“Valoraremos los alcances jurídicos de todas aquellas alusiones político electorales que menoscaben la dignidad y el honor de las Juezas de la República”.

La Asociación Costarricense de Juezas es una organización creada para promover la recta administración de justicia, discutir desde el punto de vista legal, educacional, social y ético los problemas encontrados por las juezas en el desempeño de sus funciones y formular soluciones. Por lo anterior, es congruente con la misión de este grupo colegiado expresar su apoyo o rechazo hacia acciones, hechos y comentarios que consideren va en detrimento de su profesión y género.

Este grupo ha reaccionado con prudencia al video en que el candidato a Presidente de la República de Costa Rica por el Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro, afirma “…oí a compañeras mías de facultad… y compañeras que lloraron contándome que tenían que hacerle el sexo oral a un presidente de la Corte para que las ascendieran de puesto, y no fue ayer, fue hace más de 20 años».

En comunicado de prensa manifestaron lo siguiente:

“Conforme a las disposiciones normativas contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Electoral, las personas que administramos justicia en Costa Rica, tenemos impedimento legal para participar e inmiscuirnos en asuntos de política electoral.

La Asociación que representamos, tiene absoluta claridad de que las luchas reivindicativas de los derechos de las mujeres deben ser encabezadas y ejecutadas por las mujeres, organizaciones de derechos humanos y los movimientos feministas.

Una vez finalizado el proceso electoral que actualmente vive el país, valoraremos los alcances jurídicos de todas aquellas alusiones político electorales que menoscaben la dignidad y el honor de las Juezas de la República”.

A menos de un mes de las votaciones generales en Costa Rica, queda claro que las juezas no desean entrar en una discusión pública que de alguna manera pueda afectar la contienda hacia la Presidencia de la República, desviando la atención del problema central, que no es político, pues apunta a la desvaloración del trabajo profesional de las mujeres, que en resumen es una forma de discrimen de género.

Después de las elecciones esperamos que este prestigioso grupo, en el cumplimiento de sus objetivos procure que la judicatura sea más apropiada para reflejar el rol de la mujer en la sociedad democrática.