo que podemos esperar, a partir de ahora”.
En el fallo sin precedente del 22 de enero de 1973, la Scotus determinó, en votación 7-2, que la cláusula de la 14 Enmienda constitucional referida al debido proceso establece el derecho a la privacidad, lo que protege el derecho al aborto.
Sin embargo, en un voto dividido 6-3, la mayoría conservadora de la corte decidió, 49 años después, anular el fallo de sus predecesores, planteando, como base para su controversial sentencia, que el derecho constitucional a la interrupción del embarazo no existe, de modo que, cada uno de los cincuenta estados debe determinar si, en su específica jurisdicción, será reconocido -esto, en el caso de que el Congreso no intervenga-.
En inmediata reacción a ese fallo, la directora nacional interina de Programas, Incidencia y Asuntos Gubernamentales de Amnistía Internacional (AI) en Estados Unidos, Tarah Demant, planteó que se trata de una consecuencia de la acción, sostenida a lo largo de años, por sectores conservadores estadounidenses, contra la interrupción del embarazo.
“Es el resultado de varias décadas de una campaña dirigida a controlar los cuerpos de mujeres, niñas, y demás personas susceptibles de quedarse embarazadas”, precisó, en un comunicado de la organización defensora de los derechos humanos.
También, “prepara el terreno para la adopción de una legislación estatal sin precedente, para penalizar el aborto, así como otros proyectos de ley dirigidos a despojar de sus derechos humanos a la población de Estados Unidos”, continuó denunciando.
La activista estadounidense agregó que algunos de esos casos “afectarían al control de la natalidad, el género, y el matrimonio igualitario, así como a otra legislación contra la discriminación”.
Foto: Emma Guliani
